Hay ruido, pero también nueces. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sube a los 900 euros. Es una medida muy llamativa, que acaparará titulares, pero que en términos prácticos apenas cambia el panorama: hay que recordar que hace unos meses sindicatos y patronal ya acordaron una senda de subida paulatina del SMI incluido en los convenios (aunque en principio, sólo como recomendación para los negociadores de los diferentes ámbitos) hasta dejarlo 1.000 euros en 2020.
Hasta aquí, el ruido del SMI. Las nueces son para los cambios sustanciales en el mercado laboral. Porque más allá de la retórica ventajista sobre "recuperar salarios dignos" en un año en el que los sueldos estaban ya subiendo con fuerza en España, lo cierto es que el acuerdo PSOE – Podemos para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 (PGE-2019) ataca directamente al corazón de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012. Varios de los aspectos clave de aquella norma quedan en entredicho, a la espera de ver cómo se sustancia de forma definitiva el desarrollo del texto firmado por Sánchez e Iglesias.
En lo que tiene que ver con el SMI, el acuerdo firmado entre sindicatos y patronal ya dejaba entrever que éste es un tema con más recorrido mediático que impacto real. El porcentaje de trabajadores que cobra el SMI (o cerca del SMI) es bastante bajo. Buena parte de los empleados que cobran estos sueldos muy bajos o bien tienen contratos a tiempo parcial o bien están en alguno de los formatos de aprendizaje-formación: a estos colectivos no les afecta la subida de este indicador.
Esto no quiere decir que una subida del SMI no tenga efectos. Sus defensores dicen que servirá para impulsar al alza el conjunto de los sueldos, incrementar el consumo e, incluso, mejorar la productividad de unos empleados que ya no se sienten ahogados por unos ingresos insuficientes. Los detractores alertan sobre el efecto nocivo que puede tener para colectivos muy concretos: trabajadores en busca de su primer empleo., parados de larga duración, personal sin cualificación o inmigrantes recién llegados a España. En todos los casos hablamos de personas que tienen una inserción muy complicada en el mercado, porque no tienen experiencia o conocimientos que ofrecer. Para el empleador es un riesgo contratarlos (no tiene ninguna pista sobre cómo van a funcionar) y, además, los puestos a los que pueden acceder suelen ser mecánicos y poco especializados. Subir los costes de estos trabajadores dispara los riesgos de que terminen en el mercado negro o de que sus empresas recurran a diversos trucos-trampas (falsos autónomos, contratos a tiempo parcial que luego exigen más horas, alargar contratos de aprendizaje…). Por no hablar de un riesgo enorme que se olvida en estos casos: la automatización (cuando instalar una máquina sale más rentable que contratar un nuevo empleado).
En este punto, la CEOE ha emitido este mismo jueves un comunicado en el que critica con dureza la medida pactada en PSOE y Podemos por "cuestionar el diálogo social". En opinión de la patronal, "esta medida tendrá unos efectos negativos en la negociación colectiva cuya senda en materia de incrementos salariales estaba recogida en las recomendaciones pactadas en el IV AENC. La medida tendrá consecuencias negativas también en la contratación pública pactada con las empresas y en los convenios colectivos en vigor".
La contra-reforma
En cualquier caso, lo verdaderamente relevante del acuerdo PSOE-Podemos no es tanto la subida del SMI como lo que tiene que ver con la reforma de 2012 y con su derogación. Aquí sí hay un cambio sustancial, un nuevo modelo de mercado laboral, un marco diferente para las relaciones entre empresa y trabajador.
El texto recupera el lenguaje clásico de la izquierda para estas ocasiones: "Es urgente recuperar un modelo de sistema de relaciones laborales más equilibrado y garantista, donde el trabajo digno, de calidad y con derechos sea la premisa fundamental". No se habla de las condiciones que había antes de que esos "derechos", como los llaman, dejasen de tener efecto: hay que recordar que España había sido el país europeo con la tasa media de paro más elevada de las últimas décadas; ni siquiera en el pico de la burbuja conseguimos acercarnos a los países con mercados laborales más funcionales.
Pero nada de esto importa a Sánchez e Iglesias, que se han comprometido a "derogar, antes de finalizar 2018, los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, particularmente en materia de negociación colectiva". ¿Y qué aspectos son esos?
- Volver a la ultra-actividad sin fecha tope, diga lo que diga el convenio colectivo en vigor: "Ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, a la finalización de su vigencia". Esta es una medida que limita las negociaciones, pues una de las partes (normalmente son los sindicatos los que más han tirado de esta opción) puede bloquear las negociaciones ad infinitum mientras que la otra no se pliegue a sus condiciones
- La segunda disposición es todavía más importante, porque implicaría cargarse la posibilidad del descuelgue de los convenios de ámbito superior, uno de los elementos que todos los expertos consideran clave en la reforma de 2012: "Revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo". Es una redacción genérica, pero que claramente apunta en esa dirección.
El pacto no dice nada, en cambio, de las condiciones de despido, un punto clave de la reforma de 2012, muy criticado por sindicatos y partidos de izquierda al principio, pero que ahora parece que ha pasado a segundo plano, en parte por la recuperación económica y en parte por las sentencias de los jueces sobre las condiciones de despido objetivo (sentencias que han limitado, en muchas ocasiones de forma polémica, parte del alcance de la reforma).
Tampoco hay mención expresa a la prioridad de los convenios colectivos sectoriales sobre los de empresa. Esto resulta más extraño, porque es un punto irrenunciable tanto para PSOE como para Podemos. Aquí la explicación habría que buscarla en que parte ya estaría incluida en el apartado de los descuelgues y en parte en que en la negociación colectiva en marcha parece que ya había un acuerdo en este sentido: salvo sorpresa, sindicatos y patronal están negociando que España retroceda una década en términos legales y vuelva a los tiempos en que las empresas tenían que asumir, quisieran o no, y fueran cuáles fueran sus circunstancias, que un convenio de ámbito superior les fijase sus condiciones laborales. Éste es un modelo muy rígido al que, especialmente en el caso de las pymes, no todas las empresas pueden adaptarse.
Por último, PSOE y Podemos han pactado "iniciar en 2019, en el marco del diálogo social, los trabajos para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. A tal efecto, se constituirá un grupo de trabajo para su redacción, integrado por expertos/expertas de reconocido prestigio, del ámbito académico y profesional": es decir, se anticipan nuevos cambios en materia laboral que vendrán en parte determinados por lo que un grupo de expertos nombrados por los dos partidos de izquierda y extrema izquierda pacten en los próximos meses.
Autónomos
El último punto del acuerdo es el más equívoco. Se trata del que afecta a los autónomos, un colectivo sobre el que pocas veces se habla claro. Así, el texto firmado por PSOE y Podemos es parecido a otros que se han conocido en los últimos años sobre esta materia:
Reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja.
Como casi siempre, se habla de que los autónomos con menos ingresos paguen una cotización más baja, pero eso se une a una declaración genérica sobre "vincular" las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia a los "ingresos reales". Efectivamente, como explicábamos en Libre Mercado hace unas semanas, aquellos autónomos que tengan unos ingresos inferiores a la base mínima de cotización (932 euros al mes) pagarán algo menos que ahora; pero los que tengan ingresos superiores (más del 80%) pagarán más.
En todos estos años, cada vez que los partidos han sacado este tema, con este tipo de afirmaciones ambiguas, al final han acabado reconociendo que lo que plantean es igualar las bases y los ingresos de todos, no sólo de los que menos ganan. Habrá que esperar a la letra pequeña del Pacto PSOE-Podemos para ver en qué se concreta en esta ocasión.