El Gobierno se encuentra negociando con los sindicatos mineros un nuevo plan para reactivar las comarcas carboneras y adelantar la edad de jubilación en el sector, ya que un gran número de trabajadores perderán su puesto tras el cierra de las minas. Tal y como informa La Nueva España, el acuerdo supondrá un gasto de 1.250 millones y adelantará la edad de jubilación de los 42 a los 40 años.
El Plan de Transición Justa establece que la edad de jubilación será de 48 años de "edad química", que es "el cómputo de la edad biológica con los años trabajados en el sector y el coeficiente reductor". El otro requisito es haber trabajado al menos ocho años en la minería. De esta manera, el acuerdo podría afectar a trabajadores de apenas 40 años de edad. Cabe señalar, además, que la pensión de los mineros es el doble que la del resto de trabajadores. De hecho, estos pensionistas reciben una media de 2.111 euros mensuales, frente a los 1.062 medios del resto de jubilados.
Por otro lado, el Gobierno gastará 1.250 millones de euros en las comarcas mineras hasta 2025. La partida se repartirá entre Asturias, Aragón, Castilla y León y Puertollano, en Castilla la Mancha. La finalidad será reactivar la economía de la zona como contraprestación al cierre de las minas.
"Queremos ver cómo van a quedar redactados cada uno de los capítulos. Aunque tengamos varios puntos pactados, sólo aceptaremos una solución global. No hay ningún tipo de enfrentamiento con la otra parte. Esperamos llegar a un acuerdo definitivo. Queremos llamarle Transición Justa, pero con nuestras propias propuestas", comentaba el representante de UGT en la mesa, Víctor Fernández. Los sindicatos piden que se flexibilicen las condiciones para prejubilarse, así como las bajas incentivadas.
UGT y CCOO solicitan al Gobierno que los trabajadores que se queden fuera de las bajas anticipadas y de las prejubilaciones entren a trabajar en empresas encargadas de la restauración de las zonas afectadas por las explotaciones mineras. Este punto afectaría a los trabajadores más jóvenes del sector minero.
Un cierre inminente
En 2016, el Gobierno de España llegó a un acuerdo con la Comisión Europea por el cual el 31 de diciembre de 2018 no deberían quedar explotaciones de carbón abiertas, al menos las de interior. De hecho, el organismo europeo concedió que España destinase 2.130 millones de euros para llevar a cabo el proceso de cierre de este sector.
A cambio, el Ejecutivo se comprometió a recuperar cualquier ayuda concedida a las minas que no hayan sido cerradas en esa fecha. Esto supone que cualquier empresa minera que no cese sus actividades antes de final de este año está obligada a devolver las subvenciones concedidas. En total, según lo pactado, 26 minas de carbón deben ser cerradas antes de que concluya el presente ejercicio.