Hace diez días, el Pacto de Toledo alcanzó un acuerdo para mantener la vinculación de las pensiones al IPC. "Al IPC y nada más", como se han apresurado a recordar cada vez que alguien, llámese Octavio Granado o Nadia Calviño, ha insinuado siquiera a media voz que quizás habría que flexibilizar la fórmula.
El pasado jueves, la AIReF presentaba su informe sobre demografía. En el mismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ponía dos cifras encima de la mesa (los famosos 60 millones de habitantes en 2050, tras la llegada de 10 millones de inmigrantes) que tendrán una enorme importancia en la próxima reforma de las pensiones.
De las dos noticias hemos dado cumplida cuenta en Libre Mercado (aquí, aquí o aquí, por ejemplo), así que no me extenderé en los detalles de cada una de ellas. Lo que me interesa es la relación entre una y otra. Y el enorme riesgo que generará la mezcla de demagogia (ese IPC que se lanzará como arma arrojadiza a cualquiera que se atreva a disentir) e ignorancia (sobre las implicaciones de las previsiones de la AIReF) que caracteriza el discurso habitual de políticos y medios españoles.
Lo apuntábamos hace un año y medio, cuando José Luis Escrivá, presidente de la AIReF, acudió a la Comisión del Pacto de Toledo a presentar su primer informe sobre pensiones, que ya entonces incluía un pronóstico sobre la evolución de la población mucho más optimista que el que manejan el INE, Eurostat o la OCDE: quizás en un país normal, con un debate público de altura, este novedoso enfoque generaría una rica discusión sobre las posibilidades y oportunidades que se abrirían en ese escenario. En España, decir que lo más normal es que la población crezca entre 4 y 13 millones de aquí a 2050 será la excusa perfecta, de la que se echará mano para evitar las reformas y dar una patada a seguir (una más) en todo lo que tiene que ver con el control de las cuentas públicas.
En el debate (mínimo) sobre el IPC, los 60 millones serán un nuevo asidero al que agarrarse. Hasta ahora, lo que teníamos eran proclamas más o menos demagógicas. A partir de este momento hay una cifra y un enfoque aparentemente más científico, algo del tipo: "Si incrementamos la inmigración y la natalidad, las pensiones son sostenibles. Y la AIReF dice que seremos 60 millones en 2050".
Pero aquí se encierran dos mentiras en una. La primera está implícita. Es la que insinúa que las alternativas al IPC encerraban una especie de condena eterna para los jubilados españoles. No es verdad. La reforma del 2013, la que impulsó el PP tras el informe del grupo de expertos convocados por Fátima Báñez, aprobó dos nuevos elementos (el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones) que lo único que hacían era imponer un equilibrio financiero, matemático, contable. Sobre todo en lo que tiene que ver con el IRP, lo que se establecía es que los gastos del sistema deberían ser iguales a los ingresos.
A partir de ahí, si las previsiones más optimistas (las de la AIReF) se cumplen, pues mejor que mejor, las pensiones subirían incluso más que el IPC. Es en cierto sentido incoherente pedir (como hacen los partidos españoles) eliminar el IRP y al mismo tiempo tachar de catastrofistas a los que alertan sobre los riesgos del déficit. Si uno de verdad cree que la Seguridad Social no tiene un problema de sostenibilidad a medio plazo, no hay nada en la fórmula de 2013 que le debiera molestar.
El segundo problema con el optimismo demográfico es que no deja de ser una previsión sujeta a incertidumbre. Como las demás, dirán algunos… Y sí, es cierto, en una discusión teórica es como las demás, pero en la práctica es muy peligrosa, porque si sale mal te deja sin margen de maniobra. No es tan extraño, es lo que estamos haciendo en España con el gasto público desde hace una década: jugar siempre al filo de la navaja. Si todo sale perfecto, quizás podamos pagar las facturas. Si no, el precipicio.
Con las pensiones, ocurrirá lo mismo: si tenemos inmigración, si subimos la natalidad, si disparamos la productividad, si la tasa de empleo se acerca al nivel de la alemana o la sueca… si conseguimos todo esto, puede que el sistema se mantenga (cuidado, ni siquiera así la tasa de sustitución podrá seguir siendo tan generosa, pero no bajaría tanto como se prevé). Pero, ¿y "si" no?
La ventaja del IRP (y del Factor de Sostenibilidad para la primera pensión) es que era flexible y también funcionaba si las cosas no iban tan bien. Si tienen (tenemos) razón los pesimistas, el IPC es una bomba de relojería, que va añadiendo peso sobre una estructura que se agrieta. Es una carga pequeña año a año, pero que se acumula. Y que un día puede hacer que todo el edificio se venga abajo.
Por eso, aquella reforma de 2013, aunque incompleta (podría haber sido casi perfecta si hubiese abierto la puerta de una vez a los planes empresariales a la holandesa), era tan interesante. Por primera vez, sacaba de verdad el debate de las pensiones de la política. Como han hecho muchos otros países (por ejemplo Suecia, ése que tanto les gusta citar a nuestros políticos), unía el destino de los pensionistas al del mercado laboral. Si había más ingresos, habría pensiones más altas. Y obligaba a que las decisiones facilonas en un lado (subir las prestaciones) estuvieran equilibradas por el otro (subir los ingresos, bien con más impuestos o con más crecimiento, o recortar otras partidas de gasto). Era transparente y trataba a los ciudadanos como adultos, enfrentados a restricciones y a decisiones complicadas.
De hecho, también generaba un buen incentivo, el de presionar al Gobierno de turno para que aprobase las reformas necesarias para conseguir ese crecimiento. Porque lean la lista de "síes" de hace un par de párrafos: conseguir esa inmigración de calidad que pague cotizaciones elevadas, disparar la productividad de nuestras empresas para que los salarios sean más altos, incrementar nuestra tasa de empleo en la población en edad de trabajar… Nada de esto se logrará por arte de magia. O creamos las condiciones para que se genere ese círculo virtuoso o ya podemos olvidarnos de cualquier modelo matemático: las cuentas no salen.
Volver al IPC es volver a regateo anual, a la dádiva pre-electoral, a la demagogia del "y yo más". ¿Qué gobernante se atreverá a tocarlo? ¿Quién osará insinuar siquiera que hay que controlar el gasto en pensiones? Quizás alguno piense que con eso su pensión está asegurada, que ya recortarán de otro sitio, que los jubilados al menos sí tendrán su mensualidad protegida. Pues tampoco. Siempre pongo el mismo ejemplo: en Grecia ninguna ley decía que las pensiones perderían un 50% de poder adquisitivo en una década… y es lo que ha ocurrido (miren la foto que acompaña este artículo, de las manifestaciones de la pasada semana, para protestar por un nuevo recorte de hasta el 18% en las prestaciones). La realidad es lo que tiene: si te niegas a asumirla, si metes la cabeza en el hoyo del avestruz, quizás no la veas, pero al final, te alcanza.