El principio general es que el individuo (sea cliente o trabajador) se siente anulado ante la prepotencia de las grandes corporaciones económicas, vulgarmente, empresas. Me refiero ahora a circunstancias objetivas que a mí no me afectan. Pero me preocupa la suerte de mis compatriotas.
En octubre de 2017 Antonio San Vicente, presidente de la Asociación de Titulados Superiores de Telefónica, se dirige al presidente de la entidad, José María Álvarez Pallete, para expresarle una grave queja. Resulta que la compañía exige a sus trabajadores muchas horas extraordinarias que no paga. Además, los altos directivos suelen llamar a sus subordinados fuera del horario laboral para exigirles todo tipo de tareas urgentes. Tampoco se abona ese trabajo extra, un tanto arbitrario.
Francisco José Alonso Rodríguez y Salvador Pimentel Rojo, presidente y director respectivamente de la Liga Española Pro Derechos Humanos, recogen la queja anterior y la elevan a Joaquín Nieto Sáinz, director de la Oficina de la OIT en España. Quien les contesta que su organización (adscrita a las Naciones Unidas) "no emite pronunciamientos sobre empresas particulares". Los sindicatos españoles se llaman a andana sobre la cuestión. El líder de la oposición en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, se interesa por el asunto. Advierte que son más de nueve millones cada mes las horas extraordinarias no pagadas por las distintas empresas. Sin embargo, una vez llegado a la Moncloa, deja el problema en manos de sus edecanes.
En junio de 2018 los dirigentes de la Liga Española Pro Derechos Humanos reiteran formalmente al presidente de Telefónica la gravedad del problema. Especifican el nuevo derecho a la desconexión por parte de los trabajadores, esto es, el que les asiste para que la empresa no les pida nada fuera del horario laboral.
Ante el silencio de Telefónica, los dirigentes de la Liga se dirigen al fiscal general del Estado para que tome cartas en el asunto y se acabe con la situación del nuevo esclavismo. Calculan que las horas extraordinarias no abonadas se elevan a 11 millones cada mes.
En septiembre de 2018, Iván Redondo, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, contesta a los dirigentes de la Liga. Reconoce que el Gobierno ha aprobado un "Plan Director para un Trabajo Digno para luchar, entre otras formas de fraude laboral, contra los excesos de jornadas y las horas extraordinarias no pagadas a los trabajadores". Habrá que estar atentos a cómo se desarrollan tan plausibles propósitos.
En septiembre de 2018, el teniente fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, Guillermo García-Panasco Morales, contesta a los dirigentes de la Liga. Señala que "queda constancia en esta Fiscalía General a los efectos oportunos" de la carta enviada.
En septiembre de 2018, Javier Delgado Martínez, director de Recursos Humanos de Telefónica de España, contesta a la queja de los dirigentes de la Liga. Argumenta que la compañía lleva a cabo una política modélica de atención a los derechos de los trabajadores.
Hace unos días los dirigentes de la Liga reiteran sus quejas ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Veremos lo que contesta.
Sorprende que hasta la fecha ninguna autoridad haya ejercido acciones prácticas y urgentes para acabar con tal ominoso fraude fiscal y el correspondiente atentado contra los derechos humanos. Da la impresión de que todavía funciona la lenta burocracia del balduque que introdujo Felipe II y que reveló el famoso artículo de Larra "Vuelva usted mañana". ¿Es que en España no hay sindicatos o asociaciones empresariales que se sientan concernidos por los abusos descritos? Todo eso es también corrupción.