El gobierno de Estados Unidos parece haberse situado a la cabeza de la OCDE en reformas regulatorias. La Orden Ejecutiva 13771, firmada el pasado año por el presidente Donald Trump, introdujo la obligación de retirar dos normas por cada nueva regulación aprobada. El resultado ha sido una importante reducción de las cargas legislativas que soportan las empresas y los trabajadores del país norteamericano.
Pero sería un error pensar que la regla de oro de la desregulación instaurada mediante la Orden Ejecutiva 13771 es una creación totalmente nueva del gobierno de Donald Trump. en realidad, está inspirada en una iniciativa aprobada en 2001 en la provincia canadiense de British Columbia. Desde entonces, y durante los últimos dieciséis años, los gobiernos regionales se han visto a retirar dos leyes o normas por cada nueva regulación aprobada.
De hecho, la norma canadiense en la que se inspiró el gabinete estadounidense exige que los procesos de desregulación sean simétricos. ¿Qué quiere decir esto? En esencia, que no se pueden eliminar dos reglas de diez o veinte páginas de extensión a cambio de crear una nueva ley mucho más exhaustiva, de cien o doscientas reglas.
Otra de las novedades introducidas en el caso de British Columbia fue la de publicar informes sobre el coste, el alcance y el tamaño de las regulaciones en vigor. De esta forma, los datos son fácilmente accesibles y permiten realizar estimaciones transparentes del potencial de crecimiento derivado de simplificar o eliminar determinadas normas.
Los resultados de la agenda desregulatoria desarrollada en la provincia canadiense han sido más que notables. Durante los quince primeros años de aplicación de la regla de oro, los requisitos regulatorios han pasado de casi 350.000 a menos de 175.000, tal y como aparece reflejado en el siguiente gráfico del Mercatus Center.
El problema de la sobrerregulación está pendiente de revisión en España. Solo en materia laboral, los códigos vigentes incluyen más de 7.000 leyes, reglas y normas. Además, la falta de coordinación entre las regiones hace que territorios como Cataluña lleguen a aprobar 650.000 páginas de nuevas regulaciones en plena crisis.