Los hombres de negro del Fondo Monetario Internacional (FMI) no trabajan solo en momentos de estrés financiero. Cada semestre, el personal técnico de la organización que dirige Christine Lagarde baja al terreno y organiza visitas oficiales orientadas a conocer de forma más cercana la evolución de la economía de cada país.
A España le ha tocado completar recientemente este trámite. Se trata de la primera evaluación del FMI desde que Pedro Sánchez desalojó a Mariano Rajoy del Palacio de La Moncloa. Había, por tanto, nerviosismo por conocer la perspectiva de la institución con sede en Washington. Y, como ya aventuraron algunos observadores, el nerviosismo estaba justificado, puesto que el informe emitido por el Fondo arroja conclusiones inquietantes.
De entrada, el FMI considera que "el ciclo económico está llegando a su madurez". ¿Qué significa esto? En esencia, que la intensa recuperación y el fuerte crecimiento de los últimos años empiezan a quedar atrás, al hilo de un enfriamiento de la actividad que aparece reflejado desde hace meses en buena parte de los indicadores macro.
Peor aún, los hombres de negro que han pasado por España aprecian "varios riesgos a la baja que ensombrecen el panorama económico a medio plazo". De modo que no solo estamos enfrentando una paulatina pérdida de dinamismo, sino que incluso podemos experimentar un giro a peor en el caso de que no se resuelvan los problemas pendientes.
Vayamos a lo primero. El informe del FMI augura que el crecimiento final del presente curso caiga al 2,7%, claramente por debajo del 3,2% en el que se movía España al comienzo del ejercicio. Para 2019, la previsión es menos halagüeña y ya apunta a un aumento del PIB de apenas el 2,2%. Los factores que explican la caída son dos: "Un debilitamiento de la demanda interna" y "un entorno externo menos propicio". La economía española va a peor y los vientos de cola soplan con menos fuerza. De hecho, desde 2020, la tasa potencial de crecimiento observada por el FMI solo sería del 1%.
Más reformas y ajustes
Pasemos a lo segundo. De entrada, el informe de los técnicos del Fondo advierte sobre el excesivo peso de la deuda pública, que ronda el 100% del PIB. No hay que olvidar que Pedro Sánchez aspira a aumentar el gasto en 23.400 millones de euros, de modo que la evolución de las finanzas públicas puede ser aún peor si se confirma la senda expansiva apuntada por el gobierno socialista. Pero al problema de la deuda hay que sumarle el empleo, que sigue registrando un paro muy alto y viene de sufrir un duro correctivo en agosto, y la productividad, cuyo crecimiento no es lo suficientemente elevado.
De hecho, el FMI considera que los riesgos a la baja que se están acumulando incluyen factores externos, como la escalada del proteccionismo o el debilitamiento económico de los países emergentes, pero también domésticos, como las presiones para derogar las reformas o el cambio de rumbo en el manejo fiscal. Ante esta situación, la institución que dirige Christine Lagarde pide "medidas estructurales para reducir la deuda y el déficit","aprobar unos Presupuestos para 2019 que cumplan con los objetivos de déficit" y asegurar que las medidas sociales "vayan de la mano de la reducción de los desequilibrios presupuestarios".
Asimismo, el FMI señala que es peligroso volver a vincular el aumento de las pensiones al IPC sin aplicar medidas estructurales que permitan absorber plenamente el aumento del gasto, porque, de lo contrario, no podrá evitarse una pérdida del poder adquisitivo y se pondrá en riesgo la viabilidad del sistema.
Los hombres de negro también advierten contra las subidas de impuestos ("es esencial diseñar cuidadosamente las medidas tributarias para limitar distorsiones y repercusiones sobre el crecimiento"), y piden el mantenimiento de la reforma laboral ("la mayor flexibilidad ha sustentado la recuperación económica, con abundante creación de empleo, de modo que es crucial preservar la reforma y, en particular, la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales").
Y, por último, el documento también incluye una recomendación sobre integración regulatoria y la necesaria unidad de mercado. "La agenda de reformas estructurales requiere un nuevo impulso. Las perspectivas de crecimiento a medio plazo saldrían beneficiadas si se realizasen esfuerzos para reducir la fragmentación regulatoria entre los tres niveles de las administraciones públicas, para mejorar el acceso a los mercados y la competencia (en particular en el caso de los servicios profesionales) y para reducir las barreras al crecimiento empresarial", concluye el Fondo.