El partido laborista inglés, liderado por James Corbyn, acaba de lanzar una propuesta que puede ser todo un riesgo para la economía británica y provocar una fuga de empresas hacia ciudades como Nueva York u otras metrópolis financieras mundiales. La propuesta consiste en que las compañías con más de 250 empleados deben repartir el 10% de las acciones entre sus trabajadores, de manera gradual durante una década.
Según los cálculos laboristas esto significaría un aumento salarial de unas 500 libras anuales para 10,7 millones de empleados que ocupan puestos en estas compañías. Las principales asociaciones empresariales han tachado el plan de "draconiano", pero los sindicatos lo ven como un estímulo y una buena propuesta. John McDonnell, canciller en la sombra -en Inglaterra cada cargo tiene un opositor directo-, ha detallado en la Conferencia de Trabajo celebrada en Liverpool los beneficios de esta propuesta. McDonnell asegura que esta medida mejorará la productividad de millones de trabajadores.
En la práctica, cada empresa con más de 250 trabajadores tendría que establecer un "Fondo de Propiedad Inclusiva" en el que se concentre el 10% del capital de la empresa. Cada año se sumará un 1% hasta llegar al 10% de tope. Los trabajadores no podrían comprar o vender las acciones que le correspondan, pero se beneficiarían de los dividendos, hasta un máximo de 500 libras anuales por trabajador. Además, se formaría un consejo formado por los trabajadores que tendrían derecho a voto como accionistas.
Detrás de la propuesta se esconde el siguiente condicionante: "Cuando el reparto de dividendos supere las 500 libras por cabeza, en el caso de los trabajadores se desviarán hacia las arcas públicas". Es decir, sería un impuesto encubierto. En total, se recaudarían más de 2.000 millones de libras en cinco años, según los laboristas. Este tributo afectaría únicamente a los dividendos de los trabajadores, pero no al resto de accionistas.
Los expertos han advertido de los riesgos que supondría aprobar una medida como esta, ya que muchas empresas e inversores se verían obligados a "hacer las maletas". Los empresarios consideran que esta medida "aumenta el impuesto de sociedades y hace que se nacionalicen en parte varias compañías". Stephen Martin, director general de IoD, dijo que podría causar daños de gran alcance a la economía británica. "Podría tener un efecto negativo en la inversión empresarial y en la formación de empresas en el Reino Unido y socavar el funcionamiento de los mercados de capital".
Los laboristas defienden que esta medida ayudará a aumentar ligeramente el salario anual de los trabajadores, que "lleva diez años congelado". Además, les "servirá de impulso incentivándoles y haciéndoles sentir parte de la empresa y participes del éxito de la compañía", explica McDonnell.
¿Es posible de llevar esto a la práctica?
El equipo económico del partido laborista admite que las empresas privadas no cotizadas no podrán verse obligadas a repartir dividendos entre sus trabajadores, aunque tengan más de 250 trabajadores. "Esto podría incentivar a las empresas a huir del mercado de valores", explican los opositores a la ley. Además, supondría un fuerte incentivo para que las empresas que cotizan en Londres cambien sus sedes a un centro financiero alternativo como Nueva York o Frankfurt.