El Gobierno autonómico de Valencia empezó a mover ficha contra los pisos turísticos el pasado mes de mayo. Entonces, el Ejecutivo anunció una serie de medidas restrictivas que despertaron la ira de las distintas asociaciones que representan a los propietarios de viviendas. Entre las disposiciones que planteó el gobierno autonómico de Ximo Puig estaba la prohibición de alquilar viviendas que no estén ubicadas en pisos bajos o primeros.
Dos meses después, la Ley Autonómica de Turismo entraba en vigor con el apoyo de PSOE, Podemos y Compromís. El texto final incluía nuevas restricciones, como por ejemplo la obligatoriedad de presentar informes de compatibilidad urbanística que, en la práctica, suponen un desembolso de 1.000 euros, además de semanas o meses de plazo.
Para colmo, el papeleo no pasa solo por la Generalidad Valenciana, sino que también cuelga de los Ayuntamientos, que tienen competencias para aplicar a su manera la ley regional, generando así un mapa regulatorio aún más caótico y desordenado. Y es que, de acuerdo con la Ley introducida en julio, los consistorios pueden crear trabas adicionales con la excusa de compaginar el alquiler turístico con la "normativa urbanística" vigente.
Pero la cosa no acaba aquí. Según explica la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas, la nueva regulación es tan estricta que apenas el 1% de los inmuebles de la Comunidad Valenciana responden punto por punto al sinfín de requisitos fijados desde el gobierno autonómico. Así las cosas, no solo hay una fuerte reducción relativa a las alturas de los pisos turísticos, sino que también se han introducido requisitos técnicos que, además de exigir trámites costosos, fijan criterios inalcanzables para el 99% del parque de viviendas de la comunidad mediterránea.
Tan poderosas son las restricciones que la Asociación Empresarial de Apartamentos Turísticos ha declarado que, ante semejantes trabas, la gran mayoría de propietarios termina desistiendo y renuncia a dar de alta su piso de acuerdo con los criterios fijados por el gobierno que lidera el socialista Ximo Puig.
Así las cosas, no puede sorprender a nadie que, en los meses de julio, agosto y septiembre, el Ayuntamiento de Valencia apenas ha recibido diez solicitudes formales de personas que desean darse de alta como propietarios de pisos turísticos legales. Esta decena de expedientes cuelga ahora de los informes técnicos antes mencionados. Por tanto, a la espera de que ese proceso concluya, la ciudad del Túria encadena un trimestre sin dar de alta una sola vivienda turística.
Pero, como es lógico, la restricción de licencias no elimina el mercado, sino que lo sumerge. Esto es algo que deberíamos tener claro en España, donde se estima que las actividades económicas "en B" suponen entre el 15% y el 20% del PIB. En el caso del alquiler turístico, la Asociación de Pequeños Propietarios de Viviendas de uso Turístico advierte de que la operativa clandestina va a ir a más, como consecuencia del intervencionismo salvaje desplegado por el gobierno autonómico.
Según ha explicado FEVITUR, patronal que agrupa a numerosas asociaciones del sector de la vivienda turística, el negocio del alquiler venía de dispararse en la Comunidad Valenciana entre los años 2015 y 2017. Durante dicho período, esta actividad generó 15.200 millones de euros para la economía local, de los que 3.200 millones se corresponden con el gasto directo en alquileres y el resto se explica por el consumo en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y otros servicios. Ahora, buena parte de ese mercado está en peligro y se mueve entre el cierre o la operativa irregular.