En el argot económico se habla de "políticas expansivas", "medidas anticíclicas" o "planes de estímulo" cada vez que los gobiernos optan por aumentar el gasto para intentar compensar la caída de la actividad privada.En España, la última vez que se manejaron estos argumentos fue la Era Zapatero, cuando el PSOE reaccionó a la Gran Recesión con distintas iniciativas de este corte.
Casi diez años después del pinchazo, España viene de encadenar un lustro de intenso crecimiento económico que ha permitido reducir en diez puntos la tasa de paro y recuperar los niveles de PIB registrados antes de la crisis. Sin embargo, la recuperación ha empezado a perder fuelle y no pocos analistas han pedido al gobierno de Pedro Sánchez que mueva ficha y tome cartas en el asunto.
El caso es que las políticas que tiene previsto desplegar el nuevo Ejecutivo socialista para lidiar con la caída del crecimiento vuelven a basarse una vez más en el aumento del gasto público. No en vano, el nuevo mandatario ha declarado en los pasillos del Congreso que su plan de presupuestos para 2019 plantea un fuerte aumento del gasto equivalente a 6.000 millones de euros.
El caso es que, si echamos la vista atrás, vemos que la aplicación de este tipo de políticas bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero no solo no sirvió para recuperar el crecimiento, sino que supuso un deterioro significativo de la estabilidad presupuestaria, empujando el déficit hasta tasas superiores al 11% del PIB.
La punta de lanza de los programas anti-crisis aprobados por Zapatero fue el discutido Plan E, que apenas creó un puesto de trabajo estable por cada millón de euros desembolsado por las Administraciones. Así lo acredita un demoledor informe del Tribunal de Cuentas que subraya que el 70% de las obras no eran siquiera necesarias. Pese al fracaso de esta iniciativa, el gobierno aprobó un segundo Plan E, dejando la factura final de estas "políticas expansivas" en más de 12.000 millones de euros.
En paralelo, el gasto en obra pública que decretó la Administración socialista estuvo acompañado de otro tipo de actuaciones presupuestarias igualmente enmarcadas en el Plan E. Entre ellas, programas varios de gasto en I+D, medio ambiente, turismo, atención a la dependencia, etc.
Los paquetes anti-crisis del gobierno de Zapatero no terminaron aquí. Otro "plan de estímulo" impulsado por los socialistas fue la devolución de 400 euros aplicada de forma generalizada en el Impuesto sobre la Renta. En total, el desembolso asumido por los contribuyentes debido a esta decisión del gobierno socialista ascendió a 6.000 millones de euros.
También se introdujo entonces un "cheque bebé", medida con la que el gobierno del Partido Socialista Obrero Español aprobó una prestación no contributiva de 2.500 euros. La aplicación de esta política estuvo en vigor entre el verano de 2007 y las navidades de 2010, elevando el impacto fiscal hasta los 1.500 millones de euros.
En los años siguientes, el Ejecutivo relanzó su apuesta por las políticas keynesianas con una Ley de Economía Sostenible, para la que comprometió 25.000 millones de euros. El sector del automóvil recibió el Plan 2000E, mientras que el sector educativo se anotó más gasto a través del Plan Educa3.
Fue tal la concatenación de programas de gasto que la prensa llegó a contabilizar 32 iniciativas de este tipo. Al final, la combinación de "políticas expansivas", "medidas anticíclicas" y "planes de estímulo" impidió el ajuste de las cuentas públicas y, de hecho, ensanchó el agujero presupuestario hasta cebar una crisis de deuda que convirtió a España en una de las economías más vulnerables de la Eurozona.
Ahora, las encuestas de analistas que realiza Bloomberg apuntan que el sector privado da por sentado que Pedro Sánchez está dispuesto a seguir el mismo camino de Zapatero. Así, ante el deterioro del crecimiento y el enfriamiento de la creación de empleo, los expertos auguran que el nuevo gabinete aumentará un 1,7% el gasto público, duplicando el 0,7% estimado el pasado mes de mayo, antes del acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez, los comunistas de Unidos Podemos y las distintas fuerzas políticas separatistas catalanas y vascas (PDeCAT, ERC, PNV y EH Bildu).
De hecho, las cuentas oficiales ya reflejan una clara intención de volver a las políticas de gasto de los años de ZP. A comienzos de año, el gobierno de Mariano Rajoy anunció a la Comisión Europea un aumento de gasto del 1,1% en 2018 y del 1,2% en 2019. Sin embargo, el relevo en La Moncloa ha hecho que se revisen estas cifras hasta el 1,5% y el 1,4%, respectivamente.
Si se da el aumento del gasto que propone Sánchez, la contribución del sector público al PIB subirá en 0,6 puntos. Sin embargo, ese gasto saldrá del bolsillo de empresas y trabajadores, con el consecuente golpe a la contribución del sector privado al crecimiento. Además de ese golpe a las compañías y familias, también hay que considerar que el ensanchamiento del déficit derivado de estas medidas generará a su vez mayores exigencias fiscales en el futuro, de modo que el sector privado sufrirá por partida doble las consecuencias de la agenda de gasto anunciada por Sánchez.