Hay materias sobre las que no cabe trivializar ni, menos aún, enzarzar. Como principio general, lo complejo exige reposo, serenidad y buen juicio.
Cuando hablamos de pensiones –me refiero a las de jubilación; esas para las que la bolsa se acaba–, hablamos de algo que afecta a muchísimas personas, algunas con vidas muy precarias, y otras ven peligrar sus derechos.
Que un pensionista clame por una pensión más elevada porque la que percibe no le permite una subsistencia digna, en principio, es comprensible por estado de necesidad. Una necesidad con la que los políticos, cualquiera que sea su expectativa de votos y la forma de conseguirlos, no deberían jugar. El espectáculo, viendo la frescura de algunos encabezando manifestaciones, no puede ser más deprimente.
¿Por qué, en lugar de exasperar, no intentan explicar? ¿Qué es la pensión de jubilación? Conviene dar respuesta a una cuestión inicial: ¿cuándo se adquiere el derecho a una pensión?
Porque, hasta donde yo sé, el derecho a una pensión de jubilación no se adquiere por nacimiento. En la ley, se especifica con claridad el tiempo mínimo de cotización, la edad mínima para su devengo máximo y de qué depende su cuantía salvado el límite legal – pensión máxima–, por mucho que se haya cotizado.
Quien cotizó por lo mínimo apreciando más el salario presente que la pensión futura, ¿puede clamar por una cuantía para la que nunca cotizó? No piensen que estoy proponiendo que quien carezca de pensión, o quien la tenga insuficiente, busque cómo arreglárselas para resolverlo.
En un mundo moderno y desarrollado, nadie debe sufrir escasez severa. Pero para ello no hay que solicitar pensión, puesto que no se ha generado derecho a ella, sino asistencia del Estado, como único obligado, agotada la caridad, para atender las necesidades de las gentes.
Lo que el Estado tampoco puede hacer es tomar indebidamente recursos de la tan popularizada bolsa para decirnos después que ésta se está agotando, o que está agotada y que precisa créditos para cumplir sus obligaciones.
Apoyo que el Estado asista a quien lo necesite, pero no –porque el sistema no lo permite– que se detraigan recursos del fondo al que nunca se aportó. El fondo debe atender en la cuantía correspondiente a las aportaciones realizadas. Siendo el Estado responsable de ello, como administrador que es.
Los costes de quienes no cotizaron, o no lo hicieron durante el tiempo necesario –también los parlamentarios y otros servidores públicos–, no deben aplicarse, en lo que tengan de exceso sobre las condiciones generales, al fondo de las pensiones; a la bolsa.
Sólo en este caso la insuficiencia del fondo aconsejaría acudir al crédito, al que cada día parece que estamos acudiendo.
De no ser así, ¿tiene sentido sacrificar el salario presente cotizando para una pensión elevada si se nos garantiza la asistencia en caso de insuficiencia?