El Gobierno de Pedro Sánchez está asumiendo como propio el ideario de Podemos en materia de vivienda, especialmente en lo relativo al mercado del alquiler, con el fin de lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y, de este modo, prolongar su permanencia en el poder.
Primero, el PSOE amenazó con limitar el precio de los alquileres para tratar de frenar su subida, a pesar de que este tipo de restricciones ha fracasado de forma estrepitosa en otros países; después, barajó la posibilidad de subir los impuestos a las socimis, pese a que su peso en el mercado del alquiler es marginal y, por tanto, carece de influencia alguna; y, ahora, estudia penalizar a los propietarios de pisos vacíos, pensando que así pondrán su vivienda en alquiler.
El problema, sin embargo, es que esta última propuesta tampoco se sostiene a la vista de los datos. PSOE y Podemos blanden la cifra de 3,4 millones de inmuebles vacíos que registra España para defender así que castigando su tenencia, ya sea vía impuestos o expropiación de uso, se incentivará su salida al mercado. No en vano, partiendo de que el parque de viviendas en alquiler ronda, en la actualidad, los 3,8 millones de unidades, si el Gobierno lograra duplicar su número, lo lógico es que los precios bajen. Pero el gran error de este discurso es doble:
- Pensar que la mera imposición de sanciones se traducirá de forma automática en la salida al mercado de estos inmuebles, con independencia de los deseos del propietario.
- Confundir "casa vacía" con "casa alquilable", puesto que ambos conceptos son muy diferentes. Ni todos los inmuebles vacíos son alquilables ni, en muchos casos, existe una demanda real para tales activos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) define como "vivienda vacía" las que, sin ser vivienda principal (residencia habitual) ni secundaria (uso ocasional), están abandonadas o desocupadas de forma permanente, pero también las que están disponibles para venta o alquiler. Así pues, aquí ya se incluyen los inmuebles que están en el mercado, de modo que no se puede hablar, en ningún caso, de 3,4 millones de pisos "vacíos" sin más. Es decir, el concepto "vivienda vacía" engloba pisos que están a la venta y en alquiler. Aunque el INE no concreta su número, basta recordar que alguno de los principales portales inmobiliarios del país anuncia más de 1,5 millones de inmuebles en venta o alquiler –no todos están vacíos, pero sirve como referencia–.
Además, dentro de la cartera de casas vacías que están fuera del mercado, un volumen significativo no es alquilable por muchas sanciones que imponga el Gobierno. Según el último censo oficial de población y viviendas, correspondiente a 2011, España contaba con un total de 25,2 millones de inmuebles, de los que 18,1 millones eran principales, 3,7 secundarios y 3,4 millones vacíos (un 11% más que una década antes).
De esos 3,4 millones de pisos vacíos, una parte –que el INE no cuantifica– ya está a la venta o en alquiler, mientras que otros muchos no son "alquilables", lo cual reduce de forma muy sustancial el parque de viviendas susceptible de salir al mercado mediante la aplicación de sanciones o algún tipo de medida coercitiva por parte del Estado.
Para empezar, porque no todas las casas vacías están en buen estado. El 15% está en una situación ruinosa, mala o deficiente, con lo que el parque "alquilable" bajaría a 2,86 millones de unidades.
En segundo término, porque más de 1,5 millones de inmuebles vacíos (44%) tiene más de 50 años, lo cual reduce, igualmente, la posibilidad de ser alquilados. Tan sólo el 40% tiene menos de 30 años de antigüedad (1,36 millones).
Y, en tercer lugar, porque apenas 1,45 millones de esos pisos (42%) se sitúa en municipios de más de 50.000 habitantes, que es donde existe una mayor demanda de alquiler.
En concreto, poco más de 400.000 viviendas vacías se ubican en ciudades de más de 500.000 habitantes. De hecho, las urbes que han experimentado un mayor encarecimiento del alquiler, como es el caso de Madrid o Barcelona, se caracterizan por la escasez de este tipo de activos, de modo que de poco o nada servirían las sanciones que baraja el Gobierno, ya que, aún logrando sus objetivos, su impacto sobre el mercado no sería significativo.
En definitiva, los 3,4 millones de pisos "vacíos" que tanto citan PSOE y Podemos para justificar las sanciones a fin de aumentar la oferta, en realidad, no son tales. Una parte, no pequeña, ya está a la venta o en alquiler, y, en cuanto al resto, no todos son alquilables: el 15% carece de unas condiciones adecuadas; el 44% tiene más de 50 años de antigüedad; el 58% se ubica en poblaciones con escasa demanda de alquiler; y en las grandes ciudades, que es donde más han subido los precios, su presencia es marginal. Castigar a los propietarios, por tanto, no abaratará el alquiler.