Pedro Sánchez llegó al Gobierno el pasado mes de junio. La moción de censura que le llevó al poder fue justificada por el líder socialista como una medida necesaria para regenerar la política en nuestro país. Sin embargo, los numerosos escándalos ocurridos en los cien primeros días del nuevo Ejecutivo parecen haber sido suficientes para desmentir el supuesto giro a la transparencia que había anunciado el nuevo mandatario.
Un ejemplo de la opacidad con la que está actuando el nuevo Gobierno lo tenemos en la no publicación de la declaración de bienes y de ingresos de algunos de sus ministros. Es el caso de Nadia Calviño, titular de la cartera de Economía, de la que no consta información sobre su patrimonio o sus rentas.
Es cierto que Calviño no forma parte del Congreso de los Diputados y tampoco tiene cargo en el Partido Socialista. Por tanto, la sucesora de Román Escolano no está atada por las normas de las Cortes o las reglas de la agrupación del puño y la rosa. Sin embargo, es evidente que algo falla cuando un Gobierno que dice ser garante de regeneración y transparencia alberga a dirigentes políticos que no dan a conocer su patrimonio ni sus ingresos.
De Calviño sí sabemos cuál era su remuneración bruta como alto cargo de la Comisión Europea. Hasta el pasado mes de junio, su rol como directora general de presupuestos le suponía unos ingresos de 216.480 euros anuales. Con su llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, la tecnócrata gallega pasa a embolsarse 73.650 euros por curso, un descenso de 140.000 euros.
La privilegiada fiscalidad de Bruselas
Sin embargo, ahora que Calviño defiende una y otra vez la necesidad de subir los impuestos, sería interesante conocer cuánto pagaba a Hacienda cuando ocupaba su cargo como burócrata europea. Y es que las reglas que se han dado a sí mismos los altos cargos de las instituciones comunitarias contemplan niveles de fiscalidad mucho más bajos de lo habitual.
La propia Comisión Europea reconoció al Brussels Times, medio especializado en la actualidad comunitaria, que la fiscalidad efectiva que enfrentan los trabajadores de la institución oscila entre el 16% y el 25%. Así pues, aunque oficialmente se plantea una escala que va del 8% al 45%, los porcentajes efectivos de imposición se encuentran muy por debajo.
Pero, además, trabajadores de las instituciones europeas precisan a este diario que estas contribuciones no son impuestos propiamente dichos,puesto que el destino de esos fondos no es el presupuesto general de ningún Estado. En realidad, las retenciones aplicadas al salario bruto de los euroburócratas terminan depositadas en planes de pensiones, seguros para blindarse ante posibles despidos o accidentes, y otras provisiones que Bruselas pone a disposición de sus trabajadores.
Hay que decir que la retención en cuestión incluye un descuento fiscal del 16% aplicado a todos los funcionarios que llegan a Bruselas desde otros países. Existe un concepto similar por el que se puede elevar al 20% dicha deducción. Por otro lado, los trabajadores comunitarios pueden descontarse de sus impuestos los gastos de guardería o educación de los hijos, así como los pagos de alquiler o hipoteca.
Ante semejantes privilegios fiscales, la declaración de patrimonio y de ingresos de Nadia Calviño sería vital para saber qué tipo de imposición soportó la ministra en sus años como alto cargo de la Comisión Europea. Sin embargo, la opacidad con la que está actuando la responsable de la cartera de Economía impide verificar si, en efecto, Calviño pagaba en Bruselas tantos impuestos como defiende ahora para los contribuyentes españoles.