Una de las primeras medidas que han acordado PSOE y Podemos de cara a aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 fue constituir un grupo de trabajo para "desprivatizar" la sanidad. La idea inicial consistiría en revertir los convenios y acuerdos de colaboración público-privada vigentes en materia sanitaria, a imagen y semejanza de lo que hizo en su día la Comunidad Valenciana, siendo la recién dimitida ministra de Sanidad, Carmen Montón, consejera autonómica del ramo.
Cristina Contel, presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal que agrupa a 600 entidades sanitarias y cuenta con una representación del 80% de los centros hospitalarios, explica en una entrevista con Libre Mercado los efectos negativos que supondría tal propuesta, así como las ventajas y beneficios de contar con este tipo de convenios para mejorar el funcionamiento de la sanidad pública.
- PSOE y Podemos han acordado estudiar la "desprivatización" de la Sanidad. Todo apunta a que la intención del Gobierno es imitar la anulación de la cooperación público-privada en materia sanitaria que ha puesto en marcha la Comunidad Valenciana. ¿Cómo valoran esta iniciativa?
Hablar de "anular" la colaboración público-privada en materia sanitaria nos preocupa, y mucho. Las consecuencias para los pacientes, para los ciudadanos y para el Sistema Nacional de Salud serían terribles y, en algunos casos, irreparables, sin mencionar lo que supondría para otros ámbitos, tanto económico como laboral...
Además, ni la Ley General de Sanidad ni la Ley de Contratos del Sector Público permiten la discriminación a las empresas con ánimo de lucro, algo que ASPE ha denunciado ya ante la Comisión Europea.
- Además, el "modelo Alzira" que estaba vigente en la comunidad valenciana había arrojado muy buenos resultados, ¿no?
Sí, el modelo Alzira, que es una fórmula más de colaboración de la sanidad privada con el sistema público de salud, ha demostrado su eficiencia, tanto en términos económicos -ahorra costes al sistema-, como en calidad asistencial -reduce las listas de espera y mejora la satisfacción de los pacientes-.
Por el contrario, la reversión del Hospital de La Ribera ha obligado a la Conselleria de Sanidad a contratar a 480 trabajadores más para llevar a cabo la misma gestión de esta área de salud, atendiendo a menos pacientes y aumentando la lista de espera, generando, en consecuencia, un mayor gasto que, por el momento, no ha derivado en un mejor funcionamiento en la cifra de pacientes atendidos ni en lista de espera superior a 30 días, que se ha incrementado del 25% al 35,6%.
Hay que tener también en cuenta la satisfacción de los pacientes antes de la reversión del Hospital de La Ribera, que contaba con un índice cercano al 82%, superior a la media de la Comunidad Valenciana.
- ¿A qué creen que responde la anulación del "modelo Alzira"? ¿Hay datos que lo justifiquen o, por el contrario, creen que responde exclusivamente a motivaciones políticas?
En esta decisión han pesado más, sin lugar a dudas, las cuestiones ideológicas que los datos objetivos. Estos han demostrado, objetivamente, la eficiencia y el buen funcionamiento del modelo. No hay, por tanto, una fundamentación solvente y justificada para haber llevado a cabo la reversión, más que el derecho a poder hacerlo sin tener en cuenta los beneficios que esta colaboración aportaba a la ciudadanía valenciana y al Sistema Nacional de Salud.
- ¿En qué se podría traducir la extensión del actual modelo valenciano a toda España? ¿Cómo afectaría a los pacientes y a la población en general?
En el caso de suprimir los modelos de colaboración sanitaria público-privado, como ha sido el caso del modelo valenciano, el paciente sería el principal perjudicado, llegando incluso a poner en riesgo la prestación de la asistencia sanitaria. Ya tenemos un precedente de cómo ha afectado en el Hospital de la Ribera: aumento de listas de espera y de pacientes sin atender, mayor número de desplazamientos, incremento del gasto sanitario, desaparición de especialidades médicas como Cirugía Pediátrica, Medicina Nuclear o Neurorradiología, etc.
Además de la repercusión directa en los pacientes, el Sistema Nacional de Salud sufriría un colapso. España cuenta con 10 millones de asegurados, que ahorran más de 4.300 millones de euros y descongestionan las listas de espera de la sanidad pública. La sanidad privada realiza el 30% de las intervenciones quirúrgicas de nuestro país y atiende el 23% de las urgencias. Si la sanidad pública tuviera que asumir estas cantidades, sería inviable e insostenible.
- ¿Qué ventajas y ahorros a nivel presupuestario supone la colaboración público-privada en sanidad?
Según datos del último informe Sanidad Privada, aportando valor, la horquilla de ahorro de la sanidad privada al sistema público de salud se situaría entre los 4.396 (de compatibilizar los recursos de la sanidad, tanto pública como privada) y 9.860 millones de euros (con uso exclusivo de los recursos de la sanidad privada).
- ¿Puede asumir la sanidad pública española el coste de prescindir de la colaboración privada? ¿Es financieramente sostenible o pondría en riesgo la solvencia del sistema?
Bajo nuestro punto de vista, la sanidad pública no podría asumir el coste de prescindir de la colaboración de la sanidad privada y se colapsaría de forma irremediable. Además de poner en riesgo la solvencia del sistema, perjudicaría al empleo -actualmente, se estima que la cifra de profesionales que trabajan en el sector privado asciende a 262.525-; a la investigación -los centros privados participan en 1.327 ensayos clínicos, destacando las áreas de oncología, cardiología, respiratorio y neurociencias-; y a la inversión en tecnología sanitaria -el sector privado cuenta con el 56% de las resonancias magnéticas, el 48% de los PET y el 36% de los TAC existentes en España-…
- Algunas CCAA han intensificado esta colaboración estableciendo, por ejemplo, la posibilidad de derivar pacientes a operaciones y consultas en la privada. ¿Cómo está funcionando?
Comunidades como Aragón, Navarra y Madrid han incrementado su nivel de colaboración con la sanidad privada en los últimos años. Tengamos en cuenta que la colaboración no sólo se refiere a cirugía y hospitalización, sino que puede darse en diferentes áreas, como servicios de diálisis, diagnóstico por imagen, transporte sanitario o terapias respiratorias. Además, es una manera excelente de disponer de un recurso flexible y eficiente, que puede adaptarse a las necesidades del servicio de salud en cada momento.
En términos generales, aproximadamente un 11,6% del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos. Cataluña (25,1%) y Madrid (12,4%) son las comunidades que más porcentaje destinan a la colaboración público-privada, seguidas de Baleares y la Comunidad Valenciana, que destinó el 10% de su presupuesto sanitario a este concepto, unos 276 millones de euros.
- ¿Cuál es la media de espera en la sanidad privada con respecto a la pública?
El último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, hasta el 30 de junio de 2016, cifraba en 604.103 los pacientes en lista de espera y, según los datos de junio de 2017 del Indicador del Sistema Nacional de Salud, los días de media de demora para someterse a una operación superan los 100.
La sanidad privada cuenta actualmente con un tiempo medio de espera de dos semanas desde que el paciente pide cita, un dato que demuestra que es más ágil en atención a la demanda sin comprometer la calidad asistencial y, además, libera recursos al sistema público.
- ¿Y el nivel de satisfacción de los pacientes?
En relación a la satisfacción de los pacientes, sabemos que, en el caso de las mutualidades donde se puede elegir entre asistencia sanitaria pública o privada, ocho de cada diez funcionarios escogen la provisión sanitaria privada.
Otro ejemplo claro es el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que mantiene un "concierto singular" con la Administración. Este centro ha obtenido las mejores valoraciones de sus pacientes desde 2015, un hecho que reitera cómo a los ciudadanos nos les importa el tipo de gestión hospitalaria, sino el tiempo y forma en el que son atendidos.
- ¿Es posible acabar con las listas de espera en la sanidad pública?
Estamos en disposición de afirmar que si de verdad se contase con la provisión sanitaria privada para reducir las listas de espera, éstas se reducirían muy significativamente. Hay muchos recursos que no se están utilizando y que podrían minimizar al máximo el gran problema del Sistema Nacional de Salud español.
- ¿Cómo funciona la cooperación público-privada en otros países de Europa?
En abril, ASPE presentó en España el informe Hospitales Privados en Europa: Apoyo a Sistemas de Salud Sostenibles, elaborado por Hans Martens -asesor senior del European Policy Centre-, en colaboración con la Unión Europea de Hospitales Privados (UEHP). La principal conclusión de este estudio reveló que los sistemas sanitarios europeos serían inviables sin la colaboración de la sanidad privada.
En dicho informe se analizaron datos de países como Alemania, Holanda, Francia, España, Italia y el resto de países miembros de la UE y, aun existiendo importantes diferencias entre ellos, la conclusión que destacó el propio presidente de la UEHP, Paul Garassus, fue que "el sector privado no es que sea complementario; es que, sin él, para los servicios públicos sería imposible hacer frente a la demanda de los ciudadanos. Además, los hospitales privados incentivan con su actividad la productividad del sector público y contribuyen a la innovación y al crecimiento económico, puesto que tienen mayores posibilidades de realizar las inversiones necesarias en aquellos aspectos que reducen costes y mejoran la eficiencia".
- ¿Estaría, por tanto, España dando un paso atrás en materia sanitaria en caso de que el Gobierno acabe prescindiendo de la colaboración de los centros privados?
Definitivamente, sí. La colaboración público-privada ha demostrado beneficiar al paciente y contribuir a la eficiencia de nuestra sanidad. Cualquier decisión que se tome obviando estos datos estará condicionada por cuestiones ideológicas, como ya ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, y atentará directamente a la viabilidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.