Uno de los problemas más importantes de la izquierda política española radica en el profundo desconocimiento que profesa en materia económica, lo cual conduce, inevitablemente, a la adopción de medidas ineficaces, en el mejor de los casos, y profundamente perjudiciales, en el peor. El hecho de partir de un diagnóstico equivocado conduce a soluciones, igualmente, erróneas.
El último ejemplo de esta crónica ignorancia es la propuesta que están negociando el Gobierno del PSOE y sus socios de Podemos con el fin de frenar la subida de los alquileres. El Ministerio de Fomento advirtió hace escasos días que estudia "con seriedad" fijar límites al precio del alquiler, mientras que el partido morado se ha descolgado esta semana con una ofensiva contra las Socimis, al culpabilizarlas de generar una "burbuja" en este sector. Ambos coinciden, por tanto, en que los propietarios de las viviendas son el problema, ya que sitúan el precio muy por encima de lo que, según ellos, debería ser "razonable".
Este particular razonamiento demuestra que tanto socialistas como podemitas no entienden -o no quieren entender- una de las leyes más básicas de la economía, la relativa a la oferta y la demanda. Los alquileres han subido en los últimos años, muy especialmente en las grandes urbes, porque ha crecido de forma muy sustancial la demanda, fruto de diversos factores. Para empezar, la recuperación económica y la consiguiente creación de empleo han posibilitado el acceso de un mayor número de personas al alquiler. Además, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha desmontado, al menos en parte, la extendida creencia de que la "vivienda nunca baja", frenando así las ansias de compra de muchos. Asimismo, la lógica y necesaria restricción del crédito hipotecario y la exigencia de ciertas garantías de solvencia por parte de los bancos también ha redirigido parte del mercado hacia el alquiler. Y si a esta creciente demanda se suma una escasa oferta, fruto en muchas ocasiones de las arbitrarias restricciones urbanísticas de los ayuntamientos, el resultado es una inevitable subida de precios.
Sin embargo, la receta del Gobierno para frenar esta tendencia consiste en imitar las fracasadas políticas intervencionistas que han puesto en marcha países como Alemania, Francia o Suecia, con límites de precios que, en ningún caso, han logrado abaratar el alquiler. El PSOE tampoco descarta disparar el IBI a los pisos vacíos para incentivar su salida al mercado, mientras que Podemos va incluso más allá, puesto que desea reimplantar un sistema similar a la renta antigua que imperaba en los tiempos de Franco o, directamente, expropiar viviendas a los grandes tenedores (particulares y empresas con más de 10 inmuebles), al más puro estilo chavista.
Cualquiera de estos despropósitos tan solo agravará el encarecimiento del alquiler, ya que contribuirían a restringir aún más la oferta, de modo que los precios subirían con mayor intensidad. Dado que el Gobierno difícilmente puede incidir sobre la demanda, opta por declarar la guerra a los propietarios en un vano intento por contener los precios y forzar la salida de más vivienda al mercado, pero nada de eso funcionará, sino todo lo contrario.
La única forma de contener los precios es que la oferta logre satisfacer las crecientes necesidades de alquiler que, hoy por hoy, demanda la población española, y para ello es necesario que aumente el parque de viviendas. ¿Cómo? En primer lugar, permitiendo la construcción de los miles de pisos que están a la espera de una licencia municipal en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona; en segundo término, reforzando la seguridad jurídica para garantizar el derecho de propiedad, de modo que los dueños puedan recuperar sus pisos de forma ágil y rápida en caso de morosidad u okupación; y, por último, rebajando la elevada carga fiscal que sufren tanto caseros como inquilinos para dinamizar el mercado y aflorar la elevada economía sumergida que todavía persiste en el ámbito del alquiler. Las ideas de la izquierda solo agrandarán el problema.