La negociación que están desarrollando PSOE y Podemos de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 no solo se centra en subir impuestos, sino que también se barajan diferentes medidas para aumentar el gasto público. Una de ellas consiste en eliminar, total o parcialmente, el copago farmacéutico.
El anterior Ejecutivo del PP otorgó luz verde a una reforma sanitaria en 2012 para, entre otras cosas, reducir la elevada factura que generan los medicamentos al sistema público de salud. De este modo, se fijó un copago del 10% a las medicinas de los pensionistas, con un tope de 8 euros al mes para las rentas bajas, obligando a las rentas de más de 100.000 euros a sufragar el 100% de su precio.
Poco después de ocupar su cargo, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, anunció que el Gobierno de Pedro Sánchez eliminaría el copago de los medicamentos a los pensionistas "en situación de mayor vulnerabilidad", aunque Podemos va más allá y exige su supresión total.
La cuestión, sin embargo, es que esta propuesta tendrá, al menos, tres efectos negativos. El primero es que aumentará el gasto público. Según las estimaciones de Farmaindustria y la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), eliminar el copago se traducirá en un aumento de entre 400 y 500 millones al año de gasto farmacéutico, un 5% más.
En 2017, el gasto de las recetas financiadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS) rompió el techo de los 10.000 millones euros, el más alto de los últimos seis años. En total, la inversión de las comunidades autónomas en medicamentos durante el año pasado fue de 10.170 millones, un 2,6% más que en 2016. Se trata del tercer mayor gasto farmacéutico en lo que va de década, solo superado por el de 2011 (con 11.135 millones) y 2010 (12.207 millones).
En segundo lugar, crecerá el número de recetas. Uno de los impactos más notables que ha tenido el copago ha sido racionalizar el consumo de medicamentos. La financiación del 100% del coste de las medicinas se tradujo durante muchos años en la compra excesiva y, por tanto, innecesaria de estos productos, generando con ello un despilfarro de recursos públicos.
La puesta en marcha del copago, en agosto de 2012, se tradujo en una caída de más de 100 millones de recetas entre 2011 y 2013 -primero año completo de aplicación-, casi un 12%, ayudando así a contener el gasto farmacéutico durante la crisis, a pesar del progresivo envejecimiento de la población. Su supresión, por el contrario, generará nuevos excesos mediante la expedición de recetas innecesarias.
Y, por último, también afectará a la rentabilidad de algunas farmacias. Según el director del Observatorio del Medicamento de FEFE, Enrique Granda, "la derogación del sistema actual de aportación de los beneficiarios aumentaría el gasto de una forma inmediata en un 4%, que no tendría ninguna consecuencia positiva para la economía de las farmacias, ya que esa cantidad se paga ahora por los beneficiarios, y a partir de la derogación, por las Comunidades Autónomas. La consecuencia negativa para las farmacias es que a una mayor facturación se les deducen cantidades superiores", de modo que algunas saldrían perjudicadas.
Antes de 2012, la aportación directa de los beneficiarios al coste farmacéutico era algo inferior al 6%, mientras que en la actualidad ronda el 10%. El hecho de que esos 4 puntos porcentuales de diferencia sean aportados ahora por el sistema público, vía impuestos, en lugar del bolsillo de los clientes mediante el copago "no beneficia en nada a las farmacias, ya que no obtienen un mayor margen, pero sí mayores descuentos". El precio de los medicamentos, tanto de los financiados por el sistema público como los que llevan patente, están intervenidos por el Estado, y, a mayor volumen de ventas, el Gobierno aplica mayores descuentos en los precios, reduciendo así el margen de las farmacias.
Granda aclara que "en el año 2012 se produjo un cambio legislativo por el que comenzaron a pagar aportaciones los pensionistas y el resto de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, en función de sus niveles de renta. Esta medida se tradujo en un descenso espectacular de recetas y gasto, que afectó fundamentalmente a las farmacias situadas en un entorno socioecómico medio y bajo, que han sido las que más sufrieron la medida, ya que los pacientes se volvieron más selectivos en la demanda. Sin embargo, las de nivel socioeconómico más elevado observaron que disminuían porcentualmente las deducciones y descuentos, ya que la parte pagada por los usuarios no computa como mayores ventas al Sistema Nacional de Salud".
Sin embargo, "ahora que el Gobierno parece dispuesto a revertir en parte la anterior reforma. liberando del copago a muchos colectivos, y quizá incrementando el copago de otros, aparece un nuevo escenario en el que se producirá un aumento de recetas y gasto. El aumento de recetas y gasto siempre se suele interpretar como una buena noticia, pero también tiene sus inconvenientes, y no afectará en la misma medida a las farmacias en función de su entorno socioeconómico, porque también continúan actuando los Reales Decretos Leyes promulgados desde el año 2000, que establecen bonificaciones y descuentos en función del volumen de ventas", añade este experto.
El problema para las farmacias es que el Estado no considera gasto farmacéutico la parte pagada por los usuarios y, por tanto, no está sometida a bonificaciones y descuentos, de tal forma que el margen de la farmacia mejora si aumenta el copago y empeora si disminuye. Por ello, "las farmacias de menores ventas y situadas en un entorno socioeconómico bajo verán incrementadas sus ventas, por una mayor demanda, pero tendrán también mayores descuentos, con lo que descenderá su rentabilidad. Por el contrario, las de mayor nivel socioecómico quizá no mejoren sus ventas al Sistema Nacional de Salud, pero mejorará su rentabilidad porque sus clientes pagarán mayores aportaciones y tendrán que pagar menos descuentos", aclaran desde la patronal", explica Granda.
Por ello, a diferencia de lo que se suele pensar, "la universalización del copago, aunque sea en grado mínimo, es favorable para todas las farmacias, porque supone un cambio cultural que aleja a las farmacias del concepto de establecimientos de gratuidad y mejora la venta de otros productos no financiados" por las arcas públicas, concluye.