Entre sorpresa e indignación. Así han recibido los inspectores de Hacienda la idea que deslizó el pasado martes el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, consistente en acabar con la "puerta giratoria" de este cuerpo de funcionarios, bajo la excusa de que muchos de ellos acaban recalando en empresas privadas y grandes despachos para tratar de rebajar la factura fiscal
La formación morada ha introducido esta cuestión en las negociaciones que mantiene con el Ministerio de Hacienda para tratar de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y, según Echenique, el Gobierno lo identifica como un "problema".
Los inspectores niegan este extremo. "Nunca nos han trasladado que sea un problema", explica a Libre Mercado José Luis Groba, presidente de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Hasta ahora, el debate sobre las llamadas puertas giratorias se había centrado, exclusivamente, sobre el papel de los políticos, muchos de ellos sin preparación ni cualificación alguna, cuyo único mérito ha consistido en medrar dentro del partido y que, sin embargo, acaban recalando en los consejos de administración de grandes empresas gracias a sus contactos e influencia a nivel estatal o autonómico.
Los inspectores se quejan de que Podemos quiera ahora trasladar esta polémica a los altos cuerpos de funcionarios, como es su caso, personal altamente preparado y que se ha sacado una de las oposiciones más duras que existen, para impedirles su posible tránsito a la empresa privada, a diferencia de lo que sucede con el resto de funcionarios. "Quieren estigmatizar a los inspectores", denuncia Groba.
"El paso a la empresa privada ya está regulado", tal y como sucede con otros cuerpos. De hecho, los inspectores ya cuentan con "el régimen de incompatibilidades más estricto", añade. Tan sólo pueden renunciar a su puesto para trabajar en empresas con las que no hayan tenido ningún tipo de relación, ni directa ni indirecta, como inspectores, pudiendo reincorporarse luego a la función pública en caso de que exista una plaza vacante. Además, la única posibilidad de trabajo extra, al margen de su labor como inspectores, se ciñe a conferencias y actividades relacionadas con la docencia (incluyendo la preparación de oposiciones), de forma similar a lo que sucede con jueces y fiscales, entre otros altos funcionarios.
Los médicos, sin embargo, pueden trabajar en el sector público y privado al mismo tiempo, y algo similar sucede con los abogados del Estado, que también pueden compatibilizar su función pública con servicios privados. No sucede lo mismo en el caso de los inspectores.
Groba señala que, en primer lugar, hay que preguntarse por qué existe tanta movilidad laboral en este cuerpo de funcionarios, y apunta a dos factores básicos. Por un lado, la dificultad a la hora de conseguir trasladados, ya que el número de concursos es reducido, de modo que el paso a la empresa privada se percibe como una posible solución. Y, en segundo término, el nivel salarial. "La mayor diferencia de sueldos con respecto a la empresa privada se da en nuestro cuerpo", añade. Efectivamente, lo que puede llegar a cobrar un inspector en el mercado multiplica por varias veces su salario público en muchos casos.
"Estamos muy solicitados por la empresa privada", y no tanto para reducir su factura fiscal, tal y como alegan desde Podemos, sino para evitar riesgos y sorpresas inesperadas a la hora de cumplir con las obligaciones de Hacienda, según añade Groba. "Nuestro paso a la empresa privada ya está regulado, y de forma muy estricta, además. Es una barbaridad que se nos quiera prohibir trabajar en la privada sólo a nosotros", a diferencia de lo que sucede con el resto de cuerpos, critica Groba.
"Estas propuestas se hacen desde el desconocimiento y de forma absolutamente sesgada. Podemos jamás se ha dirigido a nosotros para pedirnos consejo para luchar contra el fraude fiscal o para preocuparse sobre la problemática de nuestro cuerpo. Quienes estén asesorando a Podemos sobre esta materia están muy equivocados", concluye.