Los gobiernos de Estados Unidos y México han llegado a un acuerdo comercial que pone fin a meses de negociaciones y modifica algunos de los términos regulatorios bajo los que se desarrollan los intercambios de bienes y servicios al Norte y al Sur de la frontera.
El nuevo pacto está centrado en abordar algunos aspectos ligados al sector automovilístico y la industria textil. Por ejemplo, el nuevo pacto entre ambos países exige que entre el 40% y el 45% de la producción de coches sea realizada por trabajadores que perciban un salario de al menos 16 dólares la hora. En la práctica, esto supone un posible golpe para las fábricas de las que sale el 32% de los automóviles generados en México. Sin embargo, el 68% restante cumple ya con este requisito y no se verá afectada por esta medida.
Ahora mismo, los trabajadores del sector automotriz ganan entre 25 y 30 dólares la hora en Estados Unidos, frente a un promedio de 8 a 10 dólares en el caso de México. Con esta modificación regulatoria, Trump busca reducir la diferencia retributiva entre ambos países, una medida que gustará en algunos feudos electorales del Partido Demócrata que le dieron su apoyo en las últimas elecciones presidenciales, avalando sus propuestas de reindustrialización.
Otro aspecto que ha sido rectificado tiene que ver con el lugar de fabricación de las partes y materiales de los automóviles. Bajo las nuevas reglas, al menos el 75% debe haberse completado o extraído en suelo norteamericano, mientras que las reglas que van a ser derogadas dejaban este porcentaje en el 62,5%. En la práctica, la medida restringe las importaciones de aluminio, hierro y cristal que llegan de Asia, Europa y América del Sur.
Sobre este punto, hay que señalar que Estados Unidos planteó inicialmente un umbral mínimo del 85%, si bien el porcentaje final es diez puntos inferior, una nueva muestra de la estrategia de negociación que acostumbra a seguir Trump: propuestas iniciales relativamente radicales como punto de partida para llegar a acuerdos finales cercanos a su postura pero asumibles por la otra parte.
El nuevo acuerdo supone la derogación de algunos de los términos comerciales fijados por el NAFTA, el acuerdo comercial impulsado en 1994 que tantas críticas ha recibido por parte de Donald Trump. Sin embargo, muchos de los estándares fijados entonces van a ser incorporados al nuevo texto, de modo que se trata más de una revisión que de un borrón y cuenta nueva.
Es importante señalar, eso sí, que el NAFTA incluía también a Canadá, de modo que el nuevo acuerdo comercial suscrito por Estados Unidos y México está llamado a animar las negociaciones entre los gobiernos de Donald Trump y Justin Trudeau. En este sentido, hay que señalar que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá ha viajado esta misma semana a Washington con la intención de reactivar las conversaciones sobre esta materia.
Ambos ejecutivos han acordado que la vigencia del nuevo acuerdo comercial sea de dieciséis años. Sin embargo, han incluido dos cláusulas al respecto: la primera apunta que las reglas pueden ser revisadas cada seis años; la segunda señala que al final del período se podría aprobar una prórroga válida por otros dieciséis ejercicios.
"El mejor acuerdo" en el actual contexto
¿Cuáles son las penalizaciones para las empresas que incumplan las reglas? En el caso de vehículos ligeros, se aplicará un arancel de 2,5%, lejos del 25% que se barajó inicialmente. Más fuerte puede ser el golpe de los camiones ligeros, que sí podrían ver encarecido su precio en un cuarto como consecuencia de las tasas a la importación de vehículos.
El anuncio del acuerdo comercial deja atrás el miedo a una guerra comercial de calado y certifica apenas un moderado repunte de las trabas regulatorias que enfrentan algunos de los sectores industriales más importantes de ambos países. Buena prueba de que el pacto ha sido recibido con alivio es que la bolsa mexicana subió un 1,6% tras el anuncio del acuerdo, mientras que en Estados Unidos se siguieron viendo máximos históricos en los principales selectivos (Nasdaq, S&P 500…).
Desde BBVA Research subrayan que este es "el mejor acuerdo posible, dentro de las circunstancias actuales". Recuerdan que "se retiró de la mesa de negociaciones la propuesta de que México sólo pudiera vender ciertos productos agrícolas en determinadas épocas del año". También ponen en valor que "el comercio agrícola permanecerá sin tarifas ni subsidios".
Por otro lado, el servicio de estudios de la entidad financiera recuerda también que México "ha accedido a eliminar el mecanismo de resolución de controversias. Dicho protocolo establecía que las diferencias comerciales entre empresas particulares y uno u otro gobierno se debían resolver mediante arbitrajes". Con la eliminación de este mecanismo, se acudirá a dichas instancias solo cuando ambas partes están de acuerdo, mientras que en un escenario de disputa se deberá acudir a los tribunales nacionales de Justicia.