El Gobierno de Pedro Sánchez, con el inestimable apoyo de sus aliados de Podemos, se ha marcado ahora como objetivo elevar el IRPF a las rentas altas con la falaz excusa de incrementar la recaudación para, de este modo, reforzar el Estado del Bienestar. Y aunque, por el momento, no se han puesto de acuerdo en identificar al siguiente grupo de damnificados de su errática y perjudicial política económica, ambos coinciden en asegurar que ese nuevo sablazo está más que justificado. Podemos quiere que afecte a las rentas de más de 60.000 euros al año, mientras que el PSOE sitúa el umbral a partir de los 150.000, pero, sea cual sea el límite escogido, lo grave es que se concentrará sobre el ahorro, lo cual constituye un grave error.
En concreto, el Ministerio de Hacienda ha anunciado su disposición a negociar un nuevo aumento del tipo marginal del IRPF hasta un máximo del 52% para las rentas más altas, cuya aplicación se traduciría en unos 400 millones de euros extra para las arcas públicas, según sus propios cálculos. Sin embargo, la principal novedad es que los socialistas retoman su desnortada promesa de equiparar fiscalmente las rentas del trabajo y del capital, de modo que los rendimientos derivados del ahorro pasarían a tributar de forma similar a los salarios. Así, el tipo máximo, que actualmente está en el 23% a partir de 50.000 euros, escalaría hasta el 30 o el 35%, sin que quepa descartar posteriores incrementos para aproximarlo, progresivamente, al baremo que rige sobre los sueldos. Con esta propuesta, ideada inicialmente para las rentas altas, el Gobierno piensa obtener otros 1.500 millones extra al año, lo que supondría un incremento recaudatorio del 140%.
El problema, en primer lugar, es que se trata de una estrategia totalmente ineficaz. Si la intención es que las arcas públicas ingresen más dinero, un hachazo de esta naturaleza acabará traduciéndose en todo lo contrario. Dado que los contribuyentes con mayor poder adquisitivo cuentan con más facilidades para trasladar su domicilio fiscal y reducir legalmente su factura tributaria, esa propuesta provocaría de inmediato una gran fuga de capitales. Ya sucedió en Navarra y en el País Vasco cuando subieron los impuestos a las sicav, pues se quedaron sin una entidad sobre la que aplicar dicho cambio fiscal, o en la vecina Francia cuando el expresidente Hollande subió el IRPF al 75% y los millonarios salieron en desbandada, hasta el punto de que, poco después, París tuvo que rectificar para frenar la sangría. Así pues, cualquier subida de esta naturaleza, lejos de recaudar más, terminará por lograr el efecto contrario.
Pero es que también se trata de una medida profundamente injusta, ya que, en última instancia, no deja de ser una doble tributación. Todo ahorro es fruto de un trabajo y un esfuerzo previos , cuyos ingresos ya han pasado por la correspondiente ventanilla de Hacienda, de modo que debería quedar exento del pago de impuestos. Al igual que las empresas gozan de exenciones y deducciones fiscales a la hora de reinvertir sus ganancias,los particulares deberían poder disfrutar libremente de los rendimientos derivados de su capital. Los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones son, junto al IRPF sobre el ahorro, un robo y, por tanto, tienen que ser eliminados por completo.
Además, el ahorro y la inversión son los motores de la economía y el pilar esencial de la riqueza, claves para poder gozar de sociedades prósperas y desarrolladas. A diferencia de lo que plantean Sánchez e Iglesias, hay que facilitar e impulsar al máximo su crecimiento. Hacer lo contrario perjudicará, de una u otra forma, a todos los españoles.