Patrimonio será el enésimo impuesto que Podemos y el Ministerio de Hacienda están negociando modificar. Ayer miércoles, la formación que lidera Pablo Iglesias y el departamento que dirige María Jesús Montero se reunieron para incluir una serie de subidas fiscales en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.
Sobre la mesa de un encuentro que duró más de 4 horas se planteó la subida del IRPF a las rentas superiores a los 150.000 euros que ha confirmado este jueves la propia ministra, pero esa no fue la única medida. Tal y como ha publicado La Información, también hablaron de penalizar a las comunidades autónomas que eliminen el Impuesto de Patrimonio.
Desde que ocupara el cargo de Consejera de Hacienda en Andalucía, Montero se ha mostrado en contra de que las autonomías utilicen la potestad que tienen sobre algunos impuestos para reducir la fiscalidad. "Lo que no se puede permitir es que haya gobiernos de comunidades autónomas ricas que renuncien a esos ingresos y luego reciban fondos de otras comunidades autónomas con menos recursos", apuntan fuentes del equipo negociador del bloque de izquierdas consultadas por este diario.
Aunque no da nombres, estas declaraciones hacen referencia a la Comunidad de Madrid, que tiene bonificado al 100% el pago del Impuesto de Patrimonio de sus ciudadanos. Un caso similar ocurre con el Impuesto de Sucesiones, otro tributo que también podrían plantearse incrementar. Junto a Susana Díaz, Montero llegó a calificar a la Comunidad de Madrid como un "paraíso fiscal" debido a su baja fiscalidad. Entonces, Montero defendía fijar una horquilla de tributación mínima y máxima para todas las regiones con el objetivo de evitar la competencia fiscal entre ellas.
La propuesta de Podemos plantea dos vías: o tener en cuenta la recaudación potencial que obtendrían las regiones a partir de la configuración estatal del Impuesto de Patrimonio y, a partir de ahí, determinar la financiación que les corresponde, o establecer el tipo mínimo de Montero.