El Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de las pensiones públicas una de sus grandes banderas electorales. Tanto es así que, además de defender abiertamente la derogación de la reforma aprobada por el PP en 2013, el PSOE acaba de pactar con Podemos volver a ligar las pensiones al IPC, a pesar de que el fuerte aumento del gasto obligará a disparar los impuestos. De hecho, los socialistas presentaron a principios de año su particular propuesta para garantizar la continuidad del actual modelo de reparto con el fin de ganar votos entre el amplio colectivo de jubilados.
Sin embargo, las duras críticas vertidas contra los "recortes" del PP durante los últimos años contrastan con el significativo impacto que ha tenido la reforma del PSOE, aprobada en 2011 por José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la cuantía real de estas prestaciones, evidenciando así la profunda hipocresía de su discurso. Desde el estallido de la crisis, dos han sido las reformas que han afectado al funcionamiento de la Seguridad Social:
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Reforma del PSOE (2011): se retrasa de forma progresiva la edad de jubilación de 65 a 67 años (hasta el año 2027), se amplía el período de cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años y se eleva el número mínimo de años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión –ver gráfico–. El PP votó en contra.
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Reforma del PP (2013): introduce el Índice de Revalorización de las Pensiones en sustitución del IPC (la subida anual pasa a depender de los ingresos y gastos del sistema) y desarrolla el Factor de Sostenibilidad, que reducirá la primera pensión en el momento de la jubilación en función de la esperanza de vida. El PSOE votó en contra. Pese a ello, hoy por hoy, la aplicación de esta reforma ha sido suspendida en la práctica debido, en primar lugar, al acuerdo presupuestario alcanzado entre PP y PNV y, posteriormente, al pacto que están negociando ahora PSOE y Podemos de cara a las cuentas públicas del próximo año.
Sea como fuere, populares y socialistas han coincidido en la necesidad de recortar las futuras prestaciones, de una u otra forma, para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo. Y lo que demuestran los datos es que la reforma del PSOE ha tenido mucha mayor incidencia que la del PP a la hora de reducir las pensiones públicas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó el pasado julio un estudio en el que analiza, precisamente, el efecto que tuvo dicho cambio sobre el importe de la pensión inicial (la primera cuantía que se cobra tras la jubilación) entre 2013 –momento en el que entra en vigor la reforma socialista– y 2015, último ejercicio con datos disponibles.
Las conclusiones son claras: la pensión media inicial tras la reforma del PSOE se redujo en unos 23 euros al mes en 2013 en comparación con el cálculo previo (si no se hubiera aplicado ningún cambio); otros 34,5 euros en 2014; y unos 48,5 euros en 2015, al bajar de un total de 1.372,3 euros al mes a 1.323,7. Y esta diferencia entre la pensión de entrada con y sin reforma se irá incrementando con el paso del tiempo.
Así pues, "se observa que la reforma ha provocado un descenso de dicha prestación, y que el efecto va aumentando a medida que progresa el periodo transitorio y también en función de la edad de los nuevos jubilados, siendo más intenso el efecto en los que acceden a la jubilación en edades más tempranas", concluye la AIReF.
El estudio en cuestión ha hecho daño al PSOE. La portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Mercè Perea, señaló el pasado lunes que este informe genera "más confusión que otra cosa" y que "las conclusiones a las que se puede llegar con este documento solamente pueden ser sesgadas" y "parciales". De hecho, incluso afirmó que "en ningún caso refleja la opinión de un organismo público sobre el que el Gobierno tenga que posicionarse".
Pero es que, además de que el texto lleva el sello oficial de AIReF, el propio presidente de esta entidad, José Luis Escrivá, ya avanzó en 2017 estas mismas conclusiones durante su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo, tal y como informó Libre Mercado. Así, si la reforma del PSOE ya se había traducido en una reducción de unos 50 euros al mes en 2015 (-4%), el recorte ronda los 150 euros al mes en 2018, un 10% menos en comparación con la primera prestación que recibiría un jubilado en ausencia de tales cambios normativos. En concreto, la pensión media de entrada rondaría hoy los 1.350 euros al mes frente a los 1.500 que percibirían los jubilados en ausencia de reforma, como refleja el siguiente gráfico.
Asimismo, si se amplía la perspectiva temporal, se observa que la pensión inicial rondaría los 1.550 euros a precios constantes en 2030 si no se hubieran aprobado las dos reformas, tanto la del PSOE en 2011 como la del PP en 2013, frente a los poco más de 1.300 euros que recibirían los jubilados tras dichos cambios, lo que supondría un recorte del 17% a medio plazo.
Y la clave es que, según la AIReF, el 75% de dicha reducción se debe a la reforma socialista, mientras que el 25% restante procedería de la reforma del PP –hoy en suspenso–. Como resultado, la pensión de entrada pasaría de representar el 80% del último salario a cerca del 70% en 2030 y el 50% en 2050, según ese mismo estudio. En resumen, son los socialistas quienes han asestado el mayor recorte a las pensiones públicas.
