Mucho se ha hablado –y más se deberá hablar– de la hipoteca que el Gobierno socialista tiene contraída con las formaciones separatistas que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, no es menor ni menos nociva la deuda que el Ejecutivo ha adquirido con una de las más ultraizquierdistas de cuantas pululan por Europa, como es el caso de Podemos. El partido que lidera Pablo Iglesias no sólo alienta las vergonzosas concesiones del Ejecutivo a los golpistas, sino que, como por otra parte es lógico, plantea sus propias exigencias, que, para colmo, van mucho más allá de su cainita guerracivilismo, plasmado en la ilegal exhumación de los restos de Franco.
Los comunistas de Podemos pretenden aumentar el ya de por sí asfixiante peso del Estado en la economía e incrementar todavía más tanto el gasto y el endeudamiento públicos como la presión fiscal. Y la verdad es que el Ejecutivo de Sánchez parece muy solícito a la hora de atender estas demandas de sus compañeros de viaje ultras, como ya puso en evidencia el acuerdo suscrito la semana pasada por PSOE y Podemos para incrementar el gasto público y saltarse arteramente los límites al déficit que establecen tanto la mayoría absoluta que el PP tiene en el Senado como las propias directrices de la Unión Europea.
No menos elocuente es la disposición favorable a una subida del IRPF que ha mostrado este miércoles el Ministerio de Hacienda, tras la reunión que el Gobierno ha mantenido, durante más de cuatro horas, con representantes de Podemos con el fin de llegar a un acuerdo para los Presupuestos. Así lo ha manifestado el secretario de Organización y Programa de los neocomunistas, el descalificable Pablo Echenique, quien ha insistido a la ministra, María Jesús Montero, en que hay que subir "los tramos altos del IRPF, gravar las grandes fortunas y las transacciones financieras".
Por mucho que comunistas y socialistas digan, como siempre que se suben los impuestos, que la reforma fiscal va dirigida exclusivamente contra los "ricos", lo cierto es que las principales víctimas serán de nuevo las clases medias. Y esto es así no ya porque los verdaderamente ricos dispongan de una mayor capacidad para mover sus capitales o eludir el sablazo, sino por el lamentable hecho de que no hay suficientes ricos como para sufragar tanto gasto público.
En cualquier caso, este aumento del gasto, ya sea a costa de los contribuyentes presentes mediante una subida de impuestos o de los futuros mediante el incremento del déficit y de la deuda, es especialmente nociva si se tienen presentes los claros síntomas de desaceleración que empieza a mostrar la economía española: El INE publicó hace un par de semanas que se crearon 8.123 sociedades en junio, un 2,5% menos que en el mismo mes de 2017. La economía nacional creció un 0,6% en el segundo trimestre del año, una décima menos que en los tres trimestres precedentes y la cifra más baja desde 2014. El mes pasado se crearon 35.919 empleos, el peor julio desde 2013, mientras que el número de turistas hasta junio creció sólo un 1,8%, el repunte más bajo desde 2010.
Algunos dirán que esta desaceleración se debe en parte a que inversores y empresarios han descontado las nocivas políticas a las que Sánchez se ve abocado por su empecinamiento en gobernar con los peores resultados de la historia del PSOE y teniendo como socios a las formaciones más antisistema de Europa. Sea como fuere, lo innegable es que esta proyectada subida de impuestos va a dar la puntilla a la frágil recuperación económica.