Anteayer se reunió, previa convocatoria, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el presidente Torra –la verdad es que me cuesta aplicarle tal título, a la luz de cómo fue elegido– no participó.
Él considera que es de mayor dignidad y por ello no debe reunirse con los que son de inferior condición; una herencia del clasismo que, económico, nobiliario o por pertenencia al país, siempre ha estado presente en la historia de Cataluña.
Por la razón que sea, está en su derecho de no acudir a la reunión, pero no hacerlo porque lo único que admite es la relación bilateral con el Estado español es un acto de soberbia que no responde a la realidad política, económica y social actual de Cataluña, enfrascada en discusiones internas sobre su propio ser.
En cualquier caso, repito, no asistir es un derecho –de ejercicio irresponsable– que tiene todo convocado. Lo que no es acorde con la irresponsabilidad del derecho a no asistir es la protesta contra lo que en la reunión se decida.
La verdad es que los Gobiernos de la España democrática han sido deliberadamente débiles a la hora de poner las cosas en su sitio. La debilidad deliberada, por aquello de estar demasiado cerca de o en la transición, que requería paz para la consolidación, se ha visto superada por la debilidad, supuestamente forzada, del actual Gobierno del PSOE, presidido por el presidente Sánchez –también cuesta tal apelativo, cuando nunca ganó una elección del pueblo de España–.
Yo, que afortunadamente no soy gobernante, pero me siento gobernado y no quisiera sentirme defraudado, me pregunto qué es necesario que haga el Gobierno de Cataluña para que el presidente español tome medidas, distintas al diálogo, dado lo inoperante de éste.
¿Qué tipo de diálogo espera para controlar de nuevo las finanzas, más aún cuando Torra no acude a las reuniones de los Consejo de Política Fiscal y Financiera, y endurecer la aplicación del famoso artículo 155, también descafeinado por el Gobierno anterior?
Si no lo hace por su propia estima y por dignidad personal, hágalo por la dignidad del pueblo español, que no tiene derecho alguno a mancillar. Considere que por menos de esto se organizan levantamientos y revoluciones; pero en España todavía vivimos demasiado bien para ello, y bien lo saben los que nos gobiernan.
El pueblo español no se siente inferior, menos digno o de peor clase que el catalán, y si los catalanes –pese a todo representados, quieran o no, por su presidente– se creen con derecho a una relación bilateral con el Estado, ¿por qué no el resto de comunidades?
¿Cuándo se abandonará ese buenismo presidencial, estéril en momentos de conflicto?