Podemos presentó la semana pasada una nueva batería de subidas fiscales para prestar su apoyo al Gobierno en la aprobación de la nueva senda de estabilidad presupuestaria, paso previo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Entre otras medidas, el partido de Pablo Iglesias planteaba la creación de un nuevo impuesto sobre la banca, una tasa sobre las tecnológicas, la fijación de un tipo mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades, así como una mayor tributación sobre las grandes fortunas (Patrimonio), que, en líneas generales, ya se incluían en la hoja de ruta diseñada inicialmente por el PSOE.
Sin embargo, Podemos también exigía, a mayores, suprimir las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados, elevar el tipo marginal de IRPF a las rentas altas o derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, entre otros requisitos que, al menos por el momento, no cuentan con el visto bueno del Gobierno. Pese a todo, hay una medida específica que sí están dispuestos a negociar: la eliminación de las Sicav. Según publica este miércoles Expansión, Pedro Sánchez ofrece a Podemos acabar con las sociedades de inversión colectiva si apoya los Presupuestos.
Una Sicav es un instrumento utilizado, principalmente, por grandes fortunas para poder invertir su dinero en activos financieros. Su tributación es idéntica a la de las fondos y planes de pensiones: tributan al 1% en Sociedades y las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones para las personas físicas tributan en la base imponible del ahorro que establece el IRPF (entre un 19% y un 23%, en función de las ganancias). Así pues, no cuentan con ningún tipo de privilegio fiscal con respecto a los fondos y planes de pensiones, a diferencia de lo que señalan algunas fuerzas políticas. De hecho, las Sicav son bastante comunes en Europa, y no solo entre las familias más acaudaladas, sino entre la población en general, para rentabilizar sus ahorros.
Para crear una Sicav se deben cumplir algunos requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital mínimo de 2,4 millones de euros. Existen también restricciones a la inversión del capital de la Sicav, que debe estar destinado a valores admitidos a cotización y diversificadoentre distintas sociedades.
País Vasco y Navarra elevaron su tributación durante los años de crisis y el resultado fue su desaparición en ambos territorios forales. En la actualidad, en España operan cerca de 2.800 Sicav, con algo más de 419.000 accionistas. cuyo patrimonio bajo gestión supera los 30.000 millones de euros. Si PSOE y Podemos lograran subir su fiscalidad o modificar de forma sustancial su régimen jurídico, los expertos coinciden en que se trasladarían a otros países del euro, donde esta figura está consolidada y mucho más extendida que en España.