El Gobierno de Donald Trump ha instaurado un protocolo de desregulación por el cual se exige la eliminación de un decreto, ley o norma como requisito previo para la introducción de una nueva directriz. Como consecuencia de esta dinámica, el Ejecutivo norteamericano ha generado ahorros sustanciales en los costes administrativos que soportan las empresas, lo que supone un marcado contraste con la línea del gabinete de Barack Obama, bajo cuyo liderazgo se aprobaron miles de nuevas regulaciones con un coste acumulado de 900.000 millones de dólares.
Pero ¿cómo funciona exactamente el protocolo de desregulación que ha instaurado el nuevo gobierno? El proceso cuelga, ante todo, de Naomi Rao,una académica de origen indio con amplia experiencia en campos tan dispares como el mundo de la abogacía (trabajó una década en el bufete de arbitraje Clifford Chance), la academia (dirigió un centro de estudios en la George Mason University) y el ámbito público (formó parte del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos).
Desde el 7 de abril, Rao es la administradora de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios. Responde directamente a las órdenes de Trump, de modo que su trabajo cuenta con la máxima confianza por parte del presidente norteamericano. Esa confianza no parece haber sido defraudada: en 2017, el Gobierno que encabeza el exitoso y polémico magnate empresarial lideró la eliminación o suspensión de 1.579 regulaciones, ahorrando a las empresas más de 15 millones de horas anuales de papeleo y burocracia.
La Oficina de Rao empieza el proceso desregulatorio encargando un informe sobre la norma que pretende desmontar. Los técnicos del Gobierno federal pasan entonces a evaluar la regulación desde distintos puntos de vista: resultados, eficiencia, coste, grado de implementación, etc. Una vez se completo este trámite, la experta de Trump procede a proponer la eliminación de aquellas reglas que, o bien no arrojan los resultados esperados, o bien son demasiado costosas.
A continuación, Rao remite su informe desfavorable al departamento correspondiente, que por lo general, responde dando su "OK" a la decisión de eliminar la norma en cuestión. Se abre entonces un proceso de consulta pública, abierto a reuniones con empresas, ONGs o centros de expertos interesados en la materia. Este formalismo no tiene por qué cambiar el resultado final del proceso, especialmente si la inercia del Ejecutivo es claramente favorable a la desregulación.
De modo que, completados todos los pasos anteriores, la Oficina de Rao puede publicar los cambios normativos en el Registro Federal, algo así como el BOE estadounidense. Esto permite oficializar cada pauta desregulatoria con fecha oficial para el desmantelamiento de la norma escogida.