El Gobierno de Pedro Sánchez y el partido de Pablo Iglesias negocian ya la aprobación de un nuevo sablazo fiscal al conjunto de los contribuyentes con el fin de engordar, aún más, las arcas públicas y reforzar sus respectivas cotas de poder. La amarga derrota que cosechó recientemente el PSOE en su intento de aprobar el techo de gasto podría convertirse ahora en una victoria pírrica para sus intereses políticos, pero enormemente gravosa para los españoles, ya que ambas formaciones se acaban de otorgar una segunda oportunidad para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Podemos ha presentado esta semana una nueva lista de demandas fiscales y presupuestarias para otorgar su apoyo parlamentario y el Gobierno se ha mostrado dispuesto a negociar, lo cual, sumado a las habituales concesiones a los grupos nacionalistas, hacen temer la aprobación de unas cuentas públicas cuya entrada en vigor golpeará de lleno el bolsillo de empresas y familias, al tiempo que debilita la solvencia del Estado en un momento de creciente tensión a nivel internacional.
El partido morado propone, entre otras cosas, crear un nuevo impuesto sobre la banca, elevar el Impuesto de Sociedades, incrementar la tributación indirecta con la excusa del medioambiente, así como subir el IRPF, eliminar las deducciones sobre los planes de pensiones o destopar las cotizaciones sociales. En definitiva, una sustancial y generalizada subida de impuestos cuyo coste podría rondar los 10.000 millones de euros al año, lo cual supondría duplicar el histórico sablazo fiscal que aprobó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy tras su victoria electoral a finales de 2011. Algunas de estas medidas ya cuentan con el visto bueno de los socialistas y, si bien todavía existen ciertas discrepancias, la consecución de un acuerdo en materia fiscal es bastante probable.
Lo primero que cabe señalar al respecto es que la justificación política de esta particular batería tributaria se sustenta sobre simples y burdas mentiras. España no ha registrado la drástica austeridad que tanto han insistido en denunciar PSOE y Podemos a lo largo de los últimos años, ya que, hoy por hoy, el gasto público se sitúa en un nivel muy similar al existente en 2006 y 2007, en el pico de la burbuja inmobiliaria. Además, España es el único país de la zona euro que aún incumple el límite del 3% del PIB que exige Bruselas, mientras que la deuda pública roza el 100% del PIB, el nivel más alto del último siglo. Tampoco es cierto que estos aumentos tributarios vayan a ser soportados únicamente por las grandes empresas y las rentas altas, puesto que el hachazo se concentrará, una vez más, sobre las clases medias, que es donde se sitúa la mayoría de contribuyentes. La tasa bancaria, la subida del diésel o la eliminación de deducciones fiscales dañarán las finanzas de millones de familias. Y, por supuesto, el incremento de los impuestos y del gasto público tampoco favorecerá el crecimiento, sino que pondrá en riesgo la recuperación.
Al contrario de lo que afirman Sánchez e Iglesias, esta nueva senda fiscal perjudicará a la economía española y agrandará el desequilibrio de las cuentas públicas, tal y como ya sucedió en los años posteriores al estallido de la burbuja, demostrando con ello que la izquierda española no ha aprendido absolutamente nada de las amargas lecciones ofrecidas por la crisis. Estas subidas de impuestos constituyen un injusto y abusivo atraco a empresas y hogares, pero también una receta económica condenada al más absoluto de los fracasos.