La polémica en torno a los pisos turísticos ya se ha convertido en un clásico del verano, y este año no es diferente. Desde 2013, momento en el que el anterior Gobierno del PP decidió regular el alquiler vacacional a través de las CCAA, los gobiernos regionales han empezado a poner todo tipo de trabas y restricciones a los propietarios. Y ello, bajo el argumento de que estos pisos generan graves problemas de convivencia con el resto de vecinos e incluso son los responsables del fuerte aumento de precios que ha registrado el alquiler en los últimos años.
La maraña normativa ha llegado a tal punto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha marcado como objetivo consensuar con las CCAA una regulación básica sobre los pisos turísticos a partir de septiembre. Pero es que, además, algunas de las principales ciudades del país también han hecho lo propio con el fin de restringir aún más esta actividad, pese a que su legalidad es más que dudosa. En este sentido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de impugnar las recientes normativas de Madrid, Bilbao y San Sebastián sobre esta materia al entender que "perjudican a los consumidores y usuarios".
En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento exige una nueva licencia para alquilar viviendas a turistas, pero, por el momento, ha decretado una moratoria de un año –prorrogable– para la concesión de permisos en algunas zonas de la capital. Los particulares sólo podrán alquilar sus pisos un máximo de 90 días al año sin necesidad de licencia, pero si superan ese plazo la vivienda en cuestión deberá tener acceso independiente a la calle –básicamente, casas unifamiliares–, de modo que el Ayuntamiento acabará eliminando el 95% de la oferta.
Bilbao establece que solo pueden ser viviendas de uso turístico las plantas bajas o primeras, salvo que tengan acceso independiente a la calle, y exige una autorización y su registro, al tiempo que fija otros límites. Y algo similar sucede en San Sebastián, donde, además, se prohíben las viviendas turísticas en algunas zonas del centro.
Sin embargo, el precursor inicial de estas y otras restricciones ha sido Baleares y, especialmente, Palma de Mallorca, cuyo Ayuntamiento, gobernado por la coalición de PSOE, Més y Podemos, ha limitado de forma muy sustancial esta actividad tras reservarla únicamente para las viviendas unifamiliares. La guerra contra los pisos turísticos en las Islas comenzó a mediados de 2017 con la clara intención de reducir su número en favor de los hoteles, pero, si bien está logrando su objetivo, esto no se está traduciendo en un menor precio del alquiler, tal y como preveían los políticos, evidenciando así su fracaso.
Mallorca elimina pisos turísticos
Los últimos datos disponibles muestran que en el municipio de Mallorca el número de estancias turísticas ha bajado en 1.373 unidades en 2017, lo que supone un descenso del 34,7%, según un reciente informe de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). Pero los alquileres no han dejado de subir, tras crecer más del 16% interanual a finales de 2017, mientras que los precios de venta se dispararon cerca de un 29%.
La razón de esta escalada, por tanto, no es la vivienda vacacional. El 97% del alza de los alquileres, por el contrario, se debe a tres factores muy diferentes, según este estudio: el empleo, que ha aumentado en 11.483 personas (+6,77%) en el último año; el paro, que ha disminuido en 3.187 personas (-14,4%); y la población, que ha subido en 3.543 personas (0,88%). Es decir, la clave es el aumento generalizado de la demanda residencial, fruto de la recuperación económica.
Si se analiza el área metropolitana de Mallorca, el resultado es muy parecido. Los pisos turísticos han caído un 25%, con 1.709 unidades menos, pero el precio del alquiler tampoco ha dejado de subir. El 99% de este aumento se explica, igualmente, por el avance del empleo (+14.115 personas en 2017), la caída del paro (-3.546 personas) y el aumento de la población (+3.482).
Asimismo, Baleares arroja más de 64.000 empleos netos acumulados desde 2015, así como cuatro años de crecimiento sostenido por encima de la media nacional, gracias, en gran medida, al empuje del sector turístico.
Y si a esa mayor demanda se le suma una escasa oferta, el precio del alquiler, como es lógico, sube. No en vano, Baleares, al igual que ha sucedido en el resto del país, sufrió un importante parón inmobiliario como consecuencia del estallido de la crisis, pasando de construirse más de 11.000 nuevas viviendas en 2002 a tan sólo de 1.000 en 2016.
El volumen de viviendas turísticas, por su parte, apenas supera las 40.000 en 2017, menos del 7% del parque inmobiliario total en las Islas y tan sólo el 1,4% del de Mallorca. Además, el 65% de los inmuebles turísticos son casas unifamiliares y se encuentran, principalmente, en municipios con alta proporción de segundas residencias. Los datos, por tanto, desmontan la afirmación de que los pisos turísticos son los responsables del encarecimiento del alquiler.
