El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) propuso este jueves congelar las exigencias de aumentos anuales de eficiencia energética de los automóviles, impulsadas por el expresidente Barack Obama, al asegurar que eleva los costes de los vehículos y obliga a mantener una flota más vieja y menos segura. "Unos estándares más realistas promoverán una economía más saludable que lleve coches más nuevos, limpios, seguros y más eficientes a las carreteras de EEUU", dijo Elaine Chao, secretaria de Transporte, al dar a conocer la iniciativa.
De este modo, los niveles de eficiencia en el consumo de los automóviles establecidos para 2020 se aplazarían a 2026. La propuesta de la Administración Obama (2009-2017) aplicaba progresivos incrementos anuales hasta alcanzar las 54,5 millas por galón en 2026 (23 kilómetros por litro). Frente a esto, con la nueva propuesta de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Dirección de Seguridad en el Tráfico (NHTSA) señala que se mantendrían congelados en el nivel exigido para 2020 en 41,7 millas por galón (18 kilómetros por litro).
El Gobierno del presidente Donald Trump asegura en su nuevo proyecto que los ambiciosos objetivos precedentes suben los precios de los nuevos vehículos y llevan a los conductores a mantener unos automóviles más contaminantes. De hecho, considera que se producirían 1.000 muertes menos en las carreteras. "Mantener los niveles exigidos previamente añadirían 2.340 dólares al coste de compra de un coche, e impondrían más de 500.000 millones en costes totales a la economía", agregó.
En 2012, tras dos años de trabajos, el Gobierno Obama anunció un acuerdo por el que los automóviles y camionetas ligeras duplicarían la media de eficiencia de combustible (lo que supone un menor consumo y reducción de emisiones) respecto a la existente en el momento.
La Alianza de Fabricantes de Automóviles de Estados Unidos (AMA) y los Fabricantes de Automóviles Globales, que agrupa a las grandes industrias como General Motors, Ford, Fiat Chrysler y Toyota, aplaudieron la iniciativa y aseguraron que "los niveles de eficiencia están basados en los mejores datos disponibles y reflejan realidades del mercado".
Por su parte, grupos de protección del medioambiente criticaron la marcha atrás dada por la Administración Trump. "Para el 2030, la contaminación generada por esta decisión sería equivalente a 30 nuevas centrales eléctricas de carbón. Esta decisión beneficia a las industrias petroleras. Pero no serán otros mas que los ciudadanos estadounidenses quienes pagarán con su dinero y su salud", subrayó Paul Cort, abogado de Earthjustice.