El gremio del taxi decidió en la noche del pasado miércoles desconvocar la huelga indefinida que sufrieron varias ciudades de España después de que Fomento permita a las CCAA regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a partir del próximo septiembre. El Departamento que dirige José Luis Ábalos optó, finalmente, por otorgar a las autonomías que así lo deseen la capacidad regulatoria necesaria para que gestionen este sector en su territorio, sin necesidad de traspasar las competencias que ejerce el Estado en materia de transporte, tal y como barajó al principio, ya que esta fórmula tendría un complejo encaje legal.
Sin embargo, esta medida no garantiza el fin del conflicto, sino que lo aplaza. Aún queda por ver qué comunidades solicitan esta capacidad regulatoria y, una vez asumida, en qué dirección se lleva a cabo. La intención de los taxistas es que las autonomías, más sensibles a la presión que puedan ejercer en la calle, acaben aceptando sus reivindicaciones para, en última instancia, habilitar una nueva licencia urbana de VTC por parte de los ayuntamientos con el fin de eliminar la mayoría de estos vehículos. Esto es, precisamente, lo que intentó hacer la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el pasado junio, pero su plan fue anulado por la Justicia, desatando con ello la actual ola de protestas.
Y todo ello, según este gremio, en base al manido argumento de que es necesario cumplir con la ratio de una VTC por cada treinta taxis que establece la ley. En la actualidad, en España operan cerca de 65.000 licencias de taxi frente a los poco más de 9.000 VTCs, lo que arrojaría una ratio de 1/7, inferior en todo caso al registrado en la mayoría de países europeos. Además, el sector está pendiente de la autorización de miles de VTC adicionales por parte de la Justicia, con lo que esta proporción podría estrecharse aún más en los próximos meses.
Según alega el taxi, estas cifras demuestran que la ley, donde se fija la citada ratio 1/30, no se está cumpliendo, exigiendo así medidas adicionales para eliminar los VTCs que superen dicho límite, a pesar de que ya poseen una licencia estatal para operar. La imposición de una segunda licencia obligatoria a nivel municipal podría servir para lograr el ansiado objetivo de los taxistas.
Sin embargo, el argumento de la ratio 1/30, clave en todo su discurso, es falso. No es cierto que la ley imponga dicha proporcionalidad de forma literal y taxativa. De hecho, los VTCs cumplen estrictamente la legislación vigente. No existe, por tanto, ninguna irregularidad susceptible de ser subsanada por las autoridades, tal y como afirma el taxi.
Origen y suspensión de la ratio 1/30
El citado límite no es algo nuevo, sino que viene de muy atrás. En concreto, es en la Ley de ordenación del transporte terrestre (LOTT) de 1987 y su posterior desarrollo reglamentario donde se fija la famosa ratio de una VTC por cada treinta taxis -ideada, en principio, para restringir el número de limusinas en circulación-.
Esta proporción se mantuvo intacta hasta 2009, momento en el que el Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero aprueba una ley ómnibus para liberalizar el sector servicios, incluyendo los VTCs, debido a la transposición al ordenamiento jurídico español de una directiva europea. Es aquí donde se liberaliza el sector del transporte -por decisión del PSOE, ya que el transporte estaba, a priori, excluido de la directiva-, suprimiendo con ello la citada ratio. Al no existir límites cuantitativos, las autoridades competentes empezaron a conceder todas las licencias de VTC que se solicitaron, especialmente tras la aparición de Uber y Cabify, superando así la histórica proporcionalidad vigente hasta entonces.
Pero la presión del taxi comenzó a hacer efecto y, en 2013, el Gobierno, entonces en manos del PP, decidió restablecer la ratio 1/30 mediante una reforma de la LOTT. Sin embargo, no es hasta 2015, cuando se aprueba un nuevo reglamento del transporte, que entra en vigor. De este modo, todas las autorizaciones de VTC concedidas entre 2009 y 2015 son perfectamente legales, ya que las leyes no se pueden aplicar con carácter retroactivo, tal y como ha dictaminado el propio Tribunal Supremo en diversas sentencias a lo largo de los últimos años. Tan sólo a partir de ese momento vuelven a limitarse las licencias VTC, pero, única y exclusivamente, para los nuevos permisos, no para los concedidos previamente.
Además, la ley nunca ha impuesto esta ratio de forma obligatoria, puesto que las autoridades competentes pueden establecer otra limitación al número de VTCs, siempre y cuando sea menos restrictiva que la proporción 1/30.
Al tratarse de licencias legales, es muy difícil que las Administraciones Públicas puedan anularlas sin más, ya sea de forma directa o indirecta, mediante la exigencia de una segunda licencia municipal o cualquier otro requisito. Y es que, en tal caso, este atropello podría ser recurrido ante los tribunales e incluso ante la UE. Tal y como advirtió el pasado jueves Unauto, la patronal de VTCs, "las leyes no pueden ser retroactivas, por lo que retirar cualquier licencia concedida, como pretende el taxi, sería una aberración jurídica, además de ilegal e inconstitucional". Y, en todo caso, de llegar a producirse, tal anulación sería susceptible de ser compensada mediante el cobro de las indemnizaciones correspondientes, a cargo, eso sí, del bolsillo de todos los españoles.