Tres escenas apocalípticas y en apariencia inconexas entre sí, pero solo en apariencia, mantienen aún dilatadas las retinas de los espectadores españoles a estas cansinas horas de finales de julio. La primera, más propia del enésimo remake de Mad Max que de un telediario europeo, ofrecía la posibilidad de contemplar a centenares de varones africanos jóvenes y semidesnudos celebrando eufóricos el haber asaltado por la fuerza la frontera vallada que protege el territorio de la Unión Europea en la ciudad española de Melilla. Gracias a la segunda, rodada a centenares de kilómetros de allí en uno de los lujosos despachos de la alta dirección del primer banco privado del país, los testigos atónitos de la anterior pudieron acusar recibo de que la citada entidad, el Banco de Santander por más señas, incluso considerará deslocalizar su sede en el supuesto de que se implante un nuevo tributo a la banca con el objeto de costear el sistema de pensiones. En la tercera, en fin, cabía observar cómo miles de taxistas barceloneses cercaban los centros neurálgicos de la segunda ciudad del país en airada protesta por la competencia de Uber y Cabify en su sector. Estampas solo en apariencia inconexas, decía al principio. Y es que, contra lo que pueda parecer a primera vista, tienen mucho, demasiado en común. Al cabo, migraciones transcontinentales, incontroladas y masivas de mano de obra poco o nada cualificada, colapso fiscal de un Estado incapaz ya de financiar y sostener a largo plazo servicios públicos universales de calidad razonable e irrupción acusada en el mercado laboral de nuevos empleos caracterizados por su mínima retribución y escasa productividad, muchos de ellos vinculados a las nuevas tecnologías de la información, son en el fondo tres caras de una misma y única realidad insostenible.
Por lo demás, y como fantasear es gratis, puede el Gobierno soñar con que el Banco de Santander va a evitar con sus impuestos que la Seguridad Social quiebre, tal como coinciden todas las proyecciones actuariales, en el año 2030. Puede fantasear, sí, pero eso no va a ocurrir. Llegado el 2030, se estima que faltará un 25% del dinero necesario para pagar a los pensionistas. En números redondos, unos 30.000 millones de euros anuales. ¿Y podríamos quitar esos 30.000 millones a los bancos? Bueno, va a ser un poco difícil. Piénsese que la recaudación total del Impuesto de Sociedades, esto es lo que tributan al año por ese concepto la totalidad de las empresas españolas, ronda ahora mismo los 24.000 millones de euros. ¿Alguien en su sano juicio puede creer que en 2030 se podría desviar solo para pagar las pensiones la cantidad íntegra que el Estado recauda por ese concepto? Ni en broma. La coartada de ese impuesto es pura demagogia populista. No, las pensiones no las va a pagar el Santander, pero tampoco Uber. Al contrario, lo que haría Uber sería agravar mucho más el horizonte de quiebra financiera de la Seguridad Social. Permitir que se implante entre nosotros el modelo de negocio original de Uber, esa plataforma virtual cuya tecnología no deja de consistir en más o menos lo mismo que pedir un taxi por teléfono, crearía, sin duda, otros miles de nuevos puestos de trabajo precarios y mal pagados en España, empleos que podrían ocupar bastantes de esos inmigrantes poco cualificados que estos días andan a palos con la Guardia Civil para tratar de saltar la verja de Melilla.
De hecho, con Uber o sin Uber, esa es de un tiempo a esta parte la gran especialidad de la economía española: crear miles y miles de nuevos empleos precarios y mal pagados que acaban ocupando por norma miles y miles de inmigrantes poco cualificados. Inmigrantes que, al igual que el Santander y que Uber, no van a pagar nunca nuestras pensiones. Y por una razón simple, a saber: porque un taxista de Barcelona o de Madrid tiene unos ingresos anuales por su trabajo muy superiores a los de un conductor ocasional de Uber. Ingresos razonablemente altos que le permiten, a diferencia de lo que ocurre con el conductor de Uber, pagar con sus impuestos a Hacienda el coste de los servicios públicos que él y su familia consumirán a lo largo de su vida, desde el colegio de los hijos a la sanidad, la dependencia o la pensión de jubilación. De ahí que un taxista de Barcelona, al contrario que un conductor de Uber, no suponga una pesada carga para los contribuyentes. Aquí y ahora, en la España cuyo sistema de pensiones entrará en quiebra técnica dentro de una década, el modelo Uber forma parte del problema, no de la solución. Porque España no necesita ni ese tipo de inmigración, ni ese tipo de modelos de empresa, ni tampoco ese tipo de atajos impositivos como el que acaba de inventarse Sánchez para la banca. Lo que necesitamos, y con urgencia, es una economía que huya como de la peste del suicida modelo low cost. Por cierto, un modelo, el del barato, barato, que no fue creado por las fuerzas ciegas y espontáneas del mercado, sino por decenas de leyes de obligado cumplimiento que PP y PSOE llevan más de treinta años publicando en el Boletín Oficial del Estado.