El déficit de las administraciones no está en el debate público español. Y si lo está, es para pedir más. El Gobierno español (el del PP y, todavía más el del PSOE) le exige a Bruselas año tras año que sea comprensiva y nos otorgue más margen para incrementar (o reducir lo mínimo posible) nuestros números rojos. La oposición va más allá y no hay semana en la que no se escuche alguna voz que reclame que rompamos la baraja e ignoremos (todavía más) las exigencias de la Comisión Europea. Y en los medios, cualquier ajuste del gasto se asocia a recortes, pérdida de derechos o servicios públicos bajo mínimos.
Sin embargo, lo cierto es que hay varias cifras (aquí destacaremos cuatro) sobre el déficit muy preocupantes, al menos si se comparan con las de los países de nuestro entorno. Hablan de un estado muy endeudado y que no está utilizando los años buenos para acumular reservas de cara a los años malos. Más bien al contrario: si se produce una nueva crisis, nuestra situación de partida será mucho peor que la de 2007. Eso sí, no parece que esto genere demasiada tensión entre nuestros políticos. Como casi siempre, si vienen mal dadas, será el momento del lamento retrospectivo. Pero entonces, el margen de maniobra será mucho menor.
- Tres: es el número de años que España cumplirá en este 2018 como país con más déficit de la Eurozona (19 miembros). Si las previsiones de primavera de la Comisión Europea son acertadas, el año que viene nos superará Francia. Pero no porque nosotros bajemos mucho nuestra cifra de déficit (lo reduciremos poco, si es que lo hacemos), sino porque los galos lo harán todavía peor. Y, por supuesto, no hay ninguna seguridad de que cumplamos con el objetivo prometido a la UE, sea éste el 2,2% o el 2,6% del PIB. De hecho, en la última década sólo lo hemos logrado una vez.
Como vemos en el gráfico, por ahora lo único que está claro es que en 2016 y 2017 España fue el país de la zona euro con mayor desequilibrio en las cuentas públicas. Y este año volverá a pasar lo mismo. Por cierto, que en 2015 lo fue Grecia y antes Chipre y Portugal, países todos ellos que necesitaron de un rescate desde Bruselas.
Además, esto del déficit, aunque a veces lo parezca, no es como una maldición bíblica, que te cae encima y de la que no puedes escapar. Ni mucho menos. Para este año, por ejemplo, la Comisión prevé que 9 de los 19 estados de la Eurozona presenten equilibrio presupuestario o superávit. España no será uno de ellos.
- Del 1,4% del PIB al 3,1%: es la diferencia entre el déficit previsto para 2017 en el cuadro macro de la primavera de 2015 y el que finalmente alcanzamos.
Lo explicábamos este sábado en Libre Mercado con la siguiente tabla, pero merece la pena hacer un par de consideraciones al respecto. Cuando nuestros gobernantes dicen que han cumplido con Bruselas (sólo en 2017) o se han quedado cerca del objetivo, en realidad están manipulando la realidad. Es cierto que en algunos de los últimos ejercicios la cifra final ha sido más o menos cercana al último fijado objetivo (ni mucho menos en todos ellos, por ejemplo, en 2015 la desviación fue de un punto del PIB). Pero no es menos cierto que ese objetivo final tenía que ver muy poco con el inicial. La Comisión Europea no deja de ser un órgano político y como tal trata a los estados y a los gobiernos. Cuando uno incumple, lo normal es que vayan adaptando los límites para ponérselo más fácil. Como los malos colegios hacen con los alumnos poco estudiosos a los que quieren aprobar por decreto.
Porque, a pesar de lo que a veces se transmite, el problema de España no es de una décima arriba o abajo. Por ejemplo, tomemos los dos últimos años. Hemos pasado de prometer un déficit del 2,8% del PIB en 2016 a terminar el año en el 4,3%: un punto y medio más en términos de PIB (una desviación del 50% respecto al objetivo original). Y el año pasado, aunque es cierto que cumplimos el último acuerdo con Bruselas, no podemos olvidar que el compromiso original no era del 3,1% del PIB, sino del 1,4%: la desviación fue de más del doble respecto a esa cifra inicial.
- 3,3%: la culpa no es de la crisis. La excusa sonaba bien, al menos durante unos años. Lo que nos decían es que el déficit no era responsabilidad del derroche de los gobiernos españoles, del descontrol del gasto o del hecho de que en España nadie está dispuesto a asumir que más gasto implica también más impuestos (o que menos impuestos harán imprescindible recortar partidas del Presupuesto).
Pues bien, hay que cambiar, también aquí, el relato. De acuerdo a la Comisión Europea, el déficit público ajustado al ciclo fue del -3,0% en 2017 ¡y será del -3,3% este año! Es decir, todavía peor que la cifra de déficit total. También en esto somos los primeros de la Eurozona. Un liderato del que no podemos sentirnos muy orgullosos. Y algo parecido podemos decir del déficit primario (sin contar pago de intereses) ajustado al ciclo, que en España alcanzará el 0,9% del PIB este año, sólo por detrás de Estonia y Letonia.
Esto tiene muchas implicaciones y todas ellas preocupantes. Lo primero es que es previsible que en cuanto llegue la crisis el golpe para España sea mucho más duro que para otros países. Nuestra reducción del déficit se ha conseguido casi porque no quedaba otra. Un par de años de contención obligados por Bruselas y luego lo que permita el crecimiento (se reducen gastos como el desempleo y suben ingresos tributarios por la mejora de la economía). Pero ni un ajuste estructural. Cuando las tornas cambien, no hace falta ser adivino para intuir lo que ocurrirá, se disparará el déficit de nuevo, como en 2008-2010.
- 2007: la última cifra relacionada con el déficit que da que pensar tiene que ver con un año, 2007, y la situación que tenía entonces la economía española. En aquel momento, justo antes de que se iniciase la tormenta, nuestro punto de partida era mucho más saneado. No hay que olvidar que en 2006 y 2007 las administraciones públicas españolas tuvieron superávit: del 2,2 y 1,9% del PIB. Es verdad que eran unas cifras un tanto ficticias, derivadas de unos ingresos tributarios asociados al ladrillo que se demostraron insostenibles a medio plazo. Pero también es cierto que creaban un colchón para amortiguar el primer golpe.
Porque, además, también en deuda pública partimos de una realidad muy diferente. Hace doce años España entraba en la crisis con un nivel de deuda pública del 35,6% del PIB. A finales de 2017 alcanzó el 98,3%. Parece claro que el punto de partida actual no es el mismo.
El resumen
Lo que queda es un Gobierno que cree que el déficit no sólo no es un problema, sino que incluso insinúa que el verdadero problema es no tener más déficit. Tanto el presidente como los ministros ya han dicho, en reiteradas ocasiones, que cumplir con la senda comprometida con Bruselas nos llevaría a un menor crecimiento, a dañar el Estado de Bienestar, a recortes en los servicios públicos esenciales... Un déficit superior al que teníamos antes de la última crisis y que, mirado en términos estructurales (sin tener en cuenta los ingresos extra que nos aporta el buen momento actual del ciclo económico), está en una situación todavía más preocupante.
Además, ya no tenemos amortiguador por la parte de la deuda, que roza el 100% del PIB. Y llevamos más de una década incumpliendo (por mucho, de forma reiterada y sin ningún atisbo de que eso vaya a cambiar) con todos los compromisos realizados a nuestros socios de Bruselas, que fueron los que salieron en nuestro rescate en 2010 y 2012, cuando los mercados de deuda se secaron para el Reino de España. La pregunta es qué pasará si vuelve a haber una situación de tensión en esos mismos mercados, algo que puede ocurrir por muchas causas no todas bajo nuestro control: desde un Brexit más duro del esperado, una ruptura de la Eurozona por parte del nuevo Gobierno italiano o un shock de la economía mundial provocado por la guerra comercial que se anticipa. ¿Qué ocurriría en ese caso? Nadie lo sabe. La verdad, viendo como se comportan políticos y medios de comunicación españoles, tampoco parece que haya demasiada preocupación al respecto.