En las últimas semanas, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la adopción de distintas medidas fiscales orientadas a disparar significativamente la recaudación de Hacienda. Como ha explicado Libre Mercado, si se aplican las ocho propuestas tributarias que están encima de la mesa, los ingresos públicos aumentarían en 32.000 millones de euros cada año, deprimiendo un 2,85% el PIB.
A la hora de vender sus propuestas ante la opinión pública, el Ejecutivo ha llegado a hablar de "impuestos que no afecten a la economía" o de tributos que no golpeen a los trabajadores, sino a las empresas. Sin embargo, pese a los eufemismos que pretende manejar Moncloa, la cruda realidad económica apunta que las cargas fiscales impuestas a las sociedades mercantiles redundan siempre en un golpe a los asalariados.
Como explico en mi libro Por qué soy liberal (Ediciones Deusto, 2017), los cuarenta y cinco estudios académicos más citados sobre el impacto real del Impuesto de Sociedades en el mundo desarrollado apuntan que el 60% de la carga ligada a dicho gravamen recae sobre los trabajadores, en forma de sueldos más bajos.
Hay estimaciones aún más pesimistas que, no obstante, figuran entre las más reputadas dentro de esta materia de estudio. Los estudios de Desai, Foley y Hines, Arumpalan, los trabajados de Devereux y Maffini, los cálculos de Fuest, Peichl y Siegloch o las investigaciones de Aus dem Moore llegan a una misma conclusión: más que un 60%, la carga del Impuesto de Sociedades que las empresas trasladan a los sueldos de sus trabajadores ronda el 75%.
Por tanto, si el gobierno aumenta en 100 euros la recaudación del Impuesto de Sociedades, entre 60 y 75 euros de ese aumento de costes serán repercutidos a los trabajadores, bien cancelando posibles subidas salariales, bien reduciendo directamente los salarios. No hay, por tanto, una merienda gratis en la que la caída del beneficio inducida por Hacienda no tenga ninguna consecuencia secundaria. Las empresas reaccionan a los golpes fiscales ajustando sus costes operativos, especialmente los salariales. De modo que, por desgracia para los trabajadores españoles, la agenda tributaria de Pedro Sánchez terminará repercutiendo en sus sueldos, precisamente ahora que el Ejecutivo quiere empujar al alza la retribución de los trabajadores.
Huelga decir, por otra parte, que el resto de la carga fiscal tampoco se financia con el aire. Ese 25-40% que no se repercute sobre los salarios se traduce en precios más altos, perjudicando al conjunto de los consumidores, o en dividendos más reducidos, golpeando a inversores y ahorradores. De modo que los efectos secundarios no acaban en el deterioro salarial de los trabajadores de las empresas afectadas, sino que también se extienden a muchos otros ámbitos de la economía.
Las modificaciones de la fiscalidad empresarial que Sánchez ha propuesto incluyen una tasa tecnológica (600 millones), un impuesto a las transacciones financieras (1.000 millones), un impuesto a la banca (1.000 millones), un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades (6.000 millones) y un recorte de las deducciones empresariales (10.000 millones). Por tanto, hay 18.600 de sus 32.000 millones de aumento recaudatorio que van a salir, en teoría, del bolsillo de las mercantiles.
Sin embargo, como estamos diciendo, entre 11.000 y 14.000 de esos 18.600 millones van a trasladarse a los trabajadores, bien aminorando las subidas de sueldo, bien reduciendo nominalmente sus ingresos. Por otro lado, entre 4.600 y 7.600 millones van a trasladarse a consumidores, inversores y ahorradores, con peores precios y dividendos más bajos. De modo que el impacto final terminará, en efecto, esparcido por toda la economía.