La discusión económica se centra, a menudo, en el coste inmediato que tienen las distintas medidas propuestas por los principales partidos políticos. Sin embargo, tan importante como ese corto plazo es el análisis de las dinámicas de largo plazo que, en última instancia, marcan la trayectoria macroeconómica del país.
Como explicó Libre Mercado, la OCDE ha explicado en un interesante informe que el tamaño del Estado español es demasiado grande para los niveles de eficiencia que registran nuestras Administraciones Públicas. Según el estudio de marras, elaborado por Jean-Marc Fournier y Asa Johansson, el PIB de nuestro país podría crecer un 5% si se aprobase una ronda de medidas de austeridad orientada a reducir el coste del Estado.
Esto no tiene por qué suponer una pérdida de calidad en los servicios públicos. Pese a los ajustes presupuestarios que fueron aprobados en los peores años de la crisis, los indicadores de calidad apuntan a un cambio a mejor en áreas como la sanidad, la educación o la innovación. Por tanto, se trata de hacer más con menos, reduciendo la grasa de los presupuestos públicos y logrando unos servicios más eficientes.
Pero la conversación política no está girando en torno a estas líneas de actuación, sino todo lo contrario. Desde que llegó al poder, el gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto una batería de subidas fiscales que amenazan con aumentar la recaudación fiscal en 32.000 millones de euros. Semejante golpe al sector privado tendría un coste medio de casi 700 euros por habitante, según los cálculos del Impuestómetro que presentó Libre Mercado.
El PIB en su conjunto caería un 2,85%
Sin embargo, consolidar "Estado Obeso" por el que apuesta Sánchez tendría otras consecuencias negativas. Así lo acredita un informe de BBVA Research que lleva por título Estructura fiscal, crecimiento económico y bienestar. Este documento analiza la estructura impositiva de nuestro país con ánimo de estudiar los efectos que tienen las decisiones de política fiscal en términos de crecimiento económico y bienestar social.
Dicho informe apunta que una subida de la recaudación fiscal equivalente al 1% del PIB deprime el tamaño de la economía por un monto que va del 0,75% al 1,22%, dependiendo del tipo de medidas fiscales introducidas (consumo, renta, capital o cotizaciones). Dicha caída de la actividad se manifiesta en un plazo de dos años, de modo que sus efectos se observan de forma relativamente veloz.
Si tomamos como referencia el aumento recaudatorio que defiende Sánchez y aplicamos las conclusiones del estudio de BBVA Research, llegamos a la conclusión de que el PIB se reduciría un 2,85% como consecuencia de la caída de actividad motivada por el paquete fiscal con el que el gobierno socialista quiere financiar su ideal de Estado Obeso. De modo que el salto final sería francamente negativo: el sector privado perdería 32.000 millones y la economía en su conjunto se deprimiría en un monto prácticamente equivalente (31.827 millones).
Así las cosas, aumentar la recaudación no genera un cambio a mejor en el conjunto de la actividad económica: la práctica totalidad de la subida de ingresos se traduciría en una caída de la producción anual, con el consecuente golpe a la demanda y, por extensión, a las empresas y las familias. Una receta que acelerará el agotamiento del ciclo de crecimiento en el que entró España hace cuatro años y que nos colocaría más cerca de un giro a peor, precisamente ahora que el entorno internacional cambia a peor (mayor volatilidad financiera, peores condiciones monetarias…) y con el agravante de que la deuda pública española ha llegado al 100% del PIB y podría ir a peor en los próximos años (sobre todo después de que el gobierno del PSOE anuncie que aumentará sus objetivos de déficit en 25.000 millones).