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Alarma entre los contribuyentes de Madrid por la posible subida de Sucesiones: "Es la ruina por decreto"

La plataforma Stop Sucesiones amenaza al Gobierno con manifestaciones si llegara a poner en marcha la armonización del impuesto. 

La plataforma Stop Sucesiones amenaza al Gobierno con manifestaciones si llegara a poner en marcha la armonización del impuesto. 
María Jesús Montero | EFE

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones podría desaparecer tal y como lo conocemos hasta ahora. Las Comunidades Autónomas gestionan al 100% este tributo, una idea que no convence al Gobierno de Pedro Sánchez.

En algunas regiones, como Asturias, heredar supone un auténtico calvario para los familiares del fallecido debido a los elevados gravámenes que impone esta región. En el lado contrario están la Comunidad de Madrid o Canarias, que tienen bonificada casi la totalidad del impuesto.

Pero a la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parece no gustarle que las autonomías favorezcan con impuestos bajos a sus habitantes, e incluso, compitan entre sí. De hecho, cuando era consejera de Hacienda en Andalucía apoyó junto a Susana Díaz en la idea de calificar a la Comunidad de Madrid como un "paraíso fiscal".

Armonización de Sucesiones

Así, todo apunta a que, tras su llegada al Ministerio, Montero intente coartar la libertad fiscal de las autonomías. Según publicó ayer miércoles El Economista, el plan de la ministra es establecer un tipo fijo de Sucesiones para todo el país "después de que el nuevo Ejecutivo haya sugerido en varias ocasiones en privado que desea dar este paso respaldado con mayor o menor entusiasmo por dirigentes autonómicos socialistas de la talla de Javier Lambán, Emiliano García Page o Susana Díaz".

Dice este diario que Montero dará a conocer sus intenciones en el Consejo de Política Fiscal que se celebra hoy, aunque fuentes de Hacienda aseguran a Libre Mercado que "no está en el orden del día ni se tratará" el tema. "Ahora estamos en otra cosa, en el futuro se verá", añaden.

"No me sorprende que vayan a hacer la armonización fiscal del impuesto. Con la ministra Montero era evidente", asegura a este periódico Eligio Taboada, el presidente de Stop Sucesiones, una plataforma civil que intenta acabar con este tributo. Aunque Hacienda no ha llevado a cabo ningún anuncio sobre Sucesiones (tiene otra batería de subidas de impuestos en marcha) ni se ha pronunciado oficialmente al respecto, los rumores se han disparado en los últimos días.

"Preocupación" entre los contribuyentes

Taboada asegura que hay "preocupación" entre los contribuyentes de las regiones con menor carga fiscal en Sucesiones."Llevo una semana recibiendo continuas llamadas desde Madrid preguntándome si eso es así. La gente está empezando a buscar asesoramiento ante este futuro negro", añade.

Desde la creación de Stop Sucesiones, sus miembros han buscado "la supresión de este impuesto en toda España", recuerda su presidente. Aplicar un tipo único para todo el país supondría "la desamortización del ciudadano. Quitarle sus bienes para entregárselos al despilfarro público. Es la ruina por decreto".

Plataformas como Stop Sucesiones ha liderado las primeras manifestaciones de contribuyentes del país a lo largo de 2017 y 2018, y cuya única petición consistía en que los políticos dejen de meterle la mano en el bolsillo con este tributo. Ahora, Taboada avisa a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero con más movilizaciones. "Si se confirma que Madrid, Canarias o Extremadura tienen que pagar más, que es los que es la armonización, tendrán una contundente respuesta civil el próximo mes de octubre en las calles. Será la primera manifestación ante el exterminio fiscal de este Gobierno", avanza Taboada.

Como ya ha anunciado Montero con el mínimo del 15% en Sociedades, otra fórmula para transformar Sucesiones sería el establecimiento de un tipo mínimo. "Podría parecer más lógico, porque quizá se podría hacer por decreto ley, pero entiendo que comunidades como Madrid se rebelen y se rasguen las vestiduras. Lo han hecho muy bien, y sus bajos impuestos son su carta de presentación para inversores y empresas", asegura el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich.

Para el experto, lo ideal es un Impuesto de Sucesiones "con tipos bajos y exenciones altas.No se puede tener todo alto: el IBI, las rentas de capital inmobiliario del IRPF, Patrimonio, Sucesiones…". Una de las principales críticas al impuesto de Sucesiones viene por la doble tributación por unos bienes que el fallecido ya pagó al fisco en vida.

Las diferencias entre las CCAA

La factura a pagar por el Impuesto de Sucesiones depende de varios factores, como el grado de parentesco de los beneficiarios o la cuantía de la herencia. A los parientes de grado I y II (cónyuge, descendientes o ascendientes) se les aplica menor presión fiscal y en algunas regiones se establecen bonificaciones si no se superan determinados límites en la valoración del patrimonio, aunque en muchas ocasiones estas valoraciones están infladas y no corresponden al valor del mercado.

Por ejemplo, el pasado mes de enero entró en vigor en Andalucía, que hasta entonces era una de las autonomías más voraces con los herederos, la exención del Impuesto de Sucesiones para parientes directos que hereden un patrimonio de menos de un millón de euros. Regiones como Extremadura o Murcia también han reducido la fiscalidad.

"Montero no quería elevar el mínimo en Andalucía estando de consejera. Fue una aprobación forzosa con Ciudadanos porque siempre ha dicho que el Impuesto de Sucesiones grava a los ricos, cuando lo que hace es gravar el trabajo de las clases medias.Se lo pedimos, pero nunca quiso reunirse con nosotros", cuenta Eligio Tabada.

En la siguiente tabla, elaborada por el Consejo General de Economistas, se plantea cuánto tendría que pagar un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a la vivienda del fallecido. Las diferencias entre morir en una región u otra de España son abismales. Mientras que en Andalucía el beneficiario no tendría que pagar nada a las arcas públicas o una cantidad simbólica de 134 euros en Canarias o 1.586 euros en Madrid, en Asturias o Aragón el impuesto superaría los 100.000 euros.

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