Nada más llegar al gobierno, el presidente Pedro Sánchez anunció que cumpliría los compromisos adquiridos con Bruselas en materia presupuestaria. El nombramiento de Nadia Calviño como ministra de Economía fue interpretado como una señal en esta dirección, dada la dilatada carrera de la tecnócrata gallega en las instituciones comunitarias. Sin embargo, los planes de Moncloa han cambiado en menos de un mes de gobierno.
Así, la pasada semana conocíamos los nuevos planes fiscales que maneja el Gobierno socialista. Según explicó María Jesús Montero, responsable del ministerio de Hacienda, el plan del gabinete de Pedro Sánchez es elevar el objetivo de déficit planteado para los próximos cuatro ejercicios: 2018, 2019, 2020 y 2021.
La senda de reducción del descuadre fiscal que el gobierno de Mariano Rajoy había pactado con los socios europeos arrojaba un déficit del 2,2% del PIB en 2018. Sin embargo, este objetivo pasa ahora a ser del 2,7% del PIB, cinco décimas por encima. Algo similar ocurre con las cuentas para 2019: aunque el Ejecutivo popular contemplaba un déficit del 1,3% del PIB, el nuevo gobierno pretende saldar dicho ejercicio con un descuadre del 1,8% del PIB.
También hay diferencias planteadas para los dos siguientes cursos. En 2020 se esperaba un descuadre del 0,5% del PIB que ahora pasa a ser del 1,1% del PIB, un aumento de seis décimas. Para 2021, el objetivo fijado por la Administración Rajoy apuntaba a un tímido superávit del 0,1% del PIB, mientras que Sánchez se compromete a cerrar el año con un déficit del 0,4% del PIB.
En total, hablamos de un desfase fiscal adicional equivalente al 2,1% del PIB. Si tomamos como referencia las cifras del INE sobre la producción bruta de nuestra economía, el peso real de dicha magnitud sería de 23.400 millones de euros. Y, en la medida en que dichos recursos serán financiados vía emisiones del Tesoro, la deuda pública va a experimentar un aumento muy superior al esperado.
La situación resulta especialmente sangrante porque, como acredita el Día de la Deuda que publican Foro Regulación Inteligente e Instituto Económico Molinari, España es el segundo país de la UE-28 que cubre un mayor número de días de gasto fiscal con emisiones de nuevas obligaciones financieras en vez de con recursos propios.
Para poner esos 23.400 millones de euros en perspectiva, podríamos comparar dicha magnitud con dos variables. Si los oponemos al número de asalariados, vemos que cada trabajador soportaría 1.230 euros más de carga fiscal como consecuencia del deterioro de los objetivos de déficit. Si los comparamos con el número total de habitantes, la cifra a la que llegamos es de 540 euros por español.