Libre Mercado explicó en abril que el objetivo fiscal de Pedro Sánchez es aumentar la recaudación fiscal en más de 40.000 millones de euros anuales. Ahora que el líder socialista está en La Moncloa, sus planes van a pasar del papel a la realidad. De momento, las ocho medidas recaudatorias que baraja el nuevo presidente del gobierno supondrían, en caso de aplicarse, una subida fiscal valorada en casi 32.000 millones de euros, cifra equivalente a unos 700 euros por ciudadano. Así lo determina el Impuestómetro, una herramienta del think tank Foro Regulación Inteligente que permite calcular el impacto de las distintas propuestas fiscales planteadas por gobierno y oposición. El cálculo se desglosa del siguiente modo:
- Subida de cotizaciones a los autónomos.Entre el 80% y el 90% de los trabajadores por cuenta propia cotiza por la base mínima, pero el gobierno pretende "adecuar" dicha contribución a los ingresos obtenidos por estos profesionales. Se puede estimar que esto generaría entre 5.000 y 7.000 millones de euros al año, a base de elevar sustancialmente el pago mensual a la Seguridad Social que hacen los autónomos. Eso sí: sería previsible que semejante repunte de la fiscalidad motivase estrategias de elusión fiscal, de modo que la recaudación final no tendría por qué alcanzar las cifras esperadas por Moncloa.
- Modificaciones en las cotizaciones sociales.Destopar las cotizaciones sociales entre los sueldos de más de 45.000 euros brutos anuales supondría un pago medio de 2.200 euros anuales por trabajador. En total, la medida generaría 4.500 millones de euros, según cálculos del propio Ministerio de Trabajo. Esto supone que, para dos millones de asalariados, su coste laboral se dispararía, lo que podría empujar a muchos de estos profesionales a diseñar nuevos esquemas retributivos sujetos a un menor gravamen.
- Aumentos en el Impuesto de Sociedades.Por un lado, el Ejecutivo ha comprado la idea de que el tipo efectivo de las empresas debe calcularse en relación con su resultado contable global. Como ha explicado Libre Mercado, este enfoque es erróneo, puesto que compara beneficios mundiales con impuestos pagados en España. Así, si el cálculo se hace de forma adecuada, los tipos fiscales que abonan las empresas ronda el 20%. Sin embargo, Pedro Sánchez quiere introducir un "suelo" en el Impuesto de Sociedades para que el resultado contable global vaya aparejado de un pago mínimo del 15%. Esto supondría un repunte de 6.000 millones, aunque el impacto se vería matizado en el medio y largo plazo, con la previsible deslocalización fiscal de las grandes compañías afectadas. Por otro lado, Sánchez ha planteado un recorte de las deducciones que afectaría a la exención a plusvalías y dividendos por ventas empresariales. Ese palo supondría otros 10.000 millones de recaudación extra, aunque también sería de esperar que semejante subida animase a las empresas afectadas a trasladar su operativa fiscal a otros países, de modo que el potencial recaudatorio de una medida así iría bajando con el paso de los años, conforme las mercantiles estructurasen su estrategia de salida. En cualquier caso, si hacemos caso a los números que maneja el PSOE, hablamos de medidas valoradas en 16.000 millones de euros.
- Impuesto a la banca y las transacciones financieras. Pedro Sánchez ha planteado la introducción de un gravamen especial a la banca, que supondría 1.000 millones de euros. También estudia el PSOE la creación de una tasa a las transacciones financieras, que tendría una recaudación de 1.000 millones según el programa de los socialistas. En suma, un impacto conjunto de 2.000 millones de euros.
- Tasa Google.Si prospera esta propuesta, el sector tecnológico sufriría la imposición de una nueva figura fiscal que gravará la intermediación de servicios y la venta de datos digitales. Dicho golpe tributario detraería anualmente unos 600 millones al sector, de acuerdo con los cálculos del anterior gobierno. No obstante, conviene analizar estas estimaciones con cautela, puesto que la posibilidad de deslocalización fiscal es especialmente alta en este segmento del mercado, de modo que las prácticas de ingeniería tributaria podrían encontrar fórmulas para esquivar el impuesto.
- Aumento de los impuestos aplicados al diésel.La pretensión del Ejecutivo es elevar el impuesto al diésel para que pase de 30,7 a 40,25 céntimos por litro. En una primera fase, los socialistas plantean que una medida así genere 600 millones de euros. Sin embargo, los documentos del PSOE apuntan que, en el medio y largo plazo, el impacto total de equiparar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina generaría 2.000 millones anuales.
- Obligatoriedad de aplicar el Impuesto de Patrimonio en todo el territorio nacional. Se trata de una medida que golpearía directamente a Madrid y acabaría con el régimen instaurado por Esperanza Aguirre, en virtud del cual la región de la capital de España no aplicaba este tributo. Acabar con esta excepcionalidad implicaría un golpe de 660 millones de euros.
- Armonización del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta propuesta reforzaría el peso de dicho gravamen en las distintas comunidades que hoy lo bonifican al 99%. No se ha precisado el aumento recaudatorio que generaría una medida así.