Magdalena Valerio, la nueva ministra de Trabajo y Seguridad Social, visitaba este jueves, por primera vez desde que accedió al cargo, la Comisión del Pacto de Toledo. Era una comparecencia esperada, pero no ha dejado demasiadas sorpresas. ¿El resumen de su intervención? Pues que no hay un problema de gastos, sino de ingresos y que todo se resolverá subiendo impuestos y pagando cada vez más partidas a través de los Presupuestos Generales del Estado.
La ministra ha asegurado que el estado de las pensiones no le quita el sueño, pero sí le preocupa "mucho". En su planteamiento no ha habido apenas novedades, Valerio ha repetido la idea que ha venido defendiendo desde que accedió al cargo. En su opinión, "debemos reforzar el equilibrio del sistema", sobre todo por el lado de los ingresos. ¿Cómo? Pues con todo tipo de medidas: impuestos, cotizaciones, cambios en los Presupuestos de la Seguridad Social y del Estado… Eso sí, la palabra reforma apenas ha aparecido. Porque además, en el lado del control del gasto, en lo que respecta a un posible cambio en las normas que regulan el sistema, no hay nada previsto. Bueno sí, está previsto que se pague igual y que lo paguen los mismos (los contribuyentes). Eso y que el titular en la prensa sobre el déficit de la Seguridad Social se cambie por un déficit del conjunto de las administraciones.
Ningún Gobierno, ni el anterior (que en cuanto pudo se cargó su propia reforma) ni tampoco éste, quiere afrontar una reforma de las pensiones en profundidad. Es muy impopular, trae resultados a largo plazo, es un tema muy sensible y expuesto a la crítica de la oposición, etc. Por eso, la tendencia siempre es la misma: en vez de tomar medidas correctoras paulatinas que vayan repartiendo el coste de las reformas a lo largo de varios años, el objetivo siempre es el mismo, mantener el sistema sin cambios hasta que la realidad financiera se impone por su propio peso.
En este sentido, Valerio ha esbozado una estrategia con tres herramientas fundamentales. La primera, subida de ingresos, sobre todo a través de más impuestos; la segunda, incremento de las cotizaciones; y la tercera pagar todo lo que sea posible a través de los Presupuestos Generales del Estado.
En lo que tiene que ver con los ingresos, todos los partidos repiten siempre el mismo mantra: hay que subir la recaudación con mejores salarios, menos paro, una tasa de actividad más elevada o confiando en que se dispare el número de trabajadores de alguna forma (por ejemplo, vía inmigrantes, como en los años noventa, ha apuntado la ministra). Está claro que sería lo que todos desearíamos. Pero ni es fácil de conseguir, ni hay un consenso sobre qué medidas ayudarían a esa creación de empleo, ni se intuye que sea posible cerrar el régimen sólo por esta vía (el incremento de ingresos tendría que ser tan enorme que parece fuera del alcance de cualquier mejoría del mercado laboral).
Una vez asumido que el voluntarismo de "mejorar el mercado de trabajo" tiene un límite, llegamos a la segunda forma de allegar recursos: los impuestos. En el tema tributario, Valerio no ha concretado demasiado, aunque sí lo suficiente como para saber que habrá nuevas figuras destinadas a pagar las pensiones. En este sentido, ha asegurado que está abierta a "una discusión" sobre si se tiene que hacer con "impuestos finalistas, impuestos ad-hoc…". Y ha recordado que la ley sobre la financiación de la Seguridad Social ya tiene previsto que las prestaciones contributivas se puedan financiar con cotizaciones pero también con fondos llegados desde los Presupuestos Generales del Estado "para situaciones concretas". Incluso, ha puesto como ejemplo a Francia y su "contribución social generalizada", que recauda cada año "90.000 millones de euros". Eso sí, no ha dicho que espere recaudar esta cifra a corto plazo (que es cercana a la recaudación actual por cotizaciones sociales en España, un país que ya tiene un nivel de impuestos al trabajo por encima de la media de la OCDE).
La segunda pata del plan de Valerio tiene que ver con las cotizaciones. Aquí su idea es doble: por una parte, intentar que la normativa de todos los regímenes se acerque lo más posible a la del régimen general. Ha apuntado a los autónomos, a los regímenes especiales (ha citado el del mar, el agrario…) y ha recordado que la equiparación en todos estos supuestos supondría unos pocos miles de millones de euros de ingresos extra. Además, ha pedido que las reducciones de cuotas, tarifas planas y otras bonificaciones al empleo dejen de pagarse con cotizaciones (algo que ya ocurre para la mayoría de estas ayudas desde hace años) y pasen a ser abonadas por los PGE. En 2017, ha dicho, esto supuso unos 1.600 millones de euros de gasto para la Seguridad Social que ahora aspira a que se pague vía impuestos.
Pero en lo que tiene que ver con las cotizaciones, lo más importante es lo que tiene que ver con el tema del destope de las bases máximas que anunciaba hace unas semanas Pedro Sánchez en la primera entrevista que ofreció como presidente del Gobierno. Valerio no ha cambiado el principio fundamental. Por lo tanto, habrá destope. Pero sí ha matizado y ha dicho que será paulatino. Según las cifras que maneja el Ministerio, el destope entre el máximo actual de 45.000 euros y 60.000 euros aportaría poco más de 1.000 millones de euros de ingresos al sistema; llegar a los 75.000 euros aportaría unos 1.500 millones; y un destope total alcanzaría los 3.500 millones. En este punto, hay que recordar que el déficit oficial de la Seguridad Social alcanza casi los 19.000 millones de euros, pero el déficit real (Cotizaciones Sociales vs Prestaciones Contributivas y No contributivas) está por encima de los 30.000 millones de euros al año.
En este punto, Valerio ha dejado claro cuál será el camino: "El sistema es contributivo pero también es solidario. También entre personas de la misma generación". Es decir, que habrá destope y que la relación entre pensión máxima y pensión mínima se irá reduciendo y esa contributividad será cada vez menor. También es cierto que la ministra ha apuntado que "si se destopa la base máxima, habrá que estudiar qué hacemos con la pensión máxima. Es una medida que se tiene que estudiar".
La última parte tiene que ver con el juego presupuestario. Aquí los partidos están todos de acuerdo y se puede afirmar sin arriesgar demasiado que será una de las recomendaciones estrella del Pacto de Toledo: dejar de pagar todas las partidas posibles por parte de la Seguridad Social y empezar a hacerlo vía Presupuestos Generales del Estado. Los gastos de gestión del sistema son 1.600 millones. Las pensiones de viudedad y orfandad están por encima de los 20.000 millones. No ha quedado claro a qué se refiere en concreto o con qué partidas exactas empezará el proceso de trasvase, pero sí que por ahí irán los tiros.
En su favor, hay que reconocer que la ministra ha admitido que todo esto no será gratis: "Si queremos descargar a la tesorería, hay que reordenar el sistema fiscal", ha dicho, en una aceptación de que ahorrar gastos a la Seguridad Social no es lo mismo que ahorrárselo a los contribuyentes. Parece ya muy lejano, pero hace un par de meses el exministro Montoro ya lo explicó en la presentación del proyecto de Ley de los PGE para este año: "Somos una administración y una parte de esa administración es la Seguridad Social. Su futuro no depende de una frontera delimitada por el subsistema de cotizaciones". Pues eso, que todos los gastos del Estado salen del mismo sitio y el intercambio de partidas de un sitio a otro no deja de ser un juego contable.