Un ejecutivo deslegitimado y con una clara minoría en el Parlamento como el de Pedro Sánchez sabe que no cuenta con los tradicionales 100 días de gracia. Por ello, están comenzando a llevar a cabo lo que ya preveíamos que iban a hacer: aumentar el riesgo financiero de España.
Tras un mes escaso de ejercicio de poder, las medidas que han lanzado en forma de globo sonda superan los 4.500 millones de euros de gasto. Esto, tras aprobar unos presupuestos que suponen un incremento del gasto público no financiero de casi 8.000 millones de euros, que incluye partidas de gasto consolidables por valor de casi 6.000 millones, es una barbaridad.
Imagínese que usted ha recibido un bonus extraordinario y no pactado en su trabajo y que la evolución a la baja del Euríbor le ha supuesto un descenso de su hipoteca en el último año. Si esto pasa, su renta disponible ha aumentado. ¿Creería que está en el momento idóneo para contratar a una persona que le limpie la casa, a otra que le cuide el jardín y lanzarse a por una segunda hipoteca descontando un nivel de ingresos de, al menos, los del último año?
Pues eso mismo que usted y yo negamos categóricamente, es lo que está planteando el ejecutivo del PSOE: descontrolar el gasto público, con cargo a los estabilizadores automáticos y a los vientos de cola.
Parece obviar que el menor gasto derivado de partidas como, por ejemplo, los subsidios al desempleo o intereses de la deuda, son puramente coyunturales. Acabarán, antes o después, y pasarán a engordar de nuevo el gasto público.
¿Qué pasará entonces? Que partidas tan sociales como el restablecimiento de la sanidad universal, la eliminación del copago farmacéutico, la nacionalización de las autopistas de peaje, y las que quedan por venir, sencillamente, serán una amenaza financiera para el sistema en su conjunto. Añadir 4.500 millones de euros (al menos) a un presupuesto como el de 2018, claramente expansivo, es un acto de irresponsabilidad política y social.
Tal y como ya hemos comentado en esta columna, España se enfrenta a un entorno económico con incertidumbres severas para los próximos meses. El escenario macroeconómico planteado en los presupuestos de 2018 ya está obsoleto y el crecimiento económico es más necesario que nunca.
Que los 'ricos' paguen
Dado que el margen vía deuda pública es limitado, los ministros de Pedro Sánchez acuden al manual del intervencionista para justificar sus movimientos: "Hay margen para subir los impuestos", "los ricos pagan poco" y "vamos a llegar a un acuerdo de rentas".
Tras estas frases grandilocuentes, se encuentran medidas estrella como incrementar el salario mínimo interprofesional, o subir los impuestos a las grandes empresas. Todas ellas con mostrada capacidad de incrementar el desempleo y añadir rigideces al mercado laboral, haciéndolo más sensible ante los ciclos económicos.
La mejor forma de incrementar las rentas del trabajo es disminuir la diferencia entre el coste de empresa por contratar a un asalariado y el salario neto percibido por el trabajador. Es lo que la OCDE ha denominado brecha fiscal.Un español soltero y sin hijos que cobre el salario bruto medio deja de percibir casi 4 de cada 10 euros de su sueldo por los impuestos. Además, en los últimos 17 años este diferencial se ha incrementado en 0,7 puntos porcentuales, frente al descenso de 1,1 puntos porcentuales de la OCDE.
Pedro Sánchez, en su afán de que los ricos paguen, podría aumentar esta diferencia gracias a ocurrencias como el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social. Incremento que, por otra parte, afecta a esosricos que cobran la salvaje cuantía de 45.000 euros al año, nótese la ironía.
Los mantras empresariales
Otro de los tributos que el mercado da prácticamente por aprobado es el nuevo impuesto al diésel. Otros 15 céntimos por cada litro de carburante, con el objetivo de igualar el 53% de impuestos que ya estamos pagando en cada litro de gasolina. Debe de ser que solamente los ricos van a trabajar en coches más eficientes desde el punto de vista de consumo y/o desempeñan sus tareas profesionales a bordo de uno de ellos. En cuanto a mantras empresariales, tampoco se quedan cortos:
El primero es que las grandes empresas pagan poco. Según un estudio de Javier Santacruz para Civismo, los tipos efectivos sobre el resultado bruto de explotación que pagan las empresas según su tamaño son: 41,67% pequeña empresa, 51% mediana y 61,57% las grandes. El informe Paying Taxes 2018 va en la misma dirección: la presión fiscal de las empresas españolas está por encima de la media de la OCDE, con casi el 47% de sus ingresos destinados a pagar sociedades, IRPF y otros impuestos. En términos de Seguridad Social a cargo del empleador (empresario), España ocupa el dudoso honor de ser el quinto país de la OCDE.
Con casi 140.000 empresas menos que en 2008 y los beneficios empresariales estancados, la recaudación por Impuesto de Sociedades a noviembre de 2017 prácticamente igualaba los 27.301 millones de euros de 2008. Los impuestos a sectores como la banca o el sector digital los va a pagar usted o, en su defecto, las pymes, que tendrán que dejar de vender por internet.
En resumen, trabas a la creación de empleo y a la atracción de inversión que obligarán al Gobierno a acudir a más deuda pública ante la ralentización económica. Cuando ya no podamos maquillar más la situación, culparemos al neoliberalismo o a los mercados de lo que en realidad ha sido una reconocida incapacidad pública de reconocer las necesidades del país.
Daniel Rodríguez es consultor estratégico de multinacionales, autor del blog economistadecabecera.es y miembro del Comité de Dirección del Club de los Viernes.