Una luchadora por la sanidad pública y "en contra de la privatización sanitaria". Llega desde la Consejería de Sanidad de Valencia, "punta de lanza de la reversión del modelo de privatizaciones". Incluso la han llamado la "consellera roja" por haber "rescatado" el primer hospital privatizado
Desde que fue nombrada, hace ya casi un mes, Carmen Montón ha sido una de las ministras más populares del nuevo Gobierno. Al menos en algunos medios. En los perfiles realizados tras su nombramiento, todos destacan lo mismo: su combate contra las privatizaciones que impulsó el PP de la Comunidad Valenciana. Hablamos del llamado "modelo Alzira", por el hospital en el que se inició este proceso (ahora presente en cinco áreas sanitarias de la región). Y sí, es cierto que Montón ha logrado uno de los objetivos más buscados por los partidos y medios de izquierda: la vuelta a la gestión pública de todos los hospitales que funcionaban con el sistema de colaboración público-privada.
Lo que no está tan claro es por qué tenía ese objetivo, por qué era tan perentorio, qué motivos había para terminar con él de un plumazo. Probablemente la Comunidad Valenciana tenga muchos retos de gestión-eficiencia-servicio público. Pues bien, ninguno de ellos parece urgente en lo que tiene que ver con esas cinco zonas sanitarias gestionadas por el sector privado. De hecho en el único informe que hay sobre el tema, el que el actual Gobierno valenciano del PSOE y Compromís pidió a la Sindicatura de Comptes, se dice exactamente lo contrario.
El modelo Alzira
El conocido como "modelo Alzira" fue bastante novedoso en su momento y no sólo en España. Era mucho más que una colaboración convencional entre un hospital privado y el sistema público, como ocurre en otras regiones. La idea era entregar la gestión de una zona sanitaria a un proveedor privado: tanto el hospital de referencia como los demás centros de atención primaria estarían dentro de la concesión y trabajarían al unísono. Luego, el gestor privado cobra a la consejería un tanto por habitante de la zona que le corresponde (salvo que los vecinos vayan a recibir asistencia a otra zona: los servicios que no prestan se descuentan de la factura final, para evitar los incentivos a no atender o atender mal a los enfermos más onerosos; del mismo modo, si un habitante de otra zona acude al hospital de gestión privada, éste le cobra por la atención un precio pactado previamente a la administración).
El diseño del modelo ya apunta a uno de sus principales problemas: el control. Cómo conseguir que los hospitales privados ofrezcan los mismos servicios que los públicos, que no se queden sólo con los enfermos menos graves, que los precios pactados con el Gobierno regional sean los correctos, etc. Quizás por eso, el PSOE y Compromís exigieron durante sus años de oposición una auditoría completa de las cinco zonas sanitarias con concesiones privadas. Las peticiones de más transparencia eran continuas, así como las acusaciones de amiguismo (que casi llegaban a insinuar posible corrupción en el proceso).
Estas peticiones se tradujeron, una vez en el Gobierno regional, en la petición a la Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador de la Generalidad, de un informe detallado de cómo se estaban desarrollando las concesiones. En el año 2017, se publicó el primero de estos trabajos, la "Auditoría Operativa de la Concesión de la asistencia sanitaria integral en el Departamento de Salud de Manises". Y aunque se centraba en esta zona de Manises, con un hospital comarcal, también ofrecía cifras sobre el conjunto de la red sanitaria pública: 24 áreas de las que cinco funcionan bajo el régimen denominado como "modelo Alzira". Las conclusiones eran demoledoras: las zonas con gestión privada ofrecen más y mejores servicios, una atención sanitaria bastante más completa, con más satisfacción de los usuarios, y a menor coste. ¿Qué hizo cuando conoció las conclusiones de la Sindicatura la señora Montón? Pues siguió adelante con la privatización como si nada. También hizo una serie de alegaciones al informe que fueron desestimadas. Y no ha vuelvo a pedir ningún otro informe sobre alguna de las otras cuatro zonas con concesiones privadas. Ahora ya el control parece que no interesa tanto.
Las conclusiones
El informe de la Sindicatura es extenso y detallado. Entra en todas las cuestiones, desde la atención médica a la gestión, pasando por los costes o el control de la Administración. Las siguientes son sus principales conclusiones.
- El área adscrita al Hospital de Manises tiene un "25% de ahorro en el gasto corriente sanitario público con relación a los hospitales comarcales; 42,5 millones de euros al año". En este punto sólo hay datos sobre el área de Manises (era el objeto del estudio de la Sindicatura. Es un hospital más pequeño (comarcal) que los otros cinco con concesión y se compara con los hospitales similares (con los otros comarcales). Si suponemos que cada centro ahorra una cantidad similar en comparación con las zonas equivalentes, estaríamos hablando de 200 millones de euros de ahorro para el conjunto de la sanidad pública valenciana (por cierto, un dinero que podría destinarse a otras muchas políticas).
- Lo que sí hace la Sindicatura es medir el coste por departamentos y la población atendida. Los hospitales de gestión privada suponen el 14% del coste de la Consejería de Sanidad (con el sistema comentado anteriormente de pago por usuario) pero atienden al 19% de la población de la región. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay un 9% de los gastos que son comunes, podemos estimar que el coste de las zonas de gestión privada está entre el 14-16% del total, pero atienden al 19% de los usuarios.
- Este ahorro no se consigue reduciendo servicios, más bien al contrario: la cartera de asistencia especializada que ofrecen las cinco concesiones es de 67 servicios de media, por los 59 del conjunto de hospitales de la región. Manises, por ejemplo, ofrece 67 servicios, por los 48 de media del resto de hospitales comarcales. La Ribera, el hospital de Alzira que ha visto su concesión no renovada, ofrecía 73 servicios, muy por encima de la media regional.
- En la Memoria de 2015 de la Consejería de Sanidad se incluía una encuesta sobre el grado de satisfacción de los pacientes con el servicio referido. Como es habitual en este tipo de estudios, la gran mayoría (un 81%) aprobaba al hospital en el que había sido atendido, ya fuera de gestión pública o privada. Pero incluso así, a pesar de esta cifra tan elevada, destaca que los cinco de gestión privada estaban en los primeros puestos de la lista, con el de Elche-Crevillente en el primer puesto, con un 89,5% de aprobación. Los otros cuatro tienen todos notas superiores a la nota media del 81% (recordemos que hay 24 zonas sanitarias: no es tan sencillo que las cinco de las que hablemos estén todas en la parte superior de la lista).
- De todas las cifras del informe de la Sindicatura, quizás las que más destaquen sean las de las listas de espera. La media de la Comunidad Valenciana son 67 días para "listas de espera quirúrgica estructural". Hay un hospital que supera los 100 días y en los tres grandes de referencia (Alicante General, Valencia La Fe y Castellón) están por encima de los 75 días. Pues bien las cinco concesiones privadas tienen listas de espera de 33 días (Torrevieja), 36 (Elche-Crevillente y Manises), 46 (La Ribera) y 53 (Denia). Todos muy por debajo de la media y con los tres primeros puestos de la lista en manos de este tipo de hospitales.
En la siguiente tabla están las 24 zonas sanitarias de Valencia. Las notas corresponden al "Informe de evaluación final de los Acuerdos de Gestión 2015":
Cada hospital tenía una nota máxima de 100, dividida en tres temas:
- Calidad (20 puntos): catorce indicadores, con cuestiones que van desde las quejas por mora y trato a los pacientes a la tasa de reingresos por la misma dolencia
- Asistencial (30 puntos): trece indicadores que miden desde la demora antes de una intervención quirúrgica hasta las intervenciones programadas y luego suspendidas, o el porcentaje de pacientes atendidos a tiempo en urgencias
- Gestión (50 puntos): 24 indicadores, que miden costes por patologías, precio medio en los tratamientos, cumplimiento de los requisitos de las guías famacológicas…
Pues bien, como puede verse en la tabla, de los 24 hospitales analizados, cinco de los seis primeros son los de concesión privada. Sólo el de Elche-Hospital General se cuela en el segundo puesto. De los cinco de concesión destaca el de Torrevieja, que con 84,4 puntos obtiene una holgadísima primera posición. Pero todos puntúan bien. De hecho, si agrupamos por tipo de hospitales, las diferencias quedan muy claras:
- Comarcales Públicos 100% - 56,3 puntos
- Referencia 1 Públicos 100% - 51,3 puntos
- Referencia 2 Públicos 100% - 53,9 puntos
- Concesión Modelo Alzira Propiedad Pública Gestión Privada - 72,9 puntos
Es una diferencia llamativa y que no se debe sólo a los costes o a cuestiones administrativas. En todas las categorías, también las que tienen que ver con la calidad de la asistencia, la nota que sacan los hospitales del llamado "modelo Alzira" es muy superior a la media de los otros tres tipos de hospitales 100% públicos. ¿Y qué hizo la ministra Montón ante estos datos? Pues dejó de publicar auditorías de las otras cuatro zonas de gestión privada (sólo se conoce el trabajo de la Sindicatura sobre Manises) y mantuvo su plan de no renovación de la concesión de la zona de La Ribera.
El debate
En este punto habría que separar dos cuestiones diferentes. La primera es la que tiene que ver con el fondo del asunto: es decir, si es mejor o peor la gestión pública o la privada. Cada cual tendrá su opinión, pero es evidente que se pueden conseguir buenos resultados con una u otra opción: por ejemplo, aunque es verdad que los hospitales públicos de Valencia tienen una calificación muy baja en ese informe de gestión al que hacemos referencia y que sirve a la Sindicatura para parte de su análisis, no es menos cierto que hay algunos (como el citado de Elche) que sí puntúa bien.
En este sentido, un político no sectario probablemente se preguntaría qué hacen los hospitales en mejor posición, por qué tienen esa buena nota o si es casualidad que cinco de los seis primeros sean los que funcionan en régimen de concesión.
El debate no tendría por qué acabar aquí. Podrían investigarse más a fondo las acusaciones que han hecho los críticos de la gestión privada de que en estos centros no se atiende a determinados pacientes, algo que las empresas niegan y que encaja mal con las cifras de la cartera de servicios que, como hemos visto, es más amplia en estos hospitales de gestión privada. Pero bueno, siempre es posible incrementar el control. También habría que esperar a la resolución de varios litigios entre la administración y las concesionarias: por ejemplo, en el caso de Manises, la Consejería pide una compensación de casi 180 millones de euros (un sobrecoste que haría inviable el modelo). Aunque en febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia dio la razón a la empresa frente a la Consejería.
Pero mientras sigue ese debate, cabe preguntarse si era tan urgente la no renovación de la concesión. Es decir, ¿de verdad era una prioridad para la Sanidad valenciana cambiar el modelo del tercer hospital con mejor nota de los 24 que hay en la región? ¿Cuánto hay de preocupación por la salud de los valencianos y cuánto de ideología? ¿El objetivo cuál es: mejor atención sanitaria universal o un hospital público al 100% que sea controlado desde la Consejería? ¿Qué habría pasado si el PP hubiese privatizado los cinco hospitales que mejor funcionaban de la región? ¿Por qué este cambio de modelo, de alguno de los hospitales mejor valorados de Valencia, apenas ha aparecido en los medios nacionales? ¿Cuántos medios de comunicación se han hecho eco del informe de la Sindicatura? ¿Se imaginan cómo se habría informado de un estudio que dijera que los hospitales de gestión privada eran más caros, daban menos servicios o tenían una lista de espera del doble que los públicos? ¿Qué otras políticas "sociales", de las que a los políticos tanto les gusta presumir, se podrían llevar a cabo con el dinero que se ahorra con la gestión privada?
Pero todas estas preguntas tendrían sentido si la discusión fuera sobre cómo conseguir el mejor sistema sanitario posible. Aquí unos y otros podrían buscar modelos alternativos. Así, los que apoyen la colaboración público-privada se pueden fijar en Holanda o Suecia, dos países donde esta colaboración es la norma y nadie piensa que esté en juego la universalidad de la atención o el Estado del Bienestar. En España sobran las etiquetas y falta debate. También faltan datos y más análisis. Montón pidió más control y más cifras en la oposición. Cuando llegó al Gobierno pidió un informe. No le gustó lo que decía ese informe y lo guardó en un cajón. Eso sí, mientras el Ejecutivo valenciano decide si encarga otro informe a su medida, ya es ministra de Sanidad y una estrella mediática por su lucha contra las privatizaciones.