La pasada semana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con patronal y sindicatos para intercambiar impresiones sobre el futuro del mercado de trabajo y la posible modificación de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Este último punto genera especial nerviosismo entre la comunidad empresarial e inversora, que vería con muy malos ojos el repliegue de los cambios introducidos por el anterior gabinete.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha intentado salir al paso de estos temores, afirmando que "cuando se está en el gobierno, se actúa con mayores dosis de pragmatismo". Según la sucesora de Fátima Báñez, los socialistas son conscientes "del terreno que pisan y del peso parlamentario con el que cuentan". Pero las declaraciones de Valerio sí ha dejado claro que Pedro Sánchez pretende modificar "los aspectos más lesivos de la reforma", entre los que citó el fin de la negociación colectiva, un pilar clave de los cambios introducidos en 2012.
Alterar de nuevo la legislación laboral supone incidir en uno de los grandes problemas que enfrentan los creadores de empleo: la falta de estabilidad en el terreno normativo. Como explicó en 2016 el Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE, los últimos veinte años han estado marcados por la aprobación de 7.000 normas en materia laboral y de seguridad social.
Por un lado tenemos las directrices internacionales que terminan llegando a la legislación española. Solo por este concepto se han recogido 392 modificaciones entre 1995 y 2015. En segundo lugar están las regulaciones de rango estatal. En apenas dos décadas, se han promulgado 2.322 normas de este tipo. Además, las comunidades autónomas añaden más complejidad regulatoria al sistema, puesto que han emitido 4.135 reglas a lo largo del mismo período.
