Uno de los mejores indicadores para conocer el grado de libertad en un país es la flexibilidad de su comercio minorista. Pues bien, de acuerdo con los resultados del último estudio sobre la materia elaborado por la Comisión Europea, España es una de las economías comunitarias donde más trabas se pone a los comercios, tan solo superada por Francia, campeona del intervencionismo estatal.
El estudio de los técnicos comunitarios analiza los frenos a la libertad de horarios comerciales y otras variables importantes, como las restricciones que pesan sobre los canales de distribución, las normas que limitan las ventas promocionales o los impuestos aplicados al sector de la distribución.
Lo más significativo de este estudio en lo que respecta a España es el énfasis de los autores en la terrible carga que supone el Estado autonómico para el desarrollo comercial. Según el informe, "la acumulación de diferentes marcos regulatorios tiene un impacto muy negativo en la eficiencia del sector, los precios y la competencia". En efecto, la existencia de 17 Gobiernos con competencias en materia de comercio es una fuente inagotable de regulaciones, que fragmentan el mercado y lo hacen tremendamente ineficiente. En estos momentos hay casi 3.000 normas emanadas de los Parlamentos autonómicos que hacen materialmente imposible la existencia de un sector comercial competitivo.
Los expertos de la UE ponen de manifiesto las graves consecuencias del intervencionismo en las relaciones comerciales, que en España se multiplican con la existencia de 17 Administraciones regionales hiperactivas. Es de todo punto imprescindible una mayor libertad comercial, como este informe europeo demanda. Lamentablemente, no es esa, ni mucho menos, la tendencia de moda en la política española, marcada indeleblemente por unas castas autonómicas cuyo egoísmo e incompetencia está costando lo indecible a la Nación en términos de competitividad.