El coste laboral del 10% de los trabajadores españoles se va a encarecer drásticamente si se aplica la nueva medida que está barajando el gobierno socialista de Pedro Sánchez. El nuevo Ejecutivo ha puesto encima de la mesa la eliminación de los llamados "topes" de las cotizaciones sociales, una medida que subiría un 30% el precio de mantener en nómina a dos millones de asalariados.
Bajo el régimen actual, las cotizaciones sociales se calculan con una base máxima de 3.751 euros, en línea con un salario bruto de 45.000 euros anuales. Por encima de dicho umbral, ni se pagan más pensiones ni se aumenta la base de cotización requerida por la Seguridad Social a empresas y trabajadores.
El impacto de una medida así fue estimado por el ministerio de Empleo durante la anterior legislatura. Los técnicos de dicho departamento, entonces a las órdenes de la popular Fátima Báñez, calcularon que el mordisco fiscal sería de 4.470 millones de euros, de modo que hablamos de un coste medio equivalente a 2.200 euros por cada uno de los dos millones de ocupados que sufrirán la medida.
Deterioro continuado del clima tributario
La pasada semana, Libre Mercado ya explicó que un sueldo de 75.000 euros brutos vería aumentar su "cuña fiscal" del 43% al 51%, puesto que la suma de IRPF y cotizaciones sociales pasaría a ser mucho más abultada. Para este mismo supuesto, estaríamos ante un encarecimiento del coste laboral equivalente a 9.200 euros.
Los últimos informes disponibles señalan que la "cuña fiscal" observada en España es un 8% mayor que en la media del mundo desarrollado. Conviene recordar, además, que España está a la cabeza de la OCDE en lo tocante a los impuestos sobre la riqueza, de modo que las rentas altas tampoco podrán desquitarse por esa vía.
Hasta ahora, cuando se estudian los impuestos y cotizaciones que pagan las rentas altas en Europa, España conseguía un puesto mejor que la media. Si sumamos IRPF, aportaciones a la Seguridad Social e IVA, vemos que países como Suecia, Bélgica, Portugal, Eslovenia o Finlandia se mueven en niveles de imposición efectiva que supera el 70%. Aunque el último estudio de TIMBRO nos dejaba en el puesto 22 de los 30 países europeos estudiados, la nueva subida está llamada a elevar nuestro esfuerzo fiscal hasta niveles cercanos a los de Italia.
Hay, eso sí, un agravante: España viene de quedarse sola como el último país europeo que mantiene en pie el Impuesto sobre el Patrimonio, de modo que la situación de las rentas altas se antoja aún más complicada. Y todo a pesar de que, hace apenas dos semanas, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró en los micrófonos de Onda Cero que no se planteaba subir los impuestos en 2018 y que esperaba que el aumento de la actividad fuese suficiente para generar los recursos adicionales con los que esperaba contar de cara al presupuesto de 2019…