No puede hacerlo, pero le ha dado igual. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha cumplido su amenaza, ya que el Consistorio ha aprobado este martes una nueva licencia municipal cuya obtención exigirá a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) para que puedan circular por las calles de la ciudad. Sin embargo, no tiene capacidad legal para ello, ya que esta competencia es exclusiva del Ministerio de Fomento y de las CCAA.
Desde la patronal del sector, Unauto, se quejan de que "la facción más radical del taxi de Barcelona no quería convivencia, quería que desapareciéramos. Y con ese objetivo se pusieron a trabajar, de la mano de la AMB [Área Metropolitana de Barcelona], para expulsar a la VTC de Barcelona. ¿El resultado? El pleno del Área Metropolitana de Barcelona ha aprobado hoy un reglamento que priva a cientos de VTCs de su derecho a operar", denuncia en una nota.
"¿Y esto qué implica? A efectos prácticos, este decreto implicará que más de 1.300 conductores irán automáticamente al paro, con la consiguiente deuda de su autorización. Y también implicará que Barcelona volverá a ser la única gran ciudad europea sin alternativas como Uber o Cabify", añade.
"Por poner un ejemplo de un sector que también opere con licencias públicas, este decreto es como si mañana el Ayuntamiento decidiese que el número de farmacias en Barcelona es excesivo y que deben reducirse a la mitad. La gente que ha comprado su licencia, el local, ha invertido en reformas y pagado sus permisos e impuestos, lo perderían todo. ¿Suena a ciencia ficción verdad? No en Barcelona. En Barcelona, una vez más, gana el taxi y pierden los ciudadanos. A costa de todo. Y de todos", concluye el comunicado.
Por ello, el presidente de Unauto, Eduardo Martín, aclara que "vamos a analizar" el contenido de la norma municipal y "presentaremos un recurso en los próximos días".