Sí, no se sorprendan; yo también quiero más financiación. Y no me contesten con lo que ya sé: que me dirija a una entidad financiera y que plantee la oportuna operación de crédito. Para eso no necesito alforjas.
La financiación que yo necesito es esa que piden y consiguen las comunidades autónomas; esa que no se devuelve, porque yo tampoco estoy para devolver, y hasta ahora no he localizado a un acreedor que esté dispuesto a serlo conmigo, para condonarme la deuda cuando llegue a su vencimiento.
No es broma, es simplemente un escándalo. Se habla demasiado de la urgente necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica, con la intención, en algunos, de consagrar como principio lo que es un desacato al buen juicio y al sentido común.
Es cierto, y habría que reconocerlo públicamente entonando un mea culpa, que el método de las negociaciones entre el Estado y las CCAA –bien sea en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con todas ellas, o bien mediante negociaciones particulares con alguna por separado (peor aún)– ha sido un atentado a la racionalidad económica que ha provocado desigualdades flagrantes y niveles de deuda insoportables.
La Lofca (22 septiembre 1980) nunca pensó que las llamadas necesidades públicas a financiar en las CCAA fueran un concepto elástico, que cada comunidad decidiría su ámbito, según su propio criterio.
Dado que la Constitución garantiza un nivel igual de acceso a los servicios públicos esenciales –en cantidad y en calidad– para todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, las necesidades a financiar son las resultantes de esa garantía.
A partir de ahí, cualquier otro objetivo específico en una comunidad determinada, por respetable que resulte, deberá ser financiado con los recursos propios de dicha comunidad.
¿Dónde estamos hoy? En un totum revolutum, al que se ha llegado a través de las negociaciones, para favorecer, por qué no decirlo, intereses espurios de los Gobiernos, del Estado y de las CCAA.
Por ello, antes de volver a negociar cantidades, hay que empezar de nuevo para definir qué necesidades son las que deben financiarse, para que la garantía constitucional sea efectiva en el universo de todos los españoles. Serán los costes de esas coberturas, y no otros, los que tengan que ser objeto de financiación mediante transferencias del Estado a las CCAA.
Lo primero que aprenden los estudiantes de Economía es que las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos para hacerles frente son escasos. Es más, aprenden también que, en esa ecuación (recursos/necesidades), el dato son los recursos, mientras que la incógnita son las necesidades.
El hogar que no tiene claro esto, que gasta –para satisfacer sus necesidades– por encima de sus rentas, pronto desemboca en la indigencia. Lo mismo ocurre cuando pasamos de la economía familiar a la economía del sector público –estatal, autonómico o local–.
¿O es que en estos últimos rigen principios económicos diferentes?