El nuevo Gobierno del PSOE ya ha empezado a desvelar su particular plan para tratar de financiar el sistema público de pensiones, cuyo déficit amenaza la solvencia y sostenibilidad del actual modelo a medio plazo. No en vano, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha tenido que tirar de deuda, una vez más, para poder afrontar en tiempo y forma el pago de la extra a los jubilados. El creciente endeudamiento del sector público tiene sus límites, especialmente si se tiene en cuenta que el actual nivel de deuda roza el 100% del PIB, el más alto desde principios del siglo XX.
El plan de los socialistas es muy claro, pues consiste en subir impuestos con el fin de sufragar las pensiones, pero esta estrategia no solo está condenada al fracaso más absoluto, sino que constituye un inaceptable robo institucional, cuyos negativos efectos golpearán al conjunto de los españoles, de una u otra forma. Preguntado sobre esta cuestión, el propio Sánchez avanzó en su entrevista a TVE que la fórmula que barajan para solventar este problema consiste en destopar las cotizaciones sociales, de modo que los sueldos superiores a 45.000 euros al año sufrirán una mayor carga por parte de la Seguridad Social.
En concreto, en caso de aprobarse esta medida, más de dos millones de trabajadores pasarán a pagar en IRPF y cotizaciones cerca del 50% de su sueldo real (incluyendo la cuota que paga la empresa), lo cual solo puede ser tildado de robo. Semejante factura supone una confiscación injusta e ilegítima por parte del Estado. En primer lugar, sus sueldos netos se verían reducidos por culpa de esta subida, pero es que, además, se elevaría de forma muy sustancial el coste laboral de las empresas, lastrando así su capacidad de inversión, uno de los principales motores de la economía, y de contratación. Es decir, este aumento de impuestos lastraría el crecimiento y la creación de empleo.
Por otro lado, castigaría a los trabajadores más cualificados del país, aquellos cuya productividad es más elevada y cuyo mantenimiento y desarrollo es clave para el futuro económico de España, en un contexto en el que la innovación, la digitalización y el valor añadido son claves a la hora de competir en un mucho globalizado y cada vez más especializado. Y todo ello sin contar que el citado destope no se traduciría posteriormente en pensiones más altas para estos trabajadores, de modo que el actual sistema contributivo (tanto pagas ahora, tanto cobrarás después) se convertiría en un mero modelo asistencial y redistributivo, cuyo mantenimiento financiero sería imposible.
Más allá de este flagrante robo, el plan de Sánchez es, igualmente, un fraude de principio a fin. Los poco más de 4.000 millones de euros que, en teoría, recaudaría esta subida fiscal no alcanzarían para cubrir los más de 18.000 millones de déficit que registró la Seguridad Social el pasado año. Así pues, los socialistas no se contentarán tan solo con disparar la fiscalidad a rentas medias y altas, sino que acabarán extendiendo el sablazo a todos y cada uno de los españoles vía IRPF, IVA o engañosas tasas sobre sectores específicos, como la banca o las tecnológicas, cuya factura abonarán, en todo caso, consumidores y clientes.
Se trata, por tanto, de un despropósito. El problema de las pensiones no es de ingresos, sino de gasto. El envejecimiento poblacional presionará al alza las finanzas del sistema, lo cual, sumado al incremento de las prestaciones con el IPC y la derogación de la reforma aprobada en 2013, situará los gastos en un nivel insostenible por mucho que se suban los impuestos. España tiene que abrir de una vez un debate serio y profundo acerca del actual modelo de reparto, con el fin de transitar hacia sistemas de capitalización, puros o mixtos, que permitan mantener el nivel de vida de los trabajadores una vez alcanzada la edad de retiro. Mientras no se aborde esta cuestión, los españoles estarán abocados a pagar más y más impuestos para, al final, cobrar una pensión cada vez menor.