Durante la gran depresión de los años 30, John Keynes tuvo una idea: ante la caída de la demanda privada, el gobierno debía aumentar el gasto. Ese gasto pondría en marcha las fábricas, se reduciría el desempleo y la economía se estabilizaría. Aún se discute si la economía de EEUU se recuperó por la aplicación de esas ideas o, más bien, por el esfuerzo bélico de entrar en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los socialistas de todos los partidos se sienten desde entonces justificados "científicamente" para aumentar el gasto público. Nunca repararon en que la recomendación de Keynes era simétrica: ante una economía en crecimiento, el sector público debería tener superávit fiscal para moderar la demanda.
La más reciente expresión de esa interpretación incompleta de las ideas de Keynes la dio la señora Mercè Perea, portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo. Según ella, "hay estudios" que muestran que, si no se suben las pensiones según la evolución del IPC, se perderían 750.000 empleos hasta el 2035 (pérdida en todo caso menor a la que provocó el PSOE con ZP). Así, los socialistas no tienen más remedio que subir las pensiones. No importa que el sistema de pensiones esté en su noveno año de déficit y el Fondo de Reserva ya esté casi agotado.
La lógica de esos "estudios" es obvia: si no se suben más las pensiones, los pensionistas gastarán menos; esa menor demanda significaría una menor creación de empleo. A su vez, esa menor creación de empleo implicaría una pérdida adicional de consumo. Es la misma lógica errónea con la que ZP dilapidó miles de millones de euros en un inútil "Plan E", aunque ahora resulte todavía más equivocada.
La economía española está muy cerca de alcanzar su capacidad potencial de producción. En ese contexto, si se incrementa la demanda de forma artificial con mayor gasto público, aumentará la inflación, crecerán las importaciones o una combinación de ambas cosas (tal como pasó hasta 2007).
Si el aumento de las pensiones se pagara emitiendo deuda pública sería temerario. Si se financiara con mayores impuestos, se debilitaría la inversión, lo que reduciría la creación de empleo. Además, las cuentas públicas están en déficit, y cualquiera de las dos alternativas sería una muestra de despreocupación por el mismo. Eso llevaría a una caída de la confianza.
Un aumento adicional de las pensiones por única vez sería malo para la economía, pero asumible. Mucho peor sería si se cambiaran las reglas de actualización de las pensiones de forma permanente: el déficit proyectado de la Seguridad Social crecería y la mayor debilidad de las cuentas públicas haría caer más la confianza y, por ende, subir los tipos de interés. Todo eso al mismo tiempo que el Banco Central Europeo va terminando sus compras de bonos (acaban a fin de año), por lo que la subida de los tipos de interés podría ser más marcada. Menos confianza y tipos más altos implican una inversión más débil y menor creación de empleo, con lo que se compensaría cualquier efecto positivo inicial sobre el consumo.
La evidencia muestra que no es necesario que aumente el gasto público para que crezcan el consumo y el PIB. En 2017, el PIB fue un 5,4% mayor al de 2009 y el consumo privado un 1% más alto. Al mismo tiempo, el gasto del conjunto de Administraciones Públicas, descontando la inflación, fue un 12,9% más bajo. Más que por la receta socialista de gastar siempre más, los datos confirman que la economía crece de manera sana cuando se ordenan las cuentas públicas y se hacen reformas, porque así el sector privado tiene confianza e invierte, se crean empleos genuinos y, como consecuencia de lo anterior, crece el consumo.
Si de por sí las ideas de Keynes tenían varias falencias, cuando son interpretadas de forma parcial, su impacto negativo puede ser mayor. Tal como pasó con ZP. Tal como parece que volverá a ocurrir con Pedro Sánchez.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)