El Pacto de Toledo ha confirmado que las pensiones se volverán a ligar al IPC, pero todo parece indicar que se dejará abierta la fórmula con la que se revalorizarán las pensiones máximas en épocas de crisis y en la que será "esencial" la opinión de los agentes sociales.
Todos los grupos parlamentarios de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso han ratificado el acuerdo que alcanzaron en abril, cuando decidieron por unanimidad cambiar el índice del 0,25 % de revalorización de las pensiones aprobado por el Gobierno del PP. Después de varios meses de parón en la Comisión del Pacto de Toledo, los diputados están de acuerdo en que todas las pensiones se revaloricen con la inflación en épocas de crecimiento económico, aunque, por el momento, no hay consenso en cuanto a la subida en momentos de crisis.
Esta decisión supondrá un aumento muy sustancial del gasto público destinado a pensiones en un momento en el que, además, el sistema ya registra un abultado déficit. En concreto, el agujero real de las pensiones -descontando las transferencias que realiza el Estado y los desembolsos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social- rondó los 35.000 millones de euros el pasado año.
Y puesto que la emisión de nueva deuda pública para cubrir gastos tiene sus límites, dado el elevado endeudamiento que registra el Estado, próximo al 100% del PIB, el Gobierno ya habla abiertamente de volver a subir los impuestos para poder afrontar la creciente factura de las pensiones públicas.
La ministra de Trabajo avanzó el pasado miércoles que se necesitan medidas urgentes para inyectar ingresos complementarios que permitan financiar las pensiones. "Hay que adoptar medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad social y, en materia de financiación, hay que inyectar ingresos complementarios en el sistema público de pensiones", según declaró a TVE.
En concreto, el Ejecutivo del PSOE baraja la posibilidad de crear un nuevo impuesto sobre la banca, pero también una tasa sobre las transacciones financieras, además del nuevo tributo sobre las empresas tecnológicas que ya anunció el anterior Gobierno del PP. Pese a ello, ni siquiera estas medidas serán suficientes para cubrir los gastos previstos. De ahí, precisamente, que los socialistas hayan abierto la puerta a subidas adicionales en la "imposición general", según advirtió Valerio. Es decir, no descartan elevar el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el IVA, entre otras figuras.
Por si ello fuera poco, también plantean rebajar o eliminar las bonificaciones, reducciones y tarifas planas existentes en las cotizaciones sociales. En definitiva, un nuevo y extendido sablazo fiscal a todos los contribuyentes.