Pedro Sánchez apenas lleva unos días en la Presidencia del Gobierno, pero sus primeras decisiones en materia económica no solo son erróneas, sino que suponen una grave amenaza para la economía española, tanto desde el punto de vista presupuestario como de competitividad y crecimiento.
Una de las medidas más preocupantes tiene que ver con la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Las principales fuerzas políticas han alcanzado un preacuerdo esta semana para revalorizar las pensiones con respecto al IPC en los años de crecimiento, derogando así de forma definitiva la reforma que aprobó el anterior Gobierno del PP en 2013. El coste adicional de esta medida agrandará aún más el abultado déficit que registra la Seguridad Social, próximo a los 35.000 millones de euros en 2017, una vez eliminadas las transferencias del Estado.
La situación financiera es tan crítica que, desde hace meses, el Ejecutivo se ve obligado a emitir nueva deuda para poder abonar en tiempo y forma las prestaciones de los jubilados. La última disposición ha tenido lugar este viernes, ya que el Tesoro prestará otros 7.500 millones a la Seguridad Social para pagar la extra de verano. Con una deuda pública próxima al 99% del PIB, el tirar de deuda para sostener el modelo constituye una auténtica temeridad y, de hecho, el propio Sánchez lo definió como "una perversión" hace sólo unos meses.
El nuevo Gobierno socialista, sin embargo, lejos de corregir esta suicida senda, pretende intensificarla. Una subida generalizada de las pensiones sin adoptar planes de ahorro ni reformas estructurales de ningún tipo para cambiar de modelo garantiza la quiebra del sistema a medio plazo. Y lo peor es que, mientras tanto, el PSOE quiere disparar los impuestos con el fin de mantener sus insostenibles promesas en pie durante su mandato, sin tener en cuenta el profundo daño que ello va a suponer al bolsillo de los contribuyentes y al crecimiento de la economía.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya ha avanzado que estudia crear un nuevo impuesto sobre la banca y las empresas tecnológicas, así como gravar las transacciones financieras, reducir las bonificaciones en las cotizaciones e incluso subir impuestos generales, como IRPF, Sociedades o el IVA. En definitiva, una nueva y fuerte subida fiscal, cuyos efectos lastrarán el consumo, el ahorro y la inversión, minando así los pilares de la recuperación económica, sin que ello pueda resolver en ningún caso la insostenibilidad financiera del actual modelo de reparto.
Y lo mismo sucede en materia energética. La nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también ha dejado claras las líneas generales de su cartera, y la perspectiva no puede ser más preocupante. La intención de Sánchez consiste en regresar al ruinoso impulso artificial de energías renovables, vía primas, subvenciones y otro tipo de incentivos, para transitar así hacia el sueño socialista de la "economía verde". El cierre de las centrales nucleares, la eliminación del mal llamado "impuesto al sol" y el decidido apoyo gubernamental a las renovables tan solo se traducirán en una factura de la luz mucho más cara, siendo ya España uno de los países de Europa con los recibos más altos. El problema de esta nefasta estrategia es que, además de restar recursos a las familias, encarece la producción y, por tanto, lastra la competitividad de las empresas, deteriorando la capacidad de crecimiento y generación de empleo de la economía española.
El PSOE no ha aprendido nada de la crisis, puesto que está dispuesto a repetir algunos de los más graves errores cometidos en el pasado con su irresponsable política fiscal y energética. De llegar a implementarse estos planes, serán los españoles quienes, una vez más, sufrirán las consecuencias.