El Grupo Popular en el Senado ha registrado un total de 49 enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. De esa cifra, 19 enmiendas afectan a partidas dirigidas al País Vasco comprometidas con el PNV por un montante total de unos 35 millones de euros.
El Gobierno del PP se había comprometido a invertir 540 millones en la región hasta 2020. Después de que el PNV apoyara la moción de censura contra Mariano Rajoy, se especuló con que los populares pudieran modificar en el Senado esas inversiones como castigo. Finalmente la venganza del PP ha sido solo de 35 millones de euros, el 6,5% de lo pactado.
La mayor partida que ha registrado el PP supone la baja de 26,6 millones de euros asociados al Servicio Vasco de Empleo.Esta cantidad se pretende usar para financiar, mediante convenios con comunidades autónomas, programas para mejorar el transporte público en zonas despobladas que evita brechas con las zonas urbanas.
La otra será de 5,5 millones y afecta al ente público para almacenamiento eléctrico (Cidetec). El PP pretende destinarla al Plan 300x100, dedicado a extender las redes de banda ancha de última generación en todos los núcleos de población, que ahora se amplía a polígonos industriales en zonas con baja densidad de población..
Asimismo, otra de las modificaciones incluidas por los populares en sus propias cuentas afectan al Centro de Investigación Vasco (Biscay Marine Energy Platform), con la baja de otros 3 millones de euros. Esa partida irá a exenciones fiscales, que entre otras cuestiones recoge la exención del impuesto especial de electricidad para el riego agrícola en Canarias (ahora con una reducción del 85%), con el objetivo de potenciar su competitividad.
Además, los populares han registrado decenas de enmiendas dirigidas a incrementar partidas en materia de agua y regadío, la alta velocidad en Aragón o la conexión del túnel de Canfranc, así como algunos cambios dirigidos a los productores de energía alternativa, entre otras.
Las enmiendas del PP serán previsiblemente aprobadas con la mayoría absoluta de este grupo en el Senado, lo que obligará a devolver el texto al Congreso de los Diputados.