No corren buenos tiempos para la libertad económica en España. En los años de gobierno de José María Aznar, nuestro país logró colarse en los treinta primeros puestos del prestigioso Índice que mide el grado de apertura de las distintas economías del mundo. Sin embargo, esa hazaña ha quedado atrás y la Vieja Piel de Toro apenas recibe una puntuación de 65,1 sobre 100, lejos de las posiciones de referencia.
Es justo reconocer que algunas economías de nuestro entorno tienen un comportamiento mucho peor que nosotros. Por ejemplo, Francia está en el puesto 71, Portugal ocupa el número 72, Italia aparece relegada en el escalón 80 y Grecia solo consigue la posición 115 de la tabla. Pero, al mismo tiempo, es decepcionante comprobar la creciente brecha que nos separa de Irlanda, convertida ya en la sexta economía más libre de Europa. También estamos lejos de Dinamarca (puesto 12) o Suecia (puesto 15), de modo que incluso los viejos Estados del Bienestar del Norte de Europa logran combinar un mayor peso del gasto público con un notable grado de flexibilidad económica en otros campos.
¿Qué hacer para mejorar la calificación?
Vayamos por partes, puesto que el resultado general recibido por nuestro país proviene del estudio previo de doce categorías distintas. La primera de ellas se refiere a la protección de los derechos de propiedad, donde obtenemos 73,1 puntos. No es la mejor calificación posible, pero no parece un resultado desastroso, de modo que no cargaremos las tintas en este punto, por mucho que episodios como el boom de la okupación deban invitarnos a reflexionar sobre la necesidad de ofrecer garantías más certeras.
El segundo punto que estudia el índice se refiere a la efectividad judicial. La lentitud de nuestros tribunales arroja una nota general de 62 puntos, de modo que esa reforma parece más necesaria que nunca, sobre todo porque las estadísticas muestran que no tenemos un problema de gasto (nuestros presupuestos judiciales superan el promedio comunitario), sino de coordinación (la litigiosidad se resuelve con mucha más demora en nuestro caso).
El índice, elaborado por la Fundación Heritage y divulgado en España por Foro Regulación Inteligente y Fundación Faes, recoge en tercer lugar un estudio centrado en la ausencia de corrupción. España solo consigue 51,5 puntos en esta categoría, una puntuación mediocre que, no obstante, debe ser matizada. Al fin y al cabo, los indicadores referidos a esta cuestión miden la percepción de corrupción de forma genérica, lo cual lleva a situaciones paradójicas, como por ejemplo el hecho de que Bulgaria reciba 90,9 puntos, muy por encima de nuestro país. Por tanto, aunque es evidente que debemos limpiar nuestras instituciones, también es justo admitir que esa limpieza pendiente no es tan compleja como plantea una calificación tan baja.
Pasemos ahora al cuarto, quinto y sexto indicador: impuestos, gasto y deuda. Estas tres variables fiscales van de la mano, de modo que no sorprende que nuestra puntuación sea decepcionante. Es cierto que la presión fiscal de nuestro país es inferior al promedio europeo, lo que nos permite obtener 62 puntos frente a los 47 de Francia o los 55 de Italia. Sin embargo, como las cuentas públicas no están equilibradas, el peso del gasto nos deja en una nota de 42,8 puntos y la medición de la deuda nos empuja a los 36,1 puntos. Si por lo menos lográsemos acabar con el déficit y reducir el pasivo de las Administraciones, podríamos llegar a los más de 90 puntos que se anota Alemania en la categoría referido a la carga de la deuda.
El séptimo punto tiene que ver con la carga regulatoria con la que lidian los negocios de nuestro país. Nuestra nota es de 66,3 puntos sobre 100, muy lejos de los 89,3 puntos suecos o los 86,1 que registra Alemania. Estamos, de hecho, por debajo del 80,2 de Francia, del 83,2 de Portugal o del 70,3 de Italia. De modo que el problema de hiperregulación está conduciéndonos a un resultado claramente inferior al que cabría esperar.
Al menos hay buenas noticias en el pilar que mide la flexibilidad laboral. Es cierto que los 59 puntos que obtiene nuestro país son una nota relativamente decepcionante, pero si la observamos en perspectiva vemos que la trayectoria está siendo muy favorable desde que se aprobó la reforma laboral de 2012. Así, mientras que entonces nos movíamos en el entorno de los 50 puntos, hoy estamos cerca de los 60 y la tendencia es claramente a mejor. Conforme la tasa del paro siga bajando y la reforma laboral siga operando, es de esperar que esta categoría logre alcanzar un resultado mucho mejor, moviendo al alza la puntuación general que obtiene España.
Seguimos con el noveno, décimo y onceavo pilar del informe. Se refieren a la estabilidad monetaria, la apertura comercial y la libertad para invertir. Estas tres áreas han sido "transferidas" a Bruselas a raíz del proceso de integración europea. Por suerte, el resultado ha sido favorable: el euro eleva nuestra nota de estabilidad monetaria hasta los 86,7 puntos; el mercado único y los tratados de comercio con el resto del mundo mejoran nuestra nota de apertura comercial hasta los 86,9 puntos; las reglas favorables a la armonización de mercados y la competencia abierta permiten que nuestra nota de libertad para invertir sea de 85 puntos.
Algo más baja es la puntuación que nos llevamos en la categoría dedicada a evaluar la ausencia de intervencionismo público en la esfera financiera. El colapso de las cajas de ahorro y el tumulto generado por los rescates que recibieron dichas entidades han dado paso a un panorama más favorable, que recibe 70 puntos sobre 100 por el menor peso del Estado en este sector.