La prima de riesgo vuelve a las portadas. La economía y la política son otra vez las caras opuestas de la misma moneda. España e Italia, de nuevo, unen sus destinos... y los de la Eurozona. O al menos transitan caminos parecidos. No, no hemos cogido una máquina del tiempo para volver a la primavera de 2010 o al verano de 2012. Pero se le parece. Eso sí, la posición de partida de unos y otros no es la misma que hace seis años, ni mucho menos.
En el caso de España, hay dos datos que destacan por encima de todos para explicar la diferencia entre las dos situaciones. El primero es el de la deuda: en 2007 la ratio de deuda pública respecto del PIB estaba por debajo del 40%. Ahora mismo ronda el 100%. Esto significa que tenemos mucho menos margen. El segundo tiene que ver con el déficit y con la credibilidad que tenemos ante nuestros socios. Desde hace diez años nuestro país ha incumplido con el objetivo de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE.
En realidad, todo esto ha llegado en cierto sentido por sorpresa. El escenario ha cambiado por completo en apenas 48 horas. El miércoles el Gobierno aparecía triunfante: la Comisión Europea certificaba que este año, por primera vez desde que se inició la crisis, España bajará del 3% de déficit y saldrá, por lo tanto, del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE). Unas horas después, el Congreso le daba su visto bueno a los Presupuestos Generales del Estado para 2018: una victoria que todo el mundo interpretó que otorgaba a Mariano Rajoy margen para cumplir con su objetivo de finalizar la legislatura en La Moncloa. Pero la sentencia del Caso Gürtel y todo lo que vino a continuación han puesto muchos interrogantes sobre las certezas del pasado día 23.
La primera duda es sobre la solvencia de la economía española y sobre la solidez de su recuperación. Durante años la versión oficial es que lo ocurrido en el año 2010 y 2012, con la crisis de la deuda soberana, ya era cosa del pasado. Esto no lo discutía nadie, ni Gobierno ni oposición. De hecho, es tan unánime la postura al respecto que, en la política española, sólo hay dos versiones: los que opinan que el ajuste presupuestario realizado ha sido suficiente y los que creen que ha sido excesivo. Nadie se plantea la alternativa de que se haya quedado corto.
Esta semana, en el informe de primavera de la Comisión Europea con las recomendaciones para el Gobierno español, se recogía un dato que apenas se ha destacado en los medios pero es muy relevante: sí, es cierto que la previsión es que el déficit público descienda, en términos de PIB, en 2018 del 3,1 al 2,6-2,7%. Pero no lo es menos que el objetivo inicial era del 2,2%; y lo que es más importante todavía: el déficit estructural va a subir en tres décimas. El Ejecutivo comunitario es muy claro al respecto: "Mientras que la expansión económica está apoyando la reducción del déficit, no se está utilizando para fortalecer estructuralmente las finanzas públicas". En resumen, que los números rojos se reducen porque hay más crecimiento (más ingresos y menos gastos) pero no porque se estén tomando medidas. Y no es una cuestión de este año, como vemos en el siguiente cuadro con datos de la Comisión Europea, desde 2015 el saldo estructural (el que se mide sin tener en cuenta los efectos del ciclo) ha empeorado y no se prevé una mejora sustancial en el corto plazo.
Como ahora ya parece que todo aquello no sólo es el pasado, sino que es imposible que vuelva a repetirse, a estos datos no se les presta apenas atención. Pero cuidado, hay unos cuantos indicadores que al menos deberían encender las primeras luces de alarma:
- Desaceleración del crecimiento: el año comenzó apuntando al 3% (de crecimiento del PIB) pero según avanza se parece más al 2,5%. Casi todo lo que no depende de nosotros pero nos afecta está cambiando para mal. Lo que antes eran vientos de cola han rolado y nos golpean en plena cara, dificultando nuestro avance: precio del petróleo, incertidumbre en la Eurozona, tipos de interés, turismo…
- Deuda pública: el resumen de este punto es sencillo. En 2007 la ratio de deuda pública sobre el PIB se situaba en el 35,5%; a finales de 2017 ascendía al 98,3%. La previsión del Gobierno es que se mantenga estable, pero esto requerirá controlar el déficit y que el PIB también siga la senda prevista. Como hemos visto, las dos cosas están, al menos, en duda.
- Nueva deuda: de acuerdo a lo que plantea la Estrategia del Tesoro para 2018, España terminará el año con 40.000 millones más de deuda (emisión neta) tras poner en el mercado 220.145 millones en letras y bonos (emisión bruta). Las emisiones de deuda son de ese tipo de noticias que ni siquiera son noticia cuando las cosas transcurren con normalidad: la deuda que vence se paga y se emite nueva deuda nueva en su lugar. El problema llega cuando termina esa normalidad y cada nueva cita con los mercados desata el pánico. Porque entonces el problema no es sólo financiar el déficit del ejercicio, sino incluso hacer frente a cada uno de los vencimientos (y para este año hablamos de más de 81.000 millones en amortizaciones sólo en deuda a largo plazo).
- Prima de riesgo: hace quince días, el 11 de mayo, la prima de riesgo (diferencial entre la deuda española y alemana a 10 años) cerró en 72 puntos básicos. Este viernes lo ha hecho en 111 puntos. Los italianos están peor, con la prima por encima de los 200 puntos. Pero es un consuelo muy pequeño (por no decir nulo) que en realidad nos recuerda lo rápido que pueden empeorar las cosas si se pierde la confianza. Al final, endeudarse es una cuestión de credibilidad: hay que encontrar a alguien que piense que le devolverás el dinero que te presta.
El panorama que queda presenta claroscuros. Por un lado, la economía española es mucho más competitiva que en 2012: las empresas y familias sí se han ajustado a las condiciones de la crisis, recortando su deuda e impulsando ese cambio de modelo productivo del que tanto se habla. Exportamos más, atraemos más inversiones y, en general, podría decirse que hacemos más cosas y mejor que al comienzo de la crisis. En la comparación con nuestros rivales tradicionales (Francia-Italia-Alemania-Portugal) la relación costes-productividad está a nuestro favor en muchos sectores en los que no lo estaba hace unos años.
Pero también hay amenazas: varias que no estaban presentes hace seis años. Para empezar, la propia inestabilidad política. Se ha pasado de un Gobierno con mayoría absoluta y seguridad plena en que agotaría la legislatura a un Parlamento en el que no sólo no hay mayorías claras en este momento sino que tampoco se intuyen tras las próximas elecciones (sean estas cuando sean).
El segundo problema llega con las cuentas públicas. Una vez que la prima de riesgo dejó de ser titular de portada, pareció como que todo el mundo se olvidara de lo cerca que se estuvo del desastre. Ha habido poco ajuste y a regañadientes. Con dos años electorales a la vuelta de la esquina (aunque tras el terremoto del jueves-viernes ya ni siquiera esto es seguro) controlar a los políticos españoles en lo que tiene que ver con el gasto será todavía más complicado. De hecho, incluso sin contar ese factor ya sería complicado alcanzar la meta oficial. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentaba esta semana su informe sobre la senda de ajuste presupuestario y advertía claramente de que es "improbable" cumplir con la reducción de más de tres puntos de PIB en el déficit en el período 2018-2021. En lo que hace referencia a los ingresos, la AIReF cree que sí podrían alcanzarse los objetivos del Gobierno, pero avisa de que "la reducción del 2,4% del PIB prevista en el gasto exigiría un sobrecumplimiento de la regla de gasto que, con la información disponible sobre las medidas adoptadas, no parece plausible".
Y si hablamos de incumplimientos no sólo hay que fijarse en el presupuesto: el informe que esta semana publicaba la UE volvía a reiterar que persisten los mismos problemas que hace 2-3-4 años: reintegración de parados al mercado laboral, relación entre el sistema educativo y el mundo de la empresa, sectores cerrados a la competencia o carencias en I+D y nuevas tecnologías. Desde las grandes reformas de la primera mitad de 2012 y 2013 (laboral, Ley de Estabilidad Presupuestaria, sistema financiero, pensiones) apenas ha habido avances en los deberes que nos llegan desde Bruselas. Si acaso, como en el caso de las pensiones, hemos dado marcha atrás respecto a las exigencias comunitarias.
Si miramos el Informe Anual del Banco de España, el planteamiento es similar. El organismo advierte de que muchos de los tradicionales lastres de la economía española siguen estando ahí. En algunos hemos mejorado, pero no lo suficiente: "persistencia de un nivel elevado de endeudamiento exterior y público"; "deuda pública en niveles elevados en las próximas décadas"; "crecimiento potencial de la economía española del 1-1,5% debido al envejecimiento, menor tasa de actividad, desempleo estructural..."; "falta de competencia en determinados sectores productivos"; "elevada tasa de empleo temporal"; "barreras regulatorias"; "excesiva rotación de contratos y empleo temporal"... La lista de tareas pendientes es muy larga.
Todo esto tiene más importancia de la que a veces se piensa. Estos incumplimientos apuntan directamente a la tercera amenaza: la que tiene que ver con las relaciones con nuestros socios comunitarios. La falta de disciplina presupuestaria o la sensación de que los gobiernos españoles ignoran (al menos cuando no les aprietan mucho) las instrucciones que llegan desde Bruselas podrían volver al primer plano de la actualidad en el caso de otra crisis de confianza en la UE. Porque además, la situación política no es sólo complicada en España: en los países del norte del continente crecen las opciones populistas. En el sur lo que piden los recién llegados es barra libre para gastar y liberarse de la disciplina del déficit; en el norte, por el contrario, el reto a los partidos establecidos llega de formaciones que les acusan de ser demasiado condescendientes con italianos, españoles, portugueses y griegos.
En este punto, ¿qué podría desatar la nueva tormenta? ¿Un órdago del nuevo Gobierno italiano? ¿Un Brexit duro? ¿Podemos en el Ejecutivo español? Pues hay muchas opciones, pero el caso griego nos enseñó que una vez perdida esa confianza es muy difícil de recuperar. El problema en el tira y afloja de los gobiernos helenos (sobre todo tras la llegada de Syriza al poder, pero también antes) y la Troika fue que nada de lo que aquellos decían era creíble. Por eso, en parte, las condiciones tan duras. Nadie estaba dispuesto a soltar un duro a Atenas sin garantías de que algo se iba a hacer, incluso aunque las medidas pudieran ser contraproducentes a corto plazo.
Aquello puede parecer lejano, pero no hace tanto. Hay quien piensa que es imposible volver a aquella situación y otros que opinan que con un nivel de deuda cercano al 100% del PIB y un déficit que sigue en el 3%, un terremoto en los mercados puede volver a resucitar viejos fantasmas. Si pensamos en lo que pasó con Grecia, no hay que olvidar que hablamos de 2015. En aquel año, la Eurozona estuvo al borde de la ruptura. España necesitó de un rescate en 2012. Sin el apoyo de los socios europeos, primero con los 100.000 millones para sanear las cajas (aunque también hubo condiciones macroeconómicas) y luego con las palabras de Mario Draghi de que haría "lo necesario" para salvar el euro, nadie sabe lo que habría pasado.
¿Cuánta de esa confianza ha quemado nuestro país en todos estos años de incumplimientos? ¿Qué harían alemanes, holandeses o austriacos enfrentados a un doble Gobierno euroescéptico en Madrid y Roma? ¿Lo aguantaría el euro? ¿Cuánto pueden soportar los grandes partidos de los países más ricos de la Eurozona la presión de esos populistas que exigen cortar lazos con el Mediterráneo? ¿Cuánto margen nos darían los mercados si sube la incertidumbre política? Muchos interrogantes sin respuesta. Por no saber, ni siquiera está claro quién será el presidente del Gobierno que dentro de seis meses tendrá que dar la cara cuando el próximo otoño llegue el próximo informe de la Comisión Europea (el de otoño).